Se preparan en el Senado para modificar las reformas de Peña en materia de justicia penal

Agencia Reforma

Ciudad de México

Tras realizar consultas con especialistas y funcionarios, el Senado se prepara para modificar las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto en materia de mando único, intervención de narco-ayuntamientos y distribución de competencias en materia de justicia penal.
El presidente del Senado, Miguel Barbosa, reiteró que las iniciativas no serán aprobadas en sus términos, ya que existen preocupaciones sobre la autonomía de los municipios.
“El proyecto, como está, no puede salir, esa es la razón por la que se abrió una discusión y después de escuchar a los especialistas y a los autores de la iniciativa tenemos más elementos para cumplir con nuestra responsabilidad”, expresó.
El también coordinador del PRD informó que, luego de clasificar la información obtenida en las audiencias públicas, los integrantes de las comisiones dictaminadoras deberán iniciar los trabajos para elaborar el nuevo proyecto.
“Esta semana es complicada, pero es muy probable que entre el 15 y el 20 de febrero ya contemos con los dictámenes para poder discutirlos, una vez que arranque el periodo ordinario”, expresó.
Sin embargo, senadores del PRI insistieron en defender la propuesta del Ejecutivo.
Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, se pronunció a favor de la intervención conjunta del Fiscal General, el Secretario de Gobernación, y el Congreso, en los municipios donde se compruebe la infiltración del crimen organizado.
La legisladora federal también se pronunció a favor de la creación de una policía estatal única que, a diferencia del mando único presentado el sexenio pasado, pretende desaparecer las más de mil 800 corporaciones municipales.
Los coordinadores del tricolor adelantaron que, al margen de los contenidos, el tema será prioritario en las agendas legislativas.
“Abordaremos la ruta a seguir para la aprobación de las iniciativas del Presidente en materia de seguridad y acceso a la justicia, que deben ser procesadas con la agilidad que las circunstancias actuales lo ameritan”, aseveró el senador Emilio Gamboa.
En el mismo sentido, el líder de los diputados priistas consideró que es necesario legislar en materia de seguridad y la justicia, la creación del mando único policial en los estados y el reforzamiento de las facultades del Senado para prevenir la infiltración de la delincuencia organizada en los ayuntamientos del país.
“Lo mismo que la adecuación de las competencias para la persecución de los delitos del fuero federal y del fuero común conforme a las prioridades operativas que se establezcan”, agregó.

Exigen abrir patrimonios

Las bancadas del PAN y PRD en el Senado impulsarán un paquete de reformas para obligar a los funcionarios públicos de todos los poderes y niveles de Gobierno a transparentar su patrimonio y posibles conflictos de interés.
La senadora panista Laura Rojas propondrá incluir entre las prioridades de la agenda legislativa diversas modificaciones legales para garantizar que los ciudadanos sigan la evolución del patrimonio de los servidores públicos.
Explicó que para incluir a los gobernadores como sujetos obligados, será necesario aprobar una ley de aplicación general o que los congresos locales realicen reformas en ese sentido.
Informó que la propuesta incluye la creación de un organismo que pueda concentrar toda la información de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, para que la población vigile los ingresos de los funcionarios, al margen del cargo que desempeñen.
Rojas subrayó que la intención es que estas disposiciones alcancen también a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
“Esto va de la mano con la agenda de combate a la corrupción. Debemos tener el Sistema Nacional Anticorrupción, pero sin estas herramientas quedaría incompleto”, expresó.
Rojas reconoció que los proyectos de leyes secundarias en materia de transparencia no “alcanzan” aún al patrimonio de los funcionarios, ya que sus bienes y propiedades no son consideradas como información pública.
Reforma reveló que los gobernadores manejan en total opacidad la información sobre su patrimonio como casas, vehículos, cuentas bancarias, joyas o inversiones.
En medio del escándalo por las propiedades que han vinculado al Presidente Enrique Peña Nieto, su familia y sus colaboradores con empresas contratistas de su Gobierno, la Oposición pretende legislar en la materia.
En coincidencia con Rojas, el senador del PRD, Zoé Robledo, anunció que su bancada también propondrá expedir una Ley de Conflicto de Interés que obligue a los funcionarios públicos a declarar públicamente sus vínculos y relaciones con poderes fácticos.
“Se trata de desincentivar al que quiera entrar a la política para hacer negocio”, dijo.
El senador adelantó que un grupo de legisladores harán pública su declaración patrimonial en los próximos días.
Informó que este lunes enviará invitaciones a todos los grupos parlamentarios en el Congreso y a las dirigencias nacionales de los partidos para que se unan a este ejercicio contra la opacidad.
En diciembre pasado, frente al presidente, Robledo se pronunció porque los funcionarios abran sus declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos ante la ciudadanía.

Cuestionan opacidad de gobernadores

Especialistas y legisladores cuestionaron que los gobernadores del País no den a conocer de manera transparente su patrimonio, pues levanta dudas sobre el origen de su riqueza y el manejo de los recursos públicos.
Marco Cancino, director general de Inteligencia Pública, opinó que los gobernadores deberían, por transparencia, dar a conocer su patrimonio de manera sistemática y así garantizar que no hicieron mal uso del dinero de los ciudadanos.
“Un problema con este tipo de opacidad es que no sabemos con certeza con qué llegan al poder y con qué se van”, dijo.
Un estudio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que los gobernadores únicamente presentan sus declaraciones patrimoniales a las contralorías locales, pero rara vez piensan en hacerlas públicas.
Además, los sistemas de declaraciones patrimoniales son llenados bajo consigna de honor a la verdad, es decir, confiando en la palabra de los políticos.
“Estoy convencido de que las declaraciones patrimoniales deberían ser públicas, sobretodo las de gobernadores y otros altos funcionarios, así como las de los diputados y los senadores.
“Me parece que es un mínimo de exigencia democrática, para hacer más clara la función pública de los servidores y conocer con cuántos recursos entran y salen”, dijo Diego de la Mora, director del área de presupuesto de Fundar.