Preparan policías federales y militares que llegaron a Chilpancingo el desalojo del plantón: CETEG

*Las fuerzas federales son utilizadas para hostigar y reprimir a las organizaciones que respaldan a los padres de los normalistas, advierten los maestros

Carlos Navarrete Romero

Tixtla

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) advirtió sobre la posibilidad de que los mil 300 policías federales concentrados en la aeropista de la capital y los militares que arribaron este domingo, estén preparando un desalojo de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde el magisterio disidente mantiene su plantón en apoyo a Ayotzinapa.
En conferencia de prensa que ofrecieron en la primaria Vicente Guerrero, en esta cabecera municipal, donde hay una brigada artística y cultural en solidaridad con las familias de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, la Comisión Política de la CETEG, región Centro, aseguró que la presencia de los federales y de más militares en Chilpancingo es para hostigar al movimiento.
La maestra Antonia Morales Vélez responsabilizó a los gobiernos municipal, estatal y federal de lo que pudiera sucederle a los maestros, quienes desde el pasado 8 de octubre instalaron un plantón en el zócalo de la ciudad, donde hay presencia de otras organizaciones sociales que se sumaron a la lucha, para exigir la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
Criticó que el Ejército y la Policía Federal en lugar de participar en la búsqueda de los estudiantes, sean utilizados para hostigar y reprimir a las organizaciones que respaldan a los padres de los normalistas, quienes desde la desaparición de sus hijos “no han descansado y no descansarán hasta encontrarlos”.
“Queremos denunciar y rechazar esa militarización que tenemos en el estado, traen ellos (militares y federales) toda una estructura, como si fueran a la guerra, también decirle al gobierno federal y al gobierno estatal que no se equivoquen, que sabemos lo que ellos están planeando, que esas fuerzas mejor nos las manden para seguir buscando a nuestros 43 jóvenes”.
Indicó que Guerrero no es un cuartel, por lo que exigió a las autoridades la salida inmediata de todos los federales y militares, que recién llegaron a la entidad para contener las manifestaciones; además advirtió que el magisterio no permitirá “ni un atropello más”, porque ya no son solamente maestros, toda vez que hay intelectuales, padres de familia y estudiantes sumados a la lucha.
Dijo también que tiene conocimiento de que hay órdenes de aprehensión libradas en contra de miembros del movimiento, pero dijo desconocer cuántas son, por qué delitos y qué autoridad es la que las liberó.
Durante la conferencia también informaron sobre los resolutivos de la asamblea municipal del Movimiento Magisterial de Tixtla, que se celebró el 14 de enero.
Miguel Ángel Vargas, integrante del magisterio en Tixtla, dio lectura al manifiesto que fue producto de la asamblea y en la que determinaron mantener el paro laboral en las 74 escuelas que participan en el movimiento y continuar con la toma del Ayuntamiento.
Aseguró que estas acciones continuarán hasta que las autoridades estatales o federales presenten con vida a los 43 normalistas desaparecidos, se castigue a los responsables intelectuales y materiales de “este criminal hecho”.
Sobre el paro de labores, explicó que será intermitente, es decir, se suspenderán actividades cuando los maestros tengan que participar en “acciones fuertes”, además de que no darán clases todos los días de la semana.
El segundo punto del manifiesto establece que el magisterio de Tixtla se sumará y respaldará los acuerdos tomados en la Asamblea Nacional Popular (ANP), incluido el boicot de las elecciones, “dado que ha quedado demostrado que el sistema de partidos políticos no ha dado respuesta a las necesidades de la población”.
También se acordó integrar un Consejo Popular o Ciudadano, “como una mejor forma de autogobierno para nuestro municipio”, así como el rechazo a la reforma educativa federal.
Aseguró que la desaparición forzada de los estudiantes ha generado una ola de protestas internacionales, “de la que no se tiene antecedente alguno y han desembocado en la mayor crisis política del país de la que se tenga memoria”.
El maestro acusó al gobierno federal de querer deslindarse de su responsabilidad en los hechos violentos de los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, señalando como únicos culpables a las autoridades municipales, encabezadas por el ex alcalde de ese municipio, José Luis Abarca Velázquez, y al crimen oprganizado.
“Pero las investigaciones y las pruebas que se han recopilado, perfilan una línea de investigación que hasta la fecha el gobierno no ha querido reconocer y que implican de manera directa al Ejército y a la Policía Federal. Ante la consolidación de esta línea, es evidente que fue un crimen de estado, por lo tanto los gobiernos federal, estatal y local son los responsables directos”.
En el caso específico de Tixtla, aclaró que en próximos días comenzarán las acciones para impedir el desarrollo del proceso electoral.