Tlachinollan

Ganar las calles de la ciudad por los 43

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Las autoridades federales no sólo han cerrado el paso a los padres y madres de familia para que busquen a sus hijos dentro de los cuarteles militares, sino que la misma Procuraduría General de la República (PGR) está a punto de cerrar la investigación de los 43 estudiantes desparecidos de Iguala aferrándose a su única línea de investigación.
Hoy que se cumplen cuatro meses de los trágicos acontecimientos, la PGR no ha dado con el paradero de todos los autores materiales de los asesinatos y desapariciones de los normalistas que, conforme a su teoría, fueron quienes se los llevaron al basurero de Cocula para incinerarlos. Tampoco ha detenido a los autores intelectuales del crimen, como el secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores y el director Francisco Salgado. El jefe regional de los Guerreros Unidos, El Gil, a pesar de que envía mensajes desde la misma ciudad de Iguala a través de narcomantas, las autoridades nada saben de él.
El carpetazo al caso de los 43 desaparecidos y la misma cerrazón y endurecimiento del gobierno federal ante las crecientes protestas responde a la presión que ejercen las cúpulas militares y el ala dura del gobierno que plantean una salida de fuerza a un conflicto que ha escalado a nivel nacional e internacional y que hunde sus raíces en la violencia ejercida por el mismo Estado y por la impunidad que se ha erigido como la mejor forma de ejercer el poder.
La reciente llegada a Guerrero de más elementos del Ejército y de policías federales nada tiene que ver con el desmantelamiento de las bandas delincuenciales enquistadas en las estructuras gubernamentales, ni tiene la intención de contener la espiral de violencia que a diario cobra vidas en las principales ciudades del estado. La razón que explica este despliegue del Ejército es la sagrada razón de Estado, que busca someter por la fuerza a quienes se atreven a desafiar a las instituciones, porque no representan los intereses de la sociedad, y a las leyes que subyugan a la población pobre. La embestida no es contra la delincuencia organizada ni contra la clase política que se ha aliado con estos grupos delincuenciales, sino contra los que alzan la voz para exigir justicia y demandan castigo contra las autoridades responsables de las desapariciones de los normalistas. Se busca acallar y atemorizar bajo cualquier costo a los movimientos que increpan al poder, y se les tilda como simples vándalos para colocarlos fuera de la legalidad para así justificar la represión y el confinamiento de sus líderes en penales de alta seguridad.
En Guerrero, el clima de inseguridad ha quedado invisibilizado, al grado que los mismos grupos delincuenciales están reacomodándose en sus regiones para continuar con sus tropelías. Los grupos políticos vinculados con el crimen sienten que ya la libraron porque han corroborado que la investigación de la PGR no trascenderá más allá del ámbito municipal. Lo que hoy les preocupa es la contienda electoral para seguir medrando con el presupuesto público. Les tiene sin cuidado la lucha que los padres y madres de familia han dado y que los mantiene firmes en su exigencia de que las autoridades presenten a sus hijos con vida. Su postura inquebrantable es la que ha levantado un movimiento nacional que resquebraja el estatus quo impuesto por las cúpulas partidistas que han dejado una estela de muerte a lo largo y ancho del estado, y que continúan desangrando al país con las reformas estructurales que priorizan los negocios y tiran por la borda el derecho a la vida de la población pobre.
Los padres de familia han labrado con dolor este arduo caminar y han tenido que dejar la casa común de la Normal de Ayotzinapa para trasladarse a la ciudad de México a juntar las voces, las luchas y los pasos de hombres y mujeres que han abrazado la causa de sus hijos. Han sido cuatro meses de caminar por las calles de Chilpancingo, de protestar en las autopistas, de avanzar por los cerros, de increpar a las autoridades y marchar con la imagen de sus hijos. Este tiempo ha sido insuficiente para que las autoridades federales respondan con resultados sobre el ominoso crimen que ha desenmascarado a todo el régimen que se encuentra sostenido por las mafias políticas que han hecho de las desapariciones forzadas una práctica sistemática, que busca truncar los sueños de quienes se han atrevido a desmontar las estructuras que ahondan la desigualdad y legalizan la exclusión social.
Es inconcebible que, a pesar de todas las evidencias que han documentado tanto las mismas autoridades como los familiares de los desaparecidos, hasta el momento ninguno de los detenidos esté procesado por desaparición forzada. El argumento que ha esgrimido el mismo procurador es que la penalidad es más alta en el delito de secuestro que en el de desaparición forzada. En el fondo, lo que se pretende es deslindar la responsabilidad del Estado y fortalecer la línea de investigación de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados por miembros de la delincuencia organizada. Esta postura ha llevado a que la misma procuraduría, con los datos que obtuvo de Insbruck y las recientes declaraciones de uno de los detenidos, trate de concluir que los estudiantes están muertos y que no hay forma de presentar pruebas tangibles sobre sus restos.
La disputa mediática en la que se ha enfrascado la PGR ha despertado mayor aversión hacia los padres de familia y al mismo tiempo ha hecho a un lado al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) por no ceñirse a su versión de los hechos. La investigación de la PGR se ha empantanado y se ha enturbiado más en la medida en que busca cuadrar todos los elementos para fortalecer su línea de investigación. Esto se ha traducido en un obstáculo para el trabajo del EAAF, que sigue trabajando en aspectos periciales que están pendientes y que necesitan contar con el apoyo de las autoridades ministeriales para hacerse de pruebas científicas que ayuden a dilucidar la verdad sobre el paradero de los estudiantes.
Los padres y madres de familia no quitarán el dedo del renglón ni cejarán en su lucha para exigir que las autoridades orienten la investigación a otras autoridades municipales y estatales, así como al mismo Ejército con el fin de deslindar responsabilidades y desenredar la madeja de complicidades que se ha urdido entre autoridades de los tres niveles de gobierno y los grupos del crimen organizado. No habrá descanso ni mucho menos resignación entre las familias de los desparecidos si las autoridades no atienden su justo reclamo. No pararán porque saben que el Estado tiene una responsabilidad ineludible y esto no puede quedar circunscrito a lo que quiera decir y plantear la PGR.
Los papás y mamás saben que México ha firmado tratados internacionales sobre derechos humanos y por lo mismo está obligado a cumplirlos y a rendir cuentas, por eso mismo ellos y ellas estarán presentes en la Octava sesión del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, en Ginebra, para informar sobre los 43 casos de desaparición forzada de sus hijos que ponen en evidencia el aumento de las desapariciones forzadas en nuestro país, agravado por una generalizada tolerancia de esta práctica por parte de las autoridades, lo que propicia que estas desapariciones no sólo sigan sucediendo, sino que incluso tengan un carácter masivo como sucedió con los hechos atroces del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En esta ocasión, los papás y mamás tendrán la oportunidad de denunciar que las autoridades mexicanas han ignorado por completo el mismo marco jurídico internacional, ya que tras la desaparición forzada de los 43 estudiantes ninguna persona enfrenta un juicio por el delito de desaparición forzada y ninguna autoridad ha invocado la Convención para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas en resoluciones jurídicas vinculadas con la persecución y juzgamiento de este delito.
La desaparición de los 43 estudiantes para el país es una profunda herida que, si no se cierra, causará peores atrocidades, por eso es imprescindible como sociedad, y acabar con esa indolencia gubernamental ante las desapariciones forzadas. La voz de los padre y madres de familia tiene que retumbar en Ginebra para que el Comité haga un fuerte pronunciamiento contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y lo emplace a dar con su paradero, garantizando a los familiares justicia, verdad y reparación de daños.
El aporte que han dado generosamente las 43 familias de los estudiantes es invaluable, han entregado todo, han dejado su casas y su parcela para ir en búsqueda de sus hijos. En este caminar se han encontrado con miles de familias que también han sido víctimas de desapariciones forzadas. Han abrazado esta causa llevando en la pecho las fotografías de sus hijos, que son la imagen de todos los hijos e hijas desaparecidos en nuestro país. Hoy, nuevamente saldrán a las calles de la ciudad de México, llegarán por las cuatro principales entradas y caminarán al lado de hombres y mujeres que llevan en su corazón el deseo de encontrar a sus hijos. Avanzarán con la fuerza de su dolor y con el coraje que sienten por no saber nada de sus hijos durante estos 120 días. Esta acción global representa una de las enseñanzas más sabias de hombres y mujeres que viven en el campo y que tuvieron que salir de sus casas para encarar al poder y desenmascarar su perversidad y su instinto criminal.
Los ciudadanos y ciudadanas, ante la cerrazón de las autoridades y la imposición de sus políticas devastadoras, no tenemos otra opción que ganar las calles, que copar las plazas públicas, que tomar en nuestras manos el rumbo que queremos trazar para destruir a las fuerzas que matan y desaparecen a los jóvenes, y avanzar con paso firme al lado de los padres y madres de los 43 desaparecidos que nos han devuelto la luz y la esperanza para luchar por la justicia y la verdad.