Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Ayotzinapa: cuatro meses de dolor e impunidad

La sociedad dolida y descontenta que saldrá hoy a las calles de la ciudad de México podrá gritar como Vicente Aleixandre que “duele todo, hasta el zapato triste que se llevó el río”, pero es probable que otra vez los oídos del Estado al que estará dirigido ese clamor se mantengan cerrados, fríos e indiferentes.
A lo largo de los cuatro meses transcurridos desde la noche feroz del 26 de septiembre en que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron acribillados y desaparecidos en Iguala, las autoridades federales han sido insensibles al reclamo nacional e internacional que exige respuestas reales, una investigación pulcra y exhaustiva y la aplicación de justicia sin simulaciones.
Las condiciones en las que el caso Iguala llega a su cuarto mes sin ser resuelto a plenitud están expuestas por los padres de los normalistas en el informe que el 1 de febrero entregarán a la ONU en Ginebra, durante el examen que la organización realizará sobre las desapariciones forzadas ocurridas en México.
“Es ingenuo pensar que el contubernio entre la delincuencia y el sector público tope en el presidente municipal de Iguala y su familia. Los narcoayuntamientos solamente pueden existir con flujos de aquiescencia y complicidad que van más allá de la esfera municipal. Por ello, es preciso exigir que se investigue al ex gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre) y a otros funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de esa entidad. Lo mismo debe exigirse en torno al Ejército”, dice el informe dado a conocer ayer. (La Jornada, 25 de enero de 2015).
El documento expone la irresponsabilidad de la Procuraduría General de la República, que no atendió el caso sino hasta ocho días después de los hechos, y del propio presidente Peña Nieto que reaccionó públicamente once días después. No solamente insiste en la necesidad de que sea investigada la presunta intervención de efectivos militares en el ataque, sino que desmenuza las inconsistencias y dudas que contiene la versión oficial de que se trató de una acción de la delincuencia organizada, y pone al descubierto la pretensión oficial de desentenderse de la responsabilidad del Estado al negarse éste a tipificar el ataque contra los estudiantes como desaparición forzada. “Debía reconocer (el gobierno) más cabalmente el caso como uno de desaparición forzada masiva de jóvenes, no sólo en la propuesta sino también en sus acciones legales y pronunciamientos públicos, debido a que el gobierno federal se ha referido al caso con insistencia como uno de ‘personas no localizadas’”, explican los padres.
El reconocimiento de la existencia de desaparición forzada en el caso Iguala es clave para la solución judicial del ataque contra los jóvenes de Ayotzinapa, y es motivo de suspicacia que el gobierno de Peña Nieto se empecine en evadir la presencia de ese delito. Lo es también que movilice la fuerza propagandística gubernamental para imponer la versión de la incineración en el basurero de Cocula como la verdad última y definitiva, pese a la falta de contundencia de esa historia y de pruebas que la sustenten, como ha advertido el equipo de forenses argentinos.
Como sostuvo Amnistía Internacional la semana pasada, “el discurso del gobierno federal afirma que se ha dado todo a los padres de familia, pero no se ha dado lo más importante: verdad, justicia y reparación”, y “en cuanto no la tengamos y haya una investigación a prueba de balas, será difícil que los padres estén conformes”. Los padres, la sociedad mexicana y la comunidad internacional.
Si, como afirma el gobierno federal, ni el Ejército ni la Policía Federal estuvieron involucrados en el ataque a los normalistas, no debiera inquietarle que sean investigados, y acceder a ese escrutinio ofrecería una muestra de madurez. Pero la recia negativa oficial a que la investigación aborde el papel que efectivos militares pudieron haber tenido aquella noche se parece mucho a encubrimiento, pues testimonios publicados sugieren que los soldados incurrieron al menos en una omisión evidente al rechazar acudir en auxilio de la población civil. Esta hipótesis del encubrimiento adquiere mayor sentido si se toma en consideración que poco antes del caso Iguala, el Ejército fue exhibido y encontrado responsable de exceso de fuerza por la matanza de civiles en Tlatlaya, estado de México.
La crisis social y política originada por el caso Ayotzinapa metió al Estado en un callejón sin salida por culpa del gobierno de Peña Nieto, que creyó posible manejarlo y solucionarlo mediante los recursos autoritarios del pasado. Pero simular la procuración de justicia, ocultar los hechos, encubrir, fabricar una versión oficial y tratar de imponerla –como el gobierno priísta hizo con la matanza de Tlatelolco en 1968–, es una maniobra inaceptable para la sociedad mexicana y para el mundo de la actualidad. Es increíble que Peña Nieto no haya comprendido la evolución experimentada por el país que gobierna, y que además amague con lanzar a la fuerza pública para contener las protestas que su insensibilidad e ignorancia suprema han provocado. La misma simulación fue aplicada por Peña Nieto para responder a la revelación del aparente tráfico de influencias que practicó para hacerse de las dos residencias que se le conocen, la casa blanca de las Lomas de Chapultepec, formalmente propiedad de su esposa Angélica Rivera, y la casa de descanso de Ixtapan de la Sal, lo que hizo al semanario británico The Economist decir el jueves pasado que el presidente “no entiende que no entiende” y que su comportamiento es “inaceptable” en el mundo democrático. Así es, lo mismo que en el caso Ayotzinapa. Y aspirar a que estos dos graves acontecimientos vinculados por la estulticia oficial no generen consecuencias es pedir demasiado, pues las tendrán aun si el gobierno y el presidente tratan de contenerlas o creen contenerlas, y las protestas que se expresarán este lunes son la muestra.
La creciente militarización del estado de Guerrero, y no para combatir a la delincuencia organizada, es uno de los síntomas más claros del endurecimiento que gana terreno entre las autoridades como vía para sofocar la inconformidad de los padres. En Guerrero ya no sorprende, pero el problema es nacional, y por eso la conmemoración del cuarto mes sin que los 43 estudiantes aparezcan se realiza hoy en la ciudad de México, donde una ocupación militar es simplemente impensable por la repercusión internacional que ello tendría. Nada hay más legítimo que el coraje con el que los padres saldrán a encabezar este lunes las marchas en demanda de justicia.
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