Exigen expertos frenar intentos de espionaje del IFT

Agencia Reforma

Ciudad de México

Ordenar que las empresas conserven información de internet de sus usuarios es una violación a los derechos humanos y se puede prestar a abusos de autoridad, consideraron expertos y miembros de la industria.
Por ello, el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debería evitar el votar a favor de que los operadores conserven las direcciones IP (Internet Protocol) de sus usuarios, como viene contenido en el Anteproyecto de Lineamientos de Colaboración con la Seguridad y la Justicia.
El documento, elaborado por la Unidad de Política Regulatoria del Instituto, debería indicar el camino a seguir por las empresas en lo referente a los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), sobre cooperación para el seguimiento de delitos.
Al respecto, Gabriel Székely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), indicó que la industria ha expresado su rechazo a conservar las direcciones IP por no estar contemplada en la Ley y por ser poco factible en materia técnica.
Agustín Ríos, vicepresidente del Comité Legal de la Asociación Mexicana de Internet, comentó que el costo de guardar esos datos de todos los mexicanos durante 2 años ascendería a 500 millones de dólares, mientras que el regulador les presentó un estimado de 5 mil 800 dólares.
“Ningún país sería capaz de albergar tal cantidad de datos. Y, si lo hacen, sería con un alto costo que repercutiría en el usuario final”, apuntó Ríos.
El diputado panista Juan Pablo Adame, miembro de la Comisión de Comunicaciones, comentó que nunca estuvo en la mesa de debate de la ley el incluir la dirección IP, además de que abriría la puerta a otras acciones, pues desde el Congreso no se estableció qué autoridades podrían exigir los datos.
“Si no hay límites, (las autoridades) pueden exigirles a los proveedores lo que quieran. Los límites los tiene que fijar el IFT”, señaló el legislador.
Sin embargo, en una carta enviada a Reforma, el IFT explicó que su Unidad de Política Regulatoria, liderada por Luis Lucatero, considera que la conservación de datos sería útil para prevenir, investigar y combatir delitos, aunque indica que no se ha propuesto la conservación de contenidos de Facebook o Twitter, por ejemplo.
“Aun cuando dijeran (en el regulador) que son interpretables los artículos 189 y 190 de la Ley (sobre colaboración con autoridades), ésta siempre se debe hacer en favor de los derechos humanos, no en contra”, dijo Irene Levy, presidenta de Observatel.
Por su parte, Clara Luz Álvarez, ex comisionada de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), declaró que aún hay tiempo de que el Pleno del IFT reconsidere la decisión y actúe en defensa de los ciudadanos.

Herramientas pueden detener el espionaje

Evitar el espionaje por un hacker o instituciones de Gobierno es posible con ciertas herramientas.
“Siempre que un proveedor de servicios, como el de correo o mensajería instantánea, esté sometido a las legislaciones, está obligado a entregar la información. Pero si el proveedor no tiene la llave del cifrado, es decir, la contraseña que maneja sólo el usuario, no hay manera que lo puedan obligar”, aseveró Juan Pablo Castro, director de innovación tecnológica en la firma de seguridad Trend Micro México.
Por ejemplo, la app de mensajería móvil Telegram tiene la opción de chats en los que cifran la comunicación desde que se escribe el mensaje en un teléfono y su transferencia por la red, hasta que el otro usuario lo recibe.
Incluso se autodestruyen, lo que significa que en ningún momento se almacenan en algún servidor de la compañía.
Otra herramienta antiespionaje son las redes privadas virtuales (VPN por sus siglas en ingles), que cualquier persona puede contratar.
Éstas sirven para disfrazar la dirección IP y cifrar la comunicación que por ellas pase, sean chats, correos electrónicos, actualización a Facebook, Twitter, entre otros.