“Hay pruebas” que ligan con el secuestro al estudiante detenido, afirma la procuradora

Jesús Saavedra

Chilpancingo

Más de 600 personas, entre estudiantes, maestros, amigos y familiares del estudiante universitario Rodrigo Quetzalcóatl Cruz García, realizaron una marcha este lunes para exigir su liberación.
Sus familiares denunciaron que han sido víctimas de amenazas de muerte, por lo que exigieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero que haya condiciones de seguridad para su hijo y para ellos.
Poco después de las 10 de la mañana, el contingente partió del estacionamiento de la Unidad Académica de Ingeniería de la UAG en Ciudad Universitaria (CU).
Ahí se repartieron cartulinas en donde la constante era la exigencia de libertad de Rodrigo Quetzalcóatl Cruz García, además de pulseras que promueven la paz, la tolerancia y la justicia.
Los participantes en la marcha en su mayoría fueron vestidos de blanco como símbolo de paz y justicia, y todos portaban cartulinas con consignas que exigían la libertad de Cruz García.
También portaban algunas lonas en donde se podía leer “Unidos por una causa común: justicia para Rodrigo. Mientras haya injusticias no habrá paz social. Justicia y Libertad. No más abusos por influencias”, “Gobernador pedimos la liberación inmediata de nuestro compañero, es buen estudiante y amigo, no cometa injusticias”, decían las lonas que portaban estudiantes de Derecho, Ingeniería, Filosofía, Ciencias Químicas, Economía, Arquitectura y Enfermería de la UAG, de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) y hasta del Instituto Tecnológico de Chilpancingo.
La marcha salió de CU y se dirigió por la avenida Lázaro Cárdenas y en el monumento a Las Banderas se regresó por esa misma vía para continuar su camino hacia el encauzamiento del río Huacapa.
Pasaron al Congreso del Estado, donde pidieron la intervención de los diputados, y posteriormente llegaron a su destino final afuera del Palacio de Gobierno, donde algunos estudiantes se plantaron frente a las rejas de acceso y otros se desplegaron a un costado en los accesos al estacionamiento del inmueble y otros más bloquearon el otro carril de esa zona de la capital.
En el transcurso de la marcha, a través de una camioneta que llevaba unas bocinas, se pedía al gobernador Ángel Aguirre Rivero “que no sea cómplice de una injusticia, la delincuencia no está dentro de las aulas universitarias”; también pidieron disculpas a los ciudadanos “por las molestias que pueda causar esta movilización, pero no podemos quedarnos pasivos con esta injusticia que se está cometiendo”.
También se gritaron consignas: “gobierno farsante que encarcelas estudiantes”, “Aguirre entiende Quetzalcóatl es inocente”, “Marta Elva entiende Quetzalcóatl es inocente”.
Frente al Palacio, uno de los estudiantes tomó el micrófono y aseveró que “no somos delincuentes, nos dedicamos a estudiar, escúchenos gobernador, pedimos que se entable una mesa con la familia del compañero, ya basta de atropellos, de injusticias”.
Exigieron a la procuradora de Justicia, Marta Elva Garzón, “que aplique justicia, no queremos chivos expiatorios, exigimos la libertad inmediata del compañero Rodrigo, que atienda a los padres de familia, nos jugamos el prestigio por el compañero estudiante, no podemos permitir que se cometa esa injusticia porque después seremos nosotros los que seamos víctimas de estas injusticias”.

Denuncia familia de Rodrigo amenazas de muerte

A un costado de la camioneta que llevaba el carro de sonido de la marcha, se pudo lograr unas declaraciones de la señora María Dolores García Castro, mamá de Rodrigo y además trabajadora universitaria, quien agradeció las muestras de solidaridad de los universitarios y de sus compañeros.
Ahí denunció que hasta este lunes no sabían de “la situación legal de nuestro hijo, está arraigado, acusado y torturado injustamente por los cuerpos policiacos para que se declarara culpable del hijo de Carlos Sánchez Barrios”.
Aseveró que su hijo no era amigo de Ramón Sánchez García, quien fue secuestrado, “hace un mes se acercaron a mi hijo estos muchachos, este muchacho tenía más de ocho días hostigando a nuestro hijo, y recibía hace una semana llamadas amenazantes, donde lo amenazaban de muerte; no nos queda duda que hay un plan malévolo que han orquestado las supuestas víctimas con los policías que opera en la Fiscalía de Secuestros en la PGJE”.
Denunció que “a mí me han amenazado de muerte, encontré a mi hijo 24 horas después de que fue detenido, no reconocí a mi hijo por la brutal golpiza que recibió; a mí me dicen en mensajes que mi hijo es cómplice de los secuestradores, no tengo más información”.
Explicó que a su hijo lo detuvieron el jueves 31 de mayo “por la noche en el salón Continental, ese día fue la quema del libro de la escuela donde estudia, fueron sujetos armados que no mostraron ni una orden de presentación o de detención, está muy asustado, tiene bien identificado a quien lo estuvo golpeando en la misma Fiscalía, Rodrigo está golpeado brutalmente, está aterrado, está muy afectado psicológicamente donde lo tienen encerrado, no sabemos qué juez dictó el arraigo, por qué motivo, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.
Agregó que “nos han dado un trato despótico, majadero, a mi hijo le están fabricando un delito, me dijo que lo declararon bajo tortura”.
Por ello le pidió a la familia del joven secuestrado “que analicen, que reflexionen, a la PGJE, al gobernador, que no porque mi hijo no sea hijo de un alto funcionario, también tiene derecho a una asistencia jurídica, tenemos derecho a ser escuchados”.
Afirmó que el rector de la UAG, Ascencio Villegas, “nos ha atendido, nos dijo que atendería, que hay disposición para este caso”.
Finalmente denunció que teme “por la vida de mi hijo, le pido a la procuradora y al gobernador que cese el hostigamiento psicológico al que está siendo sometido mi hijo, ya fue severamente golpeado, que cesen esa tortura psicológica, porque a cada rato lo hacen firmar hojas en blanco, todo lo hizo el fiscal y lo hicieron firmar mil veces”, y mostró a los reporteros una fotografía de su hijo y de cómo lo encontró el sábado 2 de junio, visiblemente golpeado del rostro, amoratado e inflamado.
Poco después, les informaron que la procuradora Marta Elva Garzón Bernal los recibiría en una audiencia y por ello los manifestantes decidieron irse en marcha hasta sus oficinas por uno de los carriles laterales del bulevar.

No hay injusticia, dice la procuradora y pide cuatro días

En la caseta de vigilancia de la PGJE se quedó el contingente de estudiantes y enseguida se introdujo una comisión de familiares, amigos y un abogado a la sala de reuniones con Garzón Bernal; minutos más tarde dejaron entrar a los reporteros para cuando la procuradora estaba hablando del caso.
Garzón Bernal dijo que “no hay ni una injusticia, hay pruebas que lo vinculan con el secuestro, lo estamos verificando; el joven llegó muy golpeado a la PGJE, no se le ha negado que la familia lo visite, lo hizo su mamá con la abogada Enriqueta Cuevas Bahena, de la Codehum, no se les ha negado, se le están respetando sus derechos humanos, hay buen trato y estamos llevando a cabo la investigación”.
Por ello la funcionaria pidió “que nos permitan unos días más para determinar la culpabilidad o inocencia del joven, hay una declaración en donde reconoce que lo hizo, pero la confesión no es reina de las pruebas y eso debe estar sustentado, por eso no se consignó y no se hará hasta en tanto verificamos si es responsable o no, eso lo haré durante el período en el que el juez concedió el arraigo”.
“Si no hay pruebas que fortalezcan su confesión de él, para mí en este momento me encuentro en imposibilidad de determinarlo, hay celulares, hay confesión, él tenía su celular, sus papás de las víctimas tienen sus celulares, ya nos mandaron las sábanas de las llamadas a los celulares y ahora tenemos que interrelacionar y nos hace falta una diligencia más, no hay ni una injusticia”, añadió.
Le reprocharon que el joven está visiblemente golpeado y que las declaraciones que ha hecho se las han arrancado bajo tortura, y la procuradora dijo que “desde el punto de vista jurídico la da por una autoridad, creo que ustedes tienen su derecho para investigar, porque nosotros sabemos que estuvo en una riña y lo golpearon, eso no nos compete a nosotros, creo que ustedes no deben conformarse, estoy de acuerdo en que no acepten porque a él lo golpearon, nadie tiene derecho a golpearlo, aunque fuese culpable, a mí sí me consta, en el momento que intervino la policía y cómo se recibió, tengo certificado del médico legista; se tiene que investigar quién lo golpeó, lo estamos realizando”.
“Déjenme cuatro días, aunque no se termine el período de arraigo, estoy pidiéndole a mis colaboradores a redoblar el esfuerzo, no necesito esperar que concluya el arraigo para determinar la situación de Rodrigo”, agregó.
La mamá del estudiante arraigado agradeció “esta muestra por habernos recibido, confiamos en la justicia, sabemos que viene llegando, por donde le pique va a salir pus, nuestro hijo es un joven dedicado al estudio, el director de la escuela lo avala, su cardex de calificaciones, iba a diario al escuela, le pido encarecidamente lo que he solicitado ante la Codehum”.
Y denunció: “he sido amenazada, tengo el teléfono de donde me han llamado para amenazarme, le pido ser cuidadosa, mi hijo no ha estado involucrado en ningún ilícito, mi hijo fue golpeado y torturado por elementos de la Policía Ministerial en presencia del hijo de Carlos Sánchez Barrios, mi hijo no era amigo de él, lo estuvieron buscando, a empezarlo a hostigar”.
“Por favor le pido que se investigue porque el número nunca fue apagado y recibió llamada a todas horas de los compañeros, a mí me recibió una llamada, quiero la verdad, porque como madre voy a defender a mi hijo con garras de leona y el árbol por sus frutos se conoce, es un joven de conducta intachable, hay testimonios de la conducta; hay una persona del sexo femenino de su equipo en donde le obliga a hacer una llamada, las personas que lo torturaron están dentro de su cuerpo policíaco”, suplicó la trabajadora universitaria.
Ante ese panorama la procuradora tuvo que dar instrucciones para que se instruyera al Ministerio Público a que se “levante una denuncia y se integre una averiguación previa por lesiones, que se reciban sus testimoniales” ante la Fiscal de Derechos Humanos.
La mamá del estudiante se quejó del fiscal de Secuestros de la PGJE, Alejandro Reyes Ocampo, quien “nos ha dado un trato despótico, muy mal, cuántas veces lo obligaron a firmar, nunca le hicieron saber qué firmaba, no estuvo un abogado presente”.
“No sé si en un momento de odio orquestaron esta trama, la miro a los ojos y no le puedo mentir, le digo que mi hijo no es delincuente, somos trabajadores que vivimos de nuestro salario”, aseveró.
Finalmente Garzón Bernal dijo que están “a punto de resolverlo, no se habla de injusticias, se habla de investigaciones científicas; si hubo una incriminación de Rodrigo tendrá el trabajo para echar ante el juez los elementos que se hayan considerado, mientras esté la declaración y hayan indicios se procederá conforme lo conducente, si no hay pruebas que robustezcan se le decretará su libertad, tratamos de procurar la justicia, es un reto difícil pero es un clamor social que no haya impunidad”.