Las autoridades tienen prisa en cerrar el caso y reprimir al movimiento, señalan padres de desaparecidos de Ayotzinapa

*Repudian las declaraciones de Murillo Karam. Buscarán justicia en la ONU y en la CIDH, responden a la PGR que da por hecho que los 43 normalistas están muertos. En el expediente hay dos versiones, una que fueron enterrados en fosas y otra que fueron calcinados, pero no han sido confrontadas, informa Vidulfo Rosales. El procurador descartó la línea de investigación hacia el Ejército, y no está revisando la actuación de Aguirre Rivero ni de los alcaldes de la Zona Norte, se queja

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos por policías en Iguala repudiaron las declaraciones del procurador Jesús Murillo Karam, y denunciaron inconsistencias en la tesis que sostiene el funcionario federal para asegurar que todos los estudiantes fueron asesinados y calcinados por el grupo delictivo Guerreros Unidos.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en la Ciudad de México, transmitida en línea, señalaron que en el basurero de Cocula no había evidencia de un incendio de la magnitud que dicen los detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR), y entre ellos hay dos versiones del destino de los jóvenes que no confrontó la dependencia federal.
Denunciaron que las autoridades tienen prisa por cerrar el caso y reprimir al movimiento por la presentación con vida de los normalistas debido a las elecciones del 7 de junio. Ante la impunidad que se vislumbra, anunciaron que buscarán justicia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya emitió medidas cautelares para las víctimas.
Una de las medidas para buscar justicia, informaron, será mediante el equipo de expertos en desapariciones forzadas que revisarán los procedimientos de la autoridad judicial sobre la investigación, la búsqueda con vida de los estudiantes y la atención a las víctimas, que esperan que lleguen en unos días.
El vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, consideró que la conferencia del procurador, para asegurar que los estudiantes fueron muertos y calcinados, es la respuesta a la Octava Acción Global por Ayotzinapa, que se manifestó en la capital del país, en los estados y en el mundo este lunes, pero advirtió que se va a mantener la exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas.

No hay certeza legal de la muerte de los estudiantes

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que el gobierno federal pretende cerrar la investigación por cuestiones políticas, pese a que hay puntos por esclarecer, para dar certeza a los padres sobre la verdad.
Al mismo tiempo el gobierno federal ha mandado más militares y policías federales a Guerrero para reprimir a los sectores sociales que los apoyan, “son señales claras de una nueva etapa para cerrar el expediente y usar a la fuerza para sofocar el movimiento alrededor de los padres y normalistas”.
Puntualizó que los peritajes de la PGR para constatar el incendio en el basurero de Cocula, como dijeron ahora cuatro testimonios de los detenidos, se tienen que constatar por expertos ajenos al gobierno.
Recordó que, a lo largo de la historia, hay muchos ejemplos para afirmar que la PGR y las agencias del Ministerio Público en todo el país manipulan a modo las pruebas periciales, para obtener el resultado que más les convenga.
Por lo tanto, los estudios sobre la tierra y la maleza que aludió el procurador para decir que hay certeza jurídica sobre el destino de los estudiantes, deben ser revisados y avalados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Dijo que tampoco puede ser concluyente la nueva declaración del jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo –que presentan como una de las novedades en la investigación–, porque él reconoce que no estuvo en todo momento.
Es decir, no pueden dar constancia de los hechos desde las 10 de la noche, cuando detuvieron a los estudiantes, hasta las 3 de la tarde del día siguiente, cuando supuestamente terminó el incendio y se tiraron los restos al río.
“Eso no lo dice en su declaración, sólo dice que ordenó y se puso de acuerdo con otros personajes… es una declaración hueca”.
Insistió en que la PGR aún sostiene la tesis en declaraciones que fueron arrancadas bajo coacción.
Criticó que en la investigación no se dedicó una palabra para el asesinato del estudiante, Julio César Mondragón que la mañana del 27 de enero, tras la noche del ataque, fue hallado muerto y con el rostro desollado. Consideró que aclarar ese hecho ayudaría a entender los ataques a los normalistas.
Asimismo, señaló que faltan 11 de 15 personas que la PGR ubicó en el basurero de Cocula, como los que operaron los homicidios y destrucción de cuerpos, y que podrían cambiar el rumbo de la teoría con sus declaraciones “no puede determinarse un cierre estando pendientes esas detenciones”.
Entre los prófugos señaló al secretario y al subsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez y Francisco Salgado Valladares, y al jefe de la plaza de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil.
Subrayó que en el expediente hay dos versiones sobre el posible fin de los estudiantes, “hay 20 personas detenidas, de 29, que declaran que los normalistas habrían sido asesinados y enterrados en las fosas de Pueblo Viejo, en Iguala y luego sale la del basurero de Cocula, son dos conjuntos de investigaciones que no han sido confrontadas e implican incertidumbre para las víctimas”.
Consideró “sumamente grave” que la PGR sostenga que, porque uno de 17 restos corresponde al estudiante Alexander Mora Venancio, todos los normalistas detenidos por los policías municipales el 26 de septiembre están muertos.
Insistió en que no hay prueba científica ni certeza de que los otros 42 estudiantes tuvieron el mismo destino, sobre todo después de que el EAAF aclaró que ese fragmento hueso, que sirvió para la identificación, ya se encontraba en la mesa cuando llegaron los peritos. Es decir, no constataron su procedencia, y la presencia de los argentinos en las diligencias era fundamental para dar garantías a los familiares.
También se quejó de que la PGR sólo va a consignar a los detenidos por homicidio y descartó desaparición forzada para sancionar a los funcionarios públicos.
Recordó que el procurador descartó la línea de investigación hacia el Ejército, tampoco está revisando la actuación del gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero ni de los alcaldes de la zona Norte y sus posibles vínculos con Guerreros Unidos.
Recordó que el policía Salvador Bravo Bárcenas, aportó elementos que incriminan al Ejército con el grupo delictivo. El policía declaró que en 2013 los militares recibieron un informe de que Guerreros Unidos trabajaba con las policías municipales y no sólo omitió actuar, sino que brindó protección al cártel.
El abogado exigió que se deslinden responsabilidades a la clase política señalada en el expediente, como el exgobernador, su procurador Inaky Blanco Cabrera y los alcaldes de Cocula, Taxco y Tepecoacuilco, por vínculos con los narcotraficantes.
“Ayotzinapa no es un caso aislado, como dice el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, las bases de datos hablan de 26 mil desaparecidos sólo el año pasado”, puntualizó.
El secretario general del Comité Directivo Estudiantil de Normal Rural, David Flores Maldonado, señaló que el interés del gobierno para cerrar, son las elecciones. Convocó a la sociedad a seguir luchando por la presentación con vida de los 43 estudiantes y la transformación del país.
Asimismo, exigió al presidente Enrique Peña Nieto que se respete el acuerdo que asumió con los padres de los desaparecidos, que antes de difundir información a la prensa tenía que hablar con ellos.

Inconsistencias señaladas

El señor Epifanio Álvarez denunció “como padres, el gobierno ha pisoteado nuestra dignidad, nos ha destrozado, no estamos de acuerdo en todo lo que nos están haciendo, primero nos dijeron que nuestros hijos estaban en la fosa, después que en Cocula, en el basurero, no nos dan seguridad de nada, no tenemos suficientes pruebas para aceptarlo. Como padres seguiremos luchando para tener a nuestros hijos como sea… pero que esto se aclare. No podemos irnos a casa con este dolor que cargamos”.
Expuso que en un recorrido de búsqueda con la Gendarmería, después de 15 días de la detención de los normalistas, un padre le marcó a su hijo y su teléfono sonó en dos ocasiones, pero nadie contestó. Y la PGR ahora dice que los normalistas fueron quemados con sus celulares.
Añadió que en esta jornada dejaron familia, casa y cada vez que el procurador habla ante la prensa, todos sufren, “nuestros hijos nos hablan llorando con un dolor profundo, como el que nosotros sentimos, no sabemos qué decirles, cómo calmarlos para que no sufran”.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Asencio Bautista declaró “no vamos a aceptar que a nuestros hijos los mataron, vamos a seguir marchando hasta que nos los entreguen… han dicho que están muertos pero no hay pruebas. Desde aquí le digo Peña que nos entregue a nuestros hijos, ya nos conocieron a los padres de los 43, y si tanto delitos hicieron nuestro hijos nosotros damos la vida por ellos”.
Carmen Cruz, que se presentó como mamá de Jorge Aníbal Cruz Mendoza señaló que hay un registro de que su hijo se conectó a Facebook el 19 de octubre, y la subprocuradora de Derechos Humanos y de Prevención del Delito, Eliana García Laguna, le dijo que la última señal que obtuvieron de su paradero fue en la colonia Flores Magón.
Exigió al presidente y a su gabinete “que se larguen si no pueden, que no se haga menso, si tiene a nuestros hijos que nos los entregue, el 27 Batallón de Iguala sí participó porque desde buena hora comenzaron a bloquear las calles para poder hacer bien su operación… hablamos con pruebas”.
Añadió que cuando los estudiantes pidieron auxilio los obligaron a contestar sus celulares y decir que todo estaba bien.
Días antes los amenazaron en un lugar en el que pedían cooperación, les dijeron que los matarían si regresaban, y así lo hicieron.
Epifanio Guerero, padre Joshivani, recordó que al segundo día de la detención de sus hijos fueron al 27 Batallón en Iguala a preguntar por ellos, y el comandante reconoció que los soldados salieron a las calles la noche del ataque a los estudiantes, y hay testimonios de los normalistas de que los militares los agredieron cuando estaban tirados.
“Se le olvida que somos campesinos, cada temporada tenemos fuego en la tierra, el incendio en Cocula es otra mentira… nosotros nos trasladamos al basurero, ahora dicen que las piedras se deshicieron, nosotros nos cercioramos y las piedras no se espolvoreaban, estaban enteras, les pegamos”.
Clemente Rodríguez añadió que, siendo hombre de campo sabe que cuando un animal es quemado “se requiere de harto fuego… quiero decir que si los cuerpos, si los quemaron ahí, los de abajo deben quedar enteros, no es posible que nos quieran engañar de que los convirtieron en cenizas, vamos a llegar a las últimas consecuencias, vamos a seguir manifestándonos, no vamos a parar”.
Una madre aclaró que lo que dijo el procurador en televisión ya lo había presentado a los padres, pero que no estaban seguros de que fuera verdad y ahora lo presentaron arreglado y como incontrovertible, “y miren ahora qué presentación hizo”.
Exigió a las autoridades que dejen de mentir y pidió a la población que no participe en las elecciones hasta que presenten a los 43, “como madre exijo al gobierno que deje de jugar con nosotros… estamos sufriendo pero no vamos a descansar hasta encontrarlos”.