Los normalistas están muertos, fueron secuestrados e incinerados, concluye la PGR

*No hay “ni una sola evidencia” de que el Ejército haya participado en los ataques y la desaparición de los estudiantes, insiste Murillo Karam

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam aseguró que existen los elementos legales y científicos suficientes para asegurar que los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre por policías en Iguala, fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus restos tirados al río San Juan, en el municipio de Cocula.
Sostuvo que no hay “ni una sola evidencia” de que el Ejército haya participado en los ataques y la desaparición de los estudiantes, “las mismas declaraciones iniciales de los que hoy dicen que el Ejército fue, los acusaban de omisión, no hay ni una sola, ni una sola evidencia de la participación del Ejército”.
Acompañado del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, el procurador aseguró que las declaraciones de los detenidos “que fueron confirmadas por elementos materiales, dictámenes científicos, pruebas periciales, testimonios y confesiones, dejan clara la dimensión y la profundidad de la investigación, dándonos la posibilidad y la certeza legal de que los normalistas fueron muertos”.
En conferencia de prensa fueron expuestos videos con fragmentos de las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, El Terco o El Cepillo, jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, detenido el 15 de enero en Morelos. Ahí reconoce ser el responsable de la organización y del asesinato de los estudiantes.
Los funcionarios informaron que hay 99 detenidos, dos reconstrucciones de hechos, 16 cateos y más de 386 declaraciones, además de 39 confesiones, 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y 153 inspecciones ministeriales, sin embargo hay pendientes al menos seis órdenes de aprehensión.

La detención de El Terco, “clave”

Zerón de Lucio fue el encargado de informar de los avances de la investigación.
Expuso que Felipe Rodríguez, El Cepillo o El Terco era el responsable, en coordinación con el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, de brindar protección “al municipio” (no explicó si de Iguala, Cocula o ambos) para el trasiego de droga y evitar que grupos antagónicos tuvieran presencia en esa zona.
Según Zerón, la célula que comandaba Rodríguez Salgado estaba conformada por una docena de informantes y sicarios, quienes vigilaban, secuestraban, asesinaban y vendían drogas en esa región.
Indicó que después de la desaparición de los normalistas, Felipe Rodríguez Salgado huyó al norte del país para cruzar a Estados Unidos y evadir a la Justicia, pero fue deportado por las autoridades migratorias, y se refugió en Jiutepec, Morelos, donde fue detenido hace 13 días.
“Esta detención ha sido clave dentro de la investigación, no solamente porque todos los testimonios lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas, sino porque él mismo confiesa su participación, corroborando los hechos narrados previamente por sus cómplices”, dijo.
Expuso que El Terco dijo que la noche del 26 de septiembre recibió una llamada telefónica de El Chucky quien le informó que un grupo antagónico del crimen organizado, el de Los Rojos, estaba “atacando Iguala”, en referencia a los normalistas que por la tarde se habían trasladado a esa ciudad para pedir dinero y tomar los autobuses que utilizarían para la marcha del 2 de octubre en la ciudad de México.
La versión indica que El Chucky le pidió a Felipe Rodríguez que se trasladara a la Loma del Coyote, en donde policías de Iguala y Cocula le entregaron entre 38 y 41 personas, a quienes bajaron de las patrullas y subieron a dos camionetas, “mismas que fueron conducidas hasta el basurero (de Cocula), donde se les interrogó, ejecutó e incineró”.
Zerón manifestó que El Terco narró paso a paso los acontecimientos de esa noche, desde que le fueron entregados los estudiantes, siendo él quien dio la orden a Patricio Reyes Landa, El Pato, de ejecutarlos a todos, “ordenando también que no quedara nada, quemando inclusive los teléfonos celulares”.
Según Rodríguez, cuando bajaron a los estudiantes de las camionetas varios ya estaban muertos, al parecer por asfixia; sólo quedaban vivos entre 15 y 18.
Zerón informó que luego de dar la orden, Rodríguez Salgado regresó a la Loma del Coyote, donde se encontraba la casa de Gildardo López Astudillo, El Gil, (lugarteniente de Sidronio Casarrubias Salgado líder del grupo criminal Guerreros Unidos) para pasar ahí la noche y esperar indicaciones.
En el video, el delincuente dice que el 27 de septiembre regresó al basurero donde las víctimas fueron colocadas en una plancha de llantas, leña, gasolina y diesel para ser incinerados, “el fuego había reducido a cenizas a las víctimas”, y agrega que el proceso concluyó la tarde del 27.
Por órdenes de El Gil, “Felipe Rodríguez Salgado instruyó a Patricio Reyes Landa comprar bolsas de basura. Una vez recogidas las cenizas las fueron a tirar al Río San Juan”, aseguró el titular de la Agencia de Investigación Criminal.
El Terco ha sido consignado por delincuencia organizada y secuestro agravado. La agravante consiste en el homicidio durante la privación ilegal de la libertad y prevé una penalidad de hasta de 140 años de prisión, que es la que se solicitará al juez, informó.
Dijo que El Terco está recluido en el Penal Federal Número 1 y que enfrentará su proceso por el homicidio de los estudiantes normalistas.
Mencionó que la forma en que operaba el grupo criminal “nos confirma la existencia de un grupo organizado, donde participaban miembros de la delincuencia, servidores públicos, principalmente policías encabezados por el presidente municipal de Iguala y de su esposa”.

Presunta confusión con Los Rojos

Tomás Zerón aseguró que con la versión de El Terco y otros detenidos asentadas en las declaraciones ministeriales que fueron asistidas por sus defensores, “se consolida el móvil, consistente en que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región”. Indicó que esa fue la razón por la que los privaron de su libertad y de su vida, versión que se transmitió de un nivel a otro del grupo delictivo y que surgió de los líderes de la organización, entre los que se encuentran el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca , su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias, los tres actualmente presos.
Murillo indicó que los detenidos mencionaron que entre todos los estudiantes llevados al basurero de Cocula identificaron a tres, con los apodos de El Cochiloco, El Flaquito y El Patilludo.
El procurador dijo que esos tres estudiantes fueron interrogados y ejecutados en el basurero porque sus captores los señalaron como miembros del grupo delictivo Los Rojos, según las declaraciones de los detenidos que se mostraron en un video.
Aclaró que los policías y delincuentes detenidos señalaron que los jóvenes a quienes privaron de la vida llevaban, a excepción de dos, la cabeza rapada, característica de los estudiantes de primer grado que fueron secuestrados.
“Las declaraciones de todos los policías que declararon, más de los miembros de la delincuencia organizada, en todos los casos se refieren a estudiantes”, incluso en la ronda de preguntas y respuestas el procurador aclaró que la PGR no cuenta con elementos para suponer que los estudiantes estuvieran involucrados con el crimen organizado. “Yo le digo, con toda franqueza, que la mayoría de ellos eran jóvenes que tenían ganas de ser maestros y de estudiar, que de cualquier otra cosa”, afirmó.

Defienden versión del basurero

Zerón explicó que para deducir que los restos rescatados del río San Juan (que presuntamente corresponden a los normalistas) son los mismos que se encontraban en el basurero de Cocula, según un dictamen químico.
También obtuvieron un dictamen biológico y un dictamen entomológico, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de un dictamen balístico y otro fotográfico.
Según las investigaciones de la PGR, se determinó que el área total del fuego, en la zona en que presuntamente fueron quemados los cuerpos de los estudiantes, fue de 140 metros cuadrados, aproximadamente, en una superficie de unos 15 por 9 metros cuadrados.
Dijo que se dictaminó que las piedras calizas encontradas en el lugar y que presentan fracturas por calcinación, estuvieron expuestas a temperaturas superiores a los 900 centígrados. Además, las piedras cambiaron su estructura de carbonato de calcio a calcita, conocida como cal viva, lo que demuestra la exposición a muy altas temperaturas.
Explicó que los restos dentales que se localizaron en el punto central del fuego, indican que se alcanzaron temperaturas de mil 600 centígrados, pasando por las fases de deshidratación, descomposición, intervención y fusión.
Aseguró que esta situación imposibilita la extracción de ADN, aún con las más avanzadas tecnologías, según los resultados de Medicina, Antropología y Odontología practicados.

De los restos en Innsbruck

Murillo Karam indicó que gracias a la identificación de los restos de Alexander Mora Venancio, resultado de la identificación de ADN por la Universidad de Innsbruck, se corroboró “a plenitud” que en el basurero había estudiantes.
Recordó que junto a los restos de Alexander fueron enviadas a la universidad otras 16 muestras óseas escogidas por los peritos de la PGR y los de Argentina, tras una consulta con expertos de otras partes del mundo, sin embargo no se pudo identificar suficiente material genético para obtener un perfil de los otros restos.
Dijo que la PGR ha solicitado a la Universidad de Innsbruck un tercer análisis en las muestras aún en estudio.
Aclaró que a la universidad le llevará “un buen tiempo realizar esos análisis, que queremos que los hagan, pero esto no impide que todos los elementos que tenemos considerados nos permitan poder castigar a los responsables”.

La “verdad histórica”

Murillo Karam manifestó que todos los elementos expuestos ayer durante la conferencia de prensa permitieron un análisis lógico-causal “y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden”.
Aseguró que “esta es la verdad histórica de los hechos” según las pruebas “aportadas por la ciencia”, y que han permitido ejercitar acción penal en contra de 99 involucrados detenidos.
Señaló que esto ha permitido el actuar del Ministerio Público de la Federación, instancia que ya solicitó la imposición de las penas más altas que tiene la legislación.
El procurador aseguró que los representantes legales de los familiares acreditados para conocer los avances del caso tienen el acceso directo a los 85 tomos y 13 anexos del expediente, donde se incluyen los dictámenes, declaraciones, confesiones, y todas las diligencias ministeriales mencionadas en esta presentación, y que han podido ser consultadas por ellos.
En la ronda de preguntas y respuestas, se le preguntó si con las últimas declaraciones se cerrará la investigación, a lo que contestó que para consignar a todos los responsables debe cerrarla, sin embargo después corrigió y dijo que ese no era el término correcto, porque hasta que no detenga a todos los culpables no puede concluirla.