Mexicanos residentes en Europa recaudan euros para las familias de los normalistas

Inder Bugarin / Agencia Reforma

Bruselas

La campaña de apoyo a las víctimas de Ayotzinapa, en la que participan mayoritariamente mexicanos residentes en Europa, entró en una nueva fase, la de recaudar euros para las familias de los normalistas.
Para ello, venden artículos, celebran conciertos, conferencias y hasta participan en carreras de maratón bajo patrocinio.
“El objetivo es apoyar a las familias de los estudiantes, quienes ya eran de recursos limitados y ahora han tenido que abandonar sus actividades diarias para exigir justicia en un ambiente de total impunidad”, dijo a REFORMA el pintor Marcos Aranda, quien ha puesto a la venta playeras para recaudar fondos.
Diseñadas por el autor de los retratos gigantes de los 43 normalistas exhibidos en diciembre pasado en el Parlamento Europeo, las playeras se venden a 15 euros con opción a pagar más de manera voluntaria.
Además, en Bélgica circulan postales y calcomanías con la imagen de un azteca en calzoncillos apuñalado por la espalda y la leyenda de “México te amo”. Algunas van acompañadas de una cuenta bancaria para donaciones a nombre de Mexibelga, un colectivo que dice tener como objetivo la solidaridad con los padres de Ayotzinapa y que ha recaudado, hasta ahora, 800 euros.
También se han promovido movilizaciones filantrópicas en Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, España, Italia y Suiza.
En Alemania, la plataforma México vía Berlín permite en su portal donaciones para los familiares de Ayotzinapa. Registra hasta el momento 34 depósitos y aspira reunir 6 mil euros.

Reprochan desapariciones

Las medidas presentadas hasta ahora por la Administración de Enrique Peña Nieto son insuficientes para afrontar la crisis de derechos humanos y la magnitud de la tragedia en el ámbito de desapariciones forzadas.
Ese será uno de los mensajes centrales con el que la sociedad civil se presentará en Ginebra los días 2 y 3 de febrero, cuando el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas audite por primera vez la situación en México.
“El decálogo anunciado por el presidente Peña en mínima medida aborda las problemáticas de derechos humanos, y es insuficiente para terminar con las desapariciones que afectan a decenas de miles de personas y sus familias”, sostiene un informe suscrito por una docena de ONG que fue enviado a Ginebra para que sea considerado durante la evaluación del Comité.
“La dolorosa situación muestra la urgencia de que el Estado mexicano deje de minimizar la crisis de las desapariciones de personas que atraviesa México y dé muestras contundentes de voluntad política, a través de medidas para superar las deficiencias técnicas en materia de investigación y búsqueda”, indica.
Para las organizaciones firmantes, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en México, el Gobierno ha ignorado reclamos dirigidos a mejorar la impartición de justicia, concretamente la creación de un plan nacional de búsqueda en vida y el fortalecimiento de las labores periciales y de las instancias ministeriales.
Tampoco ha puesto en marcha el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ni aceptado la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para conocer de casos individuales.
El documento, con fecha del 9 de enero, señala que además de los pendientes, las acciones para afrontar la crisis de derechos humanos siguen siendo ineficientes por la falta de autonomía de los organismos públicos, la politización de sus decisiones y sus carencias técnicas.
Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, registra por lo menos 4 mil 875 personas desaparecidas en los últimos tres años, y a la fecha no ha emitido ninguna recomendación por desaparición forzada, lo que refleja la falta de una respuesta adecuada a la problemática.
Una situación similar, advierten, se registra en Jalisco, el Estado de México, Coahuila, Guerrero, Nuevo León y Chihuahua, entidades con importante prevalencia de privación ilegal de la libertad.
Sostiene que hasta 2013 había más de 24 mil personas no localizadas, de las cuales, 2 mil 352 mostraban indicios de la participación de agentes del Estado.
“La desaparición de los estudiantes (de Ayotzinapa) representa la expresión más cruenta de un sistema arraigado de violaciones e impunidad de parte de los diferentes niveles e instituciones del Estado”, indica.
“Junto con las miles de desapariciones forzadas documentadas a todo lo largo y ancho del país, pone en evidencia la falta de una política de estado para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada de personas, así como la falta de mecanismos de búsqueda inmediata”, agrega.