Ordena una jueza el traslado de Suástegui de la cárcel de Tepic al penal de La Unión

*En diez días tendrá que ser traído a Guerrero, informa el abogado de Tlachinollan Rogelio Téliz

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

La jueza Tercera de Distrito, Liliana Maya Delgadillo, concedió un amparo en contra de las violaciones a los derechos del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz, con lo que se declaró inconstitucional su traslado de la cárcel de La Unión a un penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
En conferencia de prensa realizada en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos en Chilpancingo, el abogado Rogelio Télíz García detalló que el pasado lunes 26 la jueza Maya Delgadillo concedió el amparo 649/2014 en contra de las violaciones de los derechos del líder comunero Marco Antonio Suástegui, por haber sido trasladado de un penal del estado a un penal federal de máxima seguridad.
“La resolución de la jueza de distrito contempla, y obliga a la Secretaria de Seguridad Pública que Marco Antonio sea trasladado inmediatamente del Cefereso de Tepic, Nayarit, al Centro de Reinserción social en La Unión, Guerrero”, precisó el abogado.
Téliz García explicó que en el estudio del expediente la jueza encontró evidentes y graves violaciones a los derechos del dirigente, porque encontró que el juez no autorizó el traslado del detenido fuera del estado, y en ningún momento motivó las razones particulares por las cuales el líder del Cecop fue considerado reo de alta peligrosidad.
“El contenido de la resolución contempla que Marco Antonio sin la autorización del juez que libró la orden de aprehensión, fue llevado unilateralmente por el Ejecutivo, por el estado”, enfatizó.
Señaló que el 17 de junio del año pasado, cuando fue detenido Marco Antonio Suástegui Muñoz, la jueza concedió una suspensión definitiva de traslado, por lo que el líder no tenía que ser trasladado.
Recordó que al líder se le imputan cinco delitos del fuero común, que no ameritan su traslado ni permanencia en un reclusorio federal, de los cinco delitos el único que lo mantendría en la cárcel sin derecho a fianza es el de robo, los otros cuatros son despojo, lesiones simples, ataque a las vías de comunicación y lesiones graves.
El abogado encargado de la defensa explicó que la ley de amparo considera que el gobierno tiene 10 días para inconformarse a través de un recurso de revisión.
Agregó que la defensa considera que la resolución está apegada a derecho y de manera legal, por lo que no es necesario que el Ministerio Público Federal tramite un recurso de revisión.
Ante esta resolución de la jueza, después de los 10 días que deberán esperar como parte del procedimiento, el gobierno federal tendrá 24 horas para trasladar al líder social de regreso a la cárcel del municipio de La Unión, en la Costa Grande, de donde fue sacado y enviado al estado de Nayarit.
En la conferencia de prensa estuvo presente el director del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien enfatizó que si en el término de 10 días el ministerio público federal apela la resolución será una “muestra de que el gobierno no tiene ningún compromiso y voluntad, ni interés de reconocer y respetar a los luchadores sociales de Guerrero”.
Puntualizó que esta resolución la debe acatar el gobernador Rogelio Ortega Martínez, y sobre todo el ministerio público debe abstenerse de interponer este recurso y más bien debe ocuparse en lo inmediato del traslado de Marco Antonio Suástegui a La Unión.
“Si de verdad hubiera voluntad política, estos delitos que fueron fabricados tendrían que obviamente desvanecerse para liberar a Marco”, agregó.
Comentó que con este caso se pondrá a prueba qué tanta voluntad política hay de este gobierno, si ven al líder del Cecop en estos días trasladado a Guerrero, será una buena señal, y si no lo hacen las “señales serán funestas”.
Barrera Hernández reiteró que esta es una resolución judicial, que no debe ser politizada, porque hay una postura firme del Poder Judicial donde corrobora que hubo violación al debido proceso y que Marco Antonio Suástegui fue encarcelado por una cuestión política y de querer desmovilizar al Cecop.
“Este es un mensaje de que no hay razones que sustenten las detenciones de los demás compañeros como Gonzalo, Arturo, jurídicas, sino más bien son motivaciones políticas, y las mismas autoridades han generado mayores problemas dentro del estado porque no están respetando los derechos fundamentales de la población”, agregó.
También en la conferencia estuvo presente la esposa del líder social, María de Jesús de Suástegui, quien exigió al gobernador dar a conocer su postura ante la resolución de la jueza.
También pidió al gobernador que diga cuál será la vía que piensa utilizar para poder cumplir con su promesa de liberar a los presos políticos y en especial el caso de su esposo.
El líder comunero fue detenido por la policía Investigadora Ministerial el pasado 17 de junio del 2014 en Acapulco, y durante la noche fue trasladado al Centro de Reinserción Social de La Unión, ubicado en la Costa Grande, de donde se decidió enviarlo al Centro de Reinserción Social número 4, de Nayarit.
En la conferencia de prensa también estuvo presente una comisión representativa del Cecop, quienes portaban sus playeras donde exigían la libertad de su vocero, además de cartulinas en las que se leían mensajes como “Ni Marco preso, ni presa La Parota” y “Cecop presente en pie de lucha”.