Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*De la “verdad histórica” a la impunidad histórica

La versión presentada por la PGR el martes pasado como la “verdad histórica” de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala está destinada a cubrir las apariencias frente al mundo y desmovilizar a los padres agraviados, pero no es un producto confiable ni honra el compromiso de las instituciones con la justicia.
Procedimentalmente, la in-vestigación dista mucho de los estándares internacionales y deja insatisfecha, muy insatisfecha, la necesidad de saber de los padres de los normalistas desaparecidos o acribillados. No hay certeza en esa versión. Al contrario, la versión misma y el camino que recorrió la PGR para llegar a ella son similares a otras investigaciones que los gobiernos del PRI han manipulado en otros momentos de la historia para desembarazarse de casos que les queman las manos.
En la urgencia de presentar una versión definitiva sobre el caso Ayotzinapa y en el pulimento y acomodo de los testimonios en que se basa se encuentra el ADN que aparece también en la matanza de Tlatelolco, en la matanza de Aguas Blancas, en la matanza de El Charco, en la matanza de Tlatlaya y también en el caso de las mansiones adquiridas por Enrique Peña Nieto en condiciones notoriamente irregulares. Es el ADN de la simulación y de su hija la impunidad.
Algo o mucho de lo que la PGR dice que ocurrió aquella noche sangrienta seguramente sucedió. Muchos o todos los que han sido detenidos seguramente intervinieron en los hechos. Pero a pesar de ser cierto lo anterior, hay muchas preguntas que la versión de la PGR no responde, y sin esas respuestas es imposible declarar concluido el caso, como sin embargo hizo el procurador Jesús Murillo Karam.
¿En qué parte del mundo 43 jóvenes pueden ser detenidos por la policía y luego entregados a un grupo criminal, y éste trasladarlos a un basurero para matarlos y arrojarlos a una hoguera de dimensiones colosales que habría podido ser vista desde la estación espacial internacional, sin que se den cuenta de esa aparatosa maniobra otras fuerzas e instituciones de seguridad de las diversas que confluyen en una ciudad? ¿Qué Ejército ciego e inepto era el que estaba esa noche en Iguala, que acudió a los hospitales a intimidar a los estudiantes pero no se dio cuenta de cómo en sus narices otros jóvenes eran arrastrados al sacrificio? ¿Dónde estaba la Policía Federal que no se dio cuenta de ese trasiego de seres humanos? ¿Cómo pudieron los criminales ejecutar la quemazón en medio del aguacero que cayó aquella madrugada en Cocula? Y podríamos agregar estas otras preguntas: ¿por qué motivo o razón decidieron los sicarios incinerar los cadáveres, si están acostumbrados a abandonar los cuerpos o a enterrarlos en fosas clandestinas? Y claro, la principal de todas: ¿con qué objetivo atacaron y mataron a los jóvenes?
En esas preguntas pensaba seguramente el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, cuando al tomar posesión de su cargo hace unas semanas preguntó dónde estaban las autoridades mientras se desarrollaba la tragedia de Iguala. Eso es como preguntarse ahora mismo dónde están las instituciones de procuración de justicia que dejan tantos vacíos y cabos sueltos, y en lugar de aplicar criterios exhaustivos en la investigación optan por fabricar una versión que medio se acomoda a los acontecimientos, pero no colma la demanda social y de los familiares de las víctimas.
Es imposible creer que ni el Ejército ni la Policía Federal se dieron cuenta de la persecución y del ataque a balazos que los policías municipales de Iguala emprendieron contra los estudiantes, que no duró minutos sino horas y que se desplazó por muchas calles de la ciudad dejando un reguero de cadáveres. ¿Pues dónde estaban los soldados y dónde los agentes de la Policía Federal? ¿Acaso no es tan sólo esa extraña ausencia un motivo suficiente para investigar? ¿Puede haber cuatro o cinco horas de balazos y media docena de muertos en una ciudad sin que las autoridades muevan un dedo para investigar qué pasa o para intervenir?
La respuesta más obvia a esas interrogantes, y que los vacíos de la PGR permite plantear legítimamente, es que el Ejército y la Policía Federal se abstuvieron de intervenir porque protegían precisamente las acciones de los policías municipales y de los criminales del cártel Guerreros Unidos contra los normalistas. La excusa expuesta en noviembre por el procurador Murillo Karam para la pasividad del Ejército es que no intervino pues habría sido riesgoso, porque no habría sabido hacia qué lado disparar, pero ese criterio sirve de pretexto para los primeros momentos del ataque, cuando es admisible el argumento de la confusión, pero no para después, para las siguientes horas en que los estudiantes continuaron indefensos y bajo fuego. ¿Y la Policía Federal?
La interposición de la fuerza militar y federal habría inhibido, frenado o impedido la consumación de los planes de policías municipales y criminales. Eso es lo que el gobierno de Peña Nieto se niega a investigar, aun cuando testimonios periodísticos sugieren a partir de documentos oficiales que la ausencia de las fuerzas militares y federales fue una decisión, no una omisión ni negligencia, pues tanto el gobierno del estado, entonces a cargo de Ángel Aguirre Rivero, como el federal siguieron paso a paso los movimientos de los normalistas desde que salieron de Ayotzinapa en la tarde, e incluso antes, pues por la mañana el gobierno mandó policías del estado a impedir que los jóvenes se apoderaran de un autobús de la Estrella de Oro en Chilpan-cingo.
La suspicacia con la que fue recibida la “verdad histórica” de la PGR se debe justamente a que no contesta esas y otras dudas profundas que ponen en entredicho la integridad de la investigación, lastiman a los padres y perturban la conciencia nacional. La unanimidad mostrada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, encabezadas por la CNDH y Amnistía Internacional, sobre las inconsistencias de la versión oficial y el apresuramiento de la PGR para declarar resuelto el caso, recoge el malestar social y las dudas que suscita el comportamiento gubernamental. Uno de esos ángulos es que la PGR pretendería bloquear al grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para certificar la imparcialidad y certeza de la investigación, que al llegar al país se encontrará con una averiguación cerrada.
Es evidente que, al cerrar el caso el gobierno federal se propone detener las investigaciones en el punto en el que se hallan ahora, con imputaciones contra el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa como los únicos autores intelectuales de la matanza y desaparición. Quedan sin ser investigados el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el Ejército por sus acciones o sus omisiones, y la Policía Federal. Si hay más hechos y complicidades, el gobierno federal no quiere saberlo o no quiere decirlo. Por eso la “verdad histórica” suena a un encubrimiento histórico. ¿Y dónde están los jóvenes, dónde sus cuerpos si están muertos? Eso ya no le interesa al gobierno.

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