Se queja una actuaria en Chilpancingo de una sentencia de la Suprema Corte; dice que viola derechos de trabajadores

*La Corte falló en su contra un juicio laboral que interpuso porque el Consejo de la Judicatura federal le negó su derecho a solicitar un ascenso

Carlos Navarrete Romeo

Chilpancingo

La actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Chilpancingo, Julieta Jiménez Gutiérrez denunció la violación de los derechos laborales de 35 mil trabajadores del poder Judicial federal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al emitir una sentencia que atenta contra los logros de la base laboral y que los deja desprotegidos ante los abusos de funcionarios de primer nivel.
En conferencia de prensa, acompañada de integrantes del Frente Nacional de Abogados Democráticos, dio a conocer que la SCJN falló en su contra un juicio laboral que ella instauró por lo abusos que sufrió por parte del Consejo de la Judicatura Federal, instancia que le negó su derecho a solicitar un ascenso.
La denunciante aseguró que cuenta con la antigüedad, experiencia y el perfil necesarios para conseguir un asenso, y atribuyó la decisión de la Suprema Corte a las influencias del magistrado del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, Amado López Morales.
Explicó que en 2008 ella y otras seis compañeras de trabajo presentaron una denuncia ante el Consejo de la Judicatura en contra de López Morales, quien las hostigaba laboral y sexualmente; sin embargo, fue hasta dos años después que se emitió una resolución.
Comentó que, en 2011 el Consejo de la Judicatura falló a favor de las siete trabajadoras, sin embargo la sanción consistió en sólo seis meses de suspensión para Amado López, a quien posteriormente enviaron al puerto de Acapulco para trabajar.
Desde noviembre del 2014 el Consejo de la Judicatura lo regresó a la capital designándolo en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, dijo.
A partir de esta situación, Julieta Jiménez indicó que, en complicidad con otros magistrados “hicieron un frente para desprestigiarme y manchar mi imagen”.
Julieta Jiménez recordó que en 2012 presentó una solicitud de ascenso al magistrado Luis Almazán Barrera, de quien dijo que llegó a ese cargo por ser amigo de Amado López.
Explicó que, con la llegada de Almazán Barrera comenzó otra etapa de hostigamiento y violación a sus derechos laborales, toda vez que, en lugar de recibir una respuesta favorable a su petición, iniciaron un juicio en su contra por incumplimiento en su trabajo.
“Con el respaldo de otros dos magistrados. me hicieron ver como una trabajadora que no cumple con sus términos de ley y me mancharon el expediente, me pusieron como lo peor; y él, como juez y parte determinó que yo era responsable y me hizo una amonestación por escrito en mi expediente”.
Ante esta determinación, dijo que acudió ante la Comisión Sustanciadora, donde inició un juicio laboral, consiguiendo que la amonestación y las “malas notas” de su expediente fueran removidas. Esa misma instancia le aconsejó reclamar las horas extras que había trabajado y que no le fueron pagadas, por lo que inició un procedimiento para ejercer ese derecho.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura respondió que no existe ningún lineamiento para que ella reciba un pago por trabajar horas adicionales a su jornada laboral. Ella solicitó un amparó en contra de esa decisión, “pero me la desecharon de entrada porque dicen que no pueden juzgar actos contra el Consejo”.
En consecuencia, pidió la revisión de un amparo directo en el juicio laboral instaurado en contra del Consejo de Judicatura Federal, esto en septiembre de 2012.
Fue hasta el 27 de enero de este año cuando la SCJN emitió una sentencia en la que decidió que “ningún trabajador del poder Judicial de la federación puede presentar un amparo cuando se trate de laudos dictados en los juicios laborales promovidos en contra de su patrón”.
La denunciante aseguró que la Suprema Corte contribuyó “con esa absurda opinión a la violación de derechos humanos y de los convenios internacionales de que se respeten los derechos de todo ser humano”.
Advirtió que con esta decisión la SCJN le concedió al Consejo de la Judicatura “la gracia de colocarse por encima de la Constitución, al prohibir el juicio de amparo en contra de cualquier actuación que provenga de ella”.
Dijo que esta decisión afectará a un total de 35 mil trabajadores de base del poder Judicial federal, “todos los trabajadores del poder Judicial de la federación que sea despedido o que reclame el pago de horas extras, o que pida respeto a la carrera judicial, no puede reclamar, existirá la amenaza de ser despedido sin derecho a recibir el pago de ningún finiquito”.
Sobre su petición de ascender que le fue negada por el Consejo de la Judicatura, dijo que recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, y advirtió que hará lo propio contra la sentencia de la SCJN, al considerar que atenta contra los derechos laborales de los trabajadores del poder Judicial.