El gobierno le apuesta al uso de la fuerza para desmovilizar a quienes apoyan a Ayotzinapa, señala Abel Barrera

*Las autoridades intentan colocar fuera de la legalidad a un movimiento que surge tras las acciones ilegales y delincuenciales de las autoridades, subraya el director de Tlachinollan. “La lucha se debe de trasladar a nivel internacional, además de continuar en la lucha nacional, para que se abran más líneas de investigación”, considera el experto

Anarsis Pacheco Polito

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández declaró que se abre una nueva etapa en el movimiento por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que el gobierno le apuesta al uso de la fuerza para desmovilizar y poner fuera de la legalidad a la lucha de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Después de la conferencia de prensa donde se informó que el traslado del líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Suástegui Muñoz, fue inconstitucional, Barrera Hernández declaró que para el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, no solamente se cierra el caso, sino que viene la mano dura del Estado.
“Es muy lamentable que el gobierno le está apostando al uso de la fuerza para poder, sobre todo desmovilizar y colocar fuera de la legalidad a un movimiento, que surge precisamente de las acciones ilegales y delincuenciales de las autoridades”, enfatizó.
No descartó la posibilidad de un estallido social, porque aseguró no se está resolviendo la causa del problema, porque para los padres no hay pruebas científicas de que sus hijos estén muertos, y por lo tanto las causas de la movilización se mantienen.
Dijo que la mano dura del gobierno se percibe en la presencia de la fuerza militar, lo que muestra el repliegue de los políticos para dejar actuar a la fuerza pública. A la capital llegaron 3 mil soldados, según informó a la Coparmex el comandante de la 35 zona militar, Raúl Gámez Segovia, y mil 300 policías federales están en la ciudad desde el inicio de esta semana, según un cálculo periodístico.
“La Procuraduría se ha cerrado ahora porque ha despreciado a los padres, cuando fue un compromiso presidencial que primero se hablaría con ellos, ahora les dio la espalda y prefirió hablar con los medios”, dijo.
Agregó que como parte de la guerra sucia del gobierno federal, se va a desvirtuar y a desprestigiar a los jóvenes estudiantes de la Normal, además de que existe la posibilidad de que las autoridades digan que están vinculados al crimen organizado.
Barrera Hernández dijo que son insuficientes, para resolver un caso donde hay 43 jóvenes desaparecidos, las declaraciones de cuatro detenidos y la identificación de los restos de uno de ellos, Alexander Mora Venancio.
Recordó que de los demás no se sabe nada, por lo que consideró que es necesario abrir más líneas de investigación.
De las acusaciones al director de la Normal Rural de Ayotzinapa, de que permitió la infiltración del narcotráfico en la institución, dijo que hay campañas del gobierno en las que “señalan a medio mundo”.
“Tenemos que ser muy claros si hay denuncias y éstas no tienen qué ver con la situación de los padres, obviamente tendremos que ver qué podemos hacer como abogados”, agregó.
Recordó que este fin de semana, algunos de los padres de los desaparecidos partirán a Ginebra, Suiza, y presentarán el caso en la Octava Sesión del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Agregó que se espera que vengan los expertos de la Comisión Interamericana el 1 y 2 de febrero, “porque la lucha se debe de trasladar a nivel internacional, además de continuar en la lucha nacional, para que se abran más líneas de investigación”.
Comentó que los expertos vendrán a ver si la investigación se apega a los estándares internacionales, además de dar recomendaciones de cómo debió realizarse la investigación, y de cómo hacer una búsqueda en vida”.
Los organismos internacionales, dijo, no vienen en el papel de jueces, “si no a documentar u obviamente a evidenciar hasta donde la PGR está apegada a los estándares internacionales”.