Demuestran normalistas que la camioneta en que los detuvieron federales no era robada; ponen 13 quejas en la Codehum

*Repudia la CETEG la militarización; es para desmovilizar, dice Abel Barrera, de Tlachinollan

*Lastima a los padres la PGR con su versión de infiltrados del crimen, reclama líder estudiantil

*Invitó al director de la Normal a declarar, dice la PGR; el maestro lo niega

El gobierno le apuesta al uso de la fuerza para desmovilizar a quienes apoyan a Ayotzinapa, señala Abel Barrera

*Las autoridades intentan colocar fuera de la legalidad a un movimiento que surge tras las acciones ilegales y delincuenciales de las autoridades, subraya el director de Tlachinollan. “La lucha se debe de trasladar a nivel internacional, además de continuar en la lucha nacional, para que se abran más líneas de investigación”, considera el experto

Anarsis Pacheco Polito

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández declaró que se abre una nueva etapa en el movimiento por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que el gobierno le apuesta al uso de la fuerza para desmovilizar y poner fuera de la legalidad a la lucha de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Después de la conferencia de prensa donde se informó que el traslado del líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Suástegui Muñoz, fue inconstitucional, Barrera Hernández declaró que para el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, no solamente se cierra el caso, sino que viene la mano dura del Estado.
“Es muy lamentable que el gobierno le está apostando al uso de la fuerza para poder, sobre todo desmovilizar y colocar fuera de la legalidad a un movimiento, que surge precisamente de las acciones ilegales y delincuenciales de las autoridades”, enfatizó.
No descartó la posibilidad de un estallido social, porque aseguró no se está resolviendo la causa del problema, porque para los padres no hay pruebas científicas de que sus hijos estén muertos, y por lo tanto las causas de la movilización se mantienen.
Dijo que la mano dura del gobierno se percibe en la presencia de la fuerza militar, lo que muestra el repliegue de los políticos para dejar actuar a la fuerza pública. A la capital llegaron 3 mil soldados, según informó a la Coparmex el comandante de la 35 zona militar, Raúl Gámez Segovia, y mil 300 policías federales están en la ciudad desde el inicio de esta semana, según un cálculo periodístico.
“La Procuraduría se ha cerrado ahora porque  ha despreciado a los padres, cuando fue un compromiso presidencial que primero se hablaría con ellos, ahora les dio la espalda y prefirió hablar con los medios”, dijo.
Agregó que como parte de la guerra sucia del gobierno federal, se va a desvirtuar y a desprestigiar a los jóvenes estudiantes de la Normal, además de que existe la posibilidad de que las autoridades digan que están vinculados al crimen organizado.
Barrera Hernández dijo que son insuficientes, para resolver un caso donde hay 43 jóvenes desaparecidos, las declaraciones de cuatro detenidos y la identificación de los restos de uno de ellos, Alexander Mora Venancio.
Recordó que de los demás no se sabe nada, por lo que consideró que es necesario abrir más líneas de investigación.
De las acusaciones al director de la Normal Rural de Ayotzinapa, de que permitió la infiltración del narcotráfico en la institución, dijo que hay campañas del gobierno en las que “señalan a medio mundo”.
“Tenemos que ser muy claros si hay denuncias y éstas no tienen qué ver con la situación de los padres, obviamente  tendremos que ver qué podemos hacer como abogados”, agregó.
Recordó que este fin de semana, algunos de los padres de los desaparecidos partirán a Ginebra, Suiza, y presentarán el caso en la Octava Sesión del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Agregó que se espera que vengan los expertos de la Comisión Interamericana el 1 y 2 de febrero, “porque la lucha se debe  de trasladar a nivel internacional, además de continuar en la lucha nacional, para que se abran más líneas de investigación”.
Comentó que los expertos vendrán a ver si la investigación se apega a los estándares internacionales, además de dar recomendaciones de cómo debió realizarse la investigación, y de cómo hacer una búsqueda en vida”.
Los organismos internacionales, dijo, no vienen en el papel de jueces, “si no a  documentar u obviamente a evidenciar hasta donde la PGR está apegada a los estándares internacionales”.

Lastima a los padres de Ayotzinapa la PGR con su versión de infiltrados del crimen organizado

Los señalamientos que vinculan con el crimen organizado a dos de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos por policías en Iguala son infundados, y lastiman mucho a los padres de las víctimas, denunció el secretario del comité directivo estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, Pedro David Flores Maldonado.
Demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) que esclarezca esta situación ante la opinión pública.
En consulta telefónica, el dirigente señaló que hubo un mal manejo de la información del procurador, Jesús Murillo Karam, al decir sin evidencias que dos estudiantes desaparecidos pueden ser integrantes de una banda criminal, sólo para validar el móvil de la tesis de la PGR que dice que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, y que en los autobuses donde viajaban los normalistas había infiltrados de la banda criminal Los Rojos, contraria a la que opera en Iguala, Guerreros Unidos.
En uno de los videos que se difundieron en la conferencia de prensa de Murillo Karam el lunes, se muestran el rostro, nombre y apodo (El Cochiloco) del estudiante Bernardo Alcaráz y de Miguel Ángel Hernández, a quién la PGR identificó como El Patilludo.
Aseguró que son falsas las declaraciones de los cuatro inculpados por la dependencia federal en los crímenes de Iguala, y que aparecen en el video que presentó.
Afirmó que las investigaciones son sumamente deficientes, y los desaparecidos de víctimas pasaron a ser implicados en los delitos.
Aclaró que los padres de los dos normalistas señalados participan activamente en el movimiento por la presentación con vida de los 43, y van exigir juntos una rectificación a las autoridades.
Acusó que la postura del gobierno federal es parte de la estrategia gubernamental para desprestigiar a los estudiantes movilizados, y luego reprimir al movimiento física, política y moralmente.
“No es nada malo seguir buscando a a nuestros compañeros con vida y exigir en exigencia del esclarecimiento completo de los crímenes”, agregó. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

“Invitó” a declarar al director de Ayotzinapa, dice la PGR; nunca se le notificó, responde

*Se rumora que fue detenido por la dependencia federal, pero José Luis Hernández fue entrevistado ayer en Chilpancingo

Lourdes Chávez y Agencia Proceso

Chilpancingo

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el martes “invitó” al director de la Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera a que rindiera su declaración ministerial ante esa dependencia, debido a los ataques de policías y sicarios contra estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de noviembre en Iguala.
Sin embargo, la agencia Proceso informó que el director negó haber sido notificado para declarar.
“A mí no me han enviado oficio alguno”, dijo Hernández Rivera ante el señalamiento en el boletín de la PGR.
El docente fue entrevistado ayer en una cafetería ubicada al sur de esta capital, donde realizaba un trámite administrativo y espacio en el que funcionarios de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) laboran de manera provisional, luego de la toma y cierre de oficinas por activistas del movimiento que exige justicia y castigo ante los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
En la cafetería del lugar y rodeado de colaboradores y su hijo, Hernández Rivera dijo que se comunicaría vía telefónica con funcionarios de la PGR para preguntar si existe un requerimiento para que acuda a declarar.
El director de la Normal volvió a rechazar los señalamientos que hizo el presunto sicario de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quien lo acusó de recibir dinero de operadores de la banda criminal Los Rojos para enviar a los normalistas a hacer “desmadres” a Iguala.
José Luis Hernández dijo que se siente tranquilo frente a la imputación que, aseguró, carece de sustento lógico.
Consideró que las acusaciones de El Cepillo, que son utilizadas por la PGR para involucrarlo en el caso, hasta el momento no ponen en riesgo su integridad y reiteró que su labor se ha enfocado en la docencia, y que su principal actividad en la Normal es académica.
Al director dos detenidos lo relacionaron con el grupo delictivo Los Rojos, que habría motivado  los ataques de policías municipales y sicarios contra los estudiantes, donde seis personas fueron asesinadas y 43 normalistas fueron desaparecidos.
En un párrafo en su página oficial de Internet, la PGR desmintió el rumor de que el maestro había sido detenido.
A través de sus familiares se supo que el director hacia trámites en las oficinas centrales de la SEG, cuando trascendió su presunta detención.
El miércoles, Hernández Rivera declaró que no había sido requerido por ninguna autoridad judicial, pero que acudirían en su caso.
Además de negar su detención, la Procuraduría señaló que el 27 de enero “se invitó al director de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, José Luis Hernández Rivera a rendir su declaración ministerial, quien hasta el momento no se ha presentado a la misma, razón por la cual, se desmienten las versiones acerca de su detención”.
La PGR tampoco precisó a qué domicilio envió la invitación al director para que se presente a declarar, pues las áreas administrativas y directivas de la Normal Rural seguían cerradas ayer, en apoyo al movimiento de los padres de los desaparecidos.

Detuvieron a los normalistas porque iban en un auto robado, dice la Policía Federal; un documento lo desmiente

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

La versión oficial de cuando 12 estudiantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) fueron detenidos, golpeados, encañonados y amenazados en la Autopista del Sol, es que dos vehículos en los que viajaban tenían reporte de robo.
El miércoles, en un comunicado oficial, la Policía Federal informó que alrededor de la 1 de la tarde, agentes de la División de Seguridad Regional, cuya función es vigilar y otorgar seguridad a la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, identificó una camioneta pick up blanca que no portaba placa de circulación al frente.
Los agentes marcaron el alto al conductor, pero éste aceleró y se dirigió hacia Chilpancingo, entonces se implementó un dispositivo para alcanzar al vehículo y lo detuvieron varios kilómetros adelante.
Según la dependencia se requirió al conductor que acreditara la propiedad de la camioneta pero no contaba con la documentación correspondiente, entonces se determinó su traslado al depósito de automóviles en Chilpancingo.
Simultáneamente, en la caseta de Palo Blanco, “un grupo de civiles algunos con el rostro cubierto”, que viajaban en una camioneta tipo Van, también hicieron caso omiso a la solicitud de parar la marcha. El conductor aceleró y se dirigió contra los policías federales, quienes alcanzaron a esquivar un posible impacto.
Según el informe, al intentar evadirse, los elementos obligaron al vehículo a detenerse y de ahí descendieron varias personas en actitud agresiva contra los agentes, “por lo que se procedió a su sometimiento según lo marcan los protocolos sobre el uso racional de la fuerza y tras confirmar que ambos vehículos contaban con reporte de robo, éstos quedaron a disposición de la autoridad ministerial”.
Sin embargo, ese día en la noche durante una conferencia de prensa, los normalistas agredidos presentaron ante los medios de comunicación un documento expedido por el Registro Público Vehicular, en el que se demostró que la camioneta tipo pick up que quedó a disposición de la Policía Federal, no tenía reporte de robo.
Además, en un video que grabaron los normalistas antes de ser sometidos por los uniformados, se observa claramente el uso excesivo de la fuerza que se empleó durante la detención del vocero del FUNPEG, Sergio Carbajal, quien en las imágenes se ve que es golpeado por los policías y se escuchan los gritos de dolor del joven.
Por otra parte, según el gobierno federal, los policías federales a cargo del denominado “blindaje de casetas” en Guerrero, únicamente debían portar toletes y escudos pero en las imágenes que fueron captadas por reporteros de El Universal, y en los videos, los policías portan armas de fuego con las que apuntaron directamente a los normalistas.