Defensoría Pública, sin capacitación ni equipo al arrancar las salas orales

La primera etapa del nuevo sistema de justicia arrancó con un pendiente: capacitar a todos los defensores públicos y equipar debidamente sus oficinas.
En un recorrido por la Defensoría Pública, que se encuentra a un costado de las nuevas salas orales para delitos no graves, en Doctor Liceaga, Reforma constató que esas oficinas no han sido equipadas por completo.
Esa fue la principal inconformidad señalada por algunos defensores, que prefirieron permanecer en el anonimato, por temor a represalias.
La mayoría de los cubículos de los abogados no tienen una computadora, y un defensor prefirió llevar su propia laptop.
En el resto de los escritorios se pueden observar ordenamientos como el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal para el DF.
Una de las abogadas aseguró que esta área está conformada por 30 defensores, aunque la capacitación la iniciaron 50.
El pasado 27 de enero, los abogados públicos tuvieron sus primeras audiencias orales.
A ellas acudieron dos defensores, uno que tomó la palabra y otro que lo apoyó, pero que no participó directamente.
Las instalaciones lucen nuevas, con paredes recién pintadas y abogados que aprovechan el tiempo para consultar el Código Nacional y aclarar dudas sobre el procedimiento.
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de quien dependen los abogados públicos, informó que hay 150 defensores habilitados y operando en la primera etapa del nuevo sistema de justicia penal, y confirmó que en el inmueble de Liceaga hay 30, aunque no detalló la adscripción del resto.
Aseguró que se cuenta con mobiliario, conexión de datos y voz, y que se busca completar el equipo de cómputo requerido con el fondo de apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).
Una vez que se tenga el equipo de cómputo, señaló la Consejería, habrá un sistema de intercomunicación entre la Defensoría Pública y la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) y el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF).
La Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) ya había ha documentado las carencias de los defensores de oficio en 12 juzgados de los reclusorios Oriente, Norte y Sur y del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.
Esta verificación se realizó antes de que se implementara la primera etapa del nuevo sistema de justicia para delitos no graves.
El organismo local señaló que los abogados no tienen teléfono ni internet en su cubículo, lo que les impide consultar jurisprudencia, tratados internacionales y reformas legislativas, además que no se les proporciona papelería, hojas, plumas, ni servicio de fotocopiado, por lo que deben adquirirlos con su dinero. (Agencia Reforma / Ciudad de México).