Agudiza la impunidad la práctica de las desapariciones forzadas en el país: CNDH

*Los antecedentes se encuentran en los años 70, señala el ombudsman Luis Raúl González Pérez en el informe que presentará hoy a la ONU en Ginebra y donde reconoce que los derechos humanos en México enfrentan una de sus etapas más críticas tras el caso de los 43 normalistas en Guerrero

Agencia Reforma

Ciudad de México

La impunidad ha agudizado la práctica de las desapariciones forzadas en México, cuyos antecedentes se registran en los años 70, advierte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un informe dirigido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el marco de la comparecencia de México ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones forzadas, que tendrá lugar hoy en Ginebra, Suiza, el ombudsman Luis Raúl González Pérez elaboró un informe en el que fija el posicionamiento del organismo sobre dicho fenómeno.
De acuerdo con el reporte, el titular de la CNDH reconoce que los derechos humanos en el país enfrentan una de sus etapas más críticas y que la falta de garantía de la no repetición contribuyen a la persistencia de la desaparición forzada, como fue el caso de los 43 normalistas en Guerrero.
“El antecedente de las desapariciones forzadas durante la década de los 70 y principios de los 80, demuestran que la impunidad en esos casos ha generado condiciones para que delitos tan graves se sigan cometiendo, y que no haya operado la garantía de no repetición como se demuestra en el caso de los lamentables hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que visibilizaron cómo se ha agudizado en los últimos años esta práctica”, indica.
En su informe, la CNDH señala que ha emitido 13 recomendaciones por desaparición forzada que involucran a 37 víctimas, dirigidas a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno.
No obstante, reconoce que no existen cifras reales sobre el número de desaparecidos en el país por la falta de base de datos sólida y precisa.
Incluso denuncia que hasta el momento no se ha publicado el reglamento del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
“La falta de concordancia en las cifras ofrecidas por la CNDH respecto de aquellas mencionadas por el Gobierno de México en cuanto al número de personas desaparecidas o no localizadas en el país, además de la falta de precisión sobre el número de casos donde existan indicios de desaparición forzada, demuestran que no existe hasta el momento un análisis claro sobre la realidad de este fenómeno”, CNDH”, añade.
Entre las medidas que se deben adoptar para la atención integral de la problemática en la materia, el ombudsman sugiere la publicación de una Ley General de Desaparición Forzada, tipificar la participación de particulares, contar a la brevedad con un registro sobre fosas clandestinas y con un sistema para la búsqueda de personas no localizadas, además de capacitar a funcionarios.
Mostrará CEAV la atención a 190 casos en los últimos tres años

Como parte de la delegación mexicana que acudirá a la evaluación ante Naciones Unidas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) está dispuesta a reconocer el problema de la desaparición forzada en el país.
En entrevista, el comisionado Julio Hernández Barros aseguró que, ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, la CEAV dará a conocer la cifra de 190 casos de desaparición forzada atendidos en los últimos tres años.
“Nosotros decimos que hay que reconocer el problema como un fenómeno real, y que reconociendo el problema es mucho más fácil encontrar una solución al mismo que pretendiendo que no existe. Esa es la postura de la Comisión y que vamos a defender allá”, afirmó.
La CEAV ha atendido más de 2 mil 500 casos de desaparición, algunos reportados a partir de su creación en 2014, y otros casos heredados de la extinta Procuraduría de Atención Social a Víctimas del Delito (Províctima).
De estos, dijo, 190 son calificados como probables desapariciones forzadas, es decir, que contaron con la intervención o consentimiento de agentes del Estado.
Frente a Naciones Unidas, la Comisión defenderá que cada caso es atendido por un asesor jurídico federal, además de que las víctimas reciben ayuda psicológica, médica, de trabajo social, y monetaria en caso de traslados cuando se trata de cuestiones jurídicas.
La mayor parte de las denuncias, abundó Hernández Barros, son por desapariciones a manos de policías municipales.
“No hay peor dolor para un ser humano que tener un familiar desaparecido; llega al límite máximo. Muchos incluso preferirían encontrar a su desaparecido sin vida, que seguir la incertidumbre”, consideró.

Defiende el embajador Jorge Lomónaco “avances”

La implementación de medidas para prevenir y sancionar la desaparición forzada toma tiempo, planteó ayer el embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante organismos internacionales con sede en Ginebra.
En entrevista telefónica, previa a su participación en la evaluación de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, expuso que en el país hay avances en la construcción del marco institucional pero aún falta consolidarlo en la materia, de manera que se construya un sistema efectivo, eficiente, de prevención, de búsqueda y de castigo.
“Los autores de la Convención están conscientes de que las medidas toman tiempo para ser implementadas en el marco institucional, entonces, estamos reportando los avances, explicando los motivos que nos han retrasado la implementación de algunas de ellas.
“Y esperaremos escuchar atentamente las recomendaciones que nos hagan los miembros del Comité porque estamos convencidos que sus recomendaciones son muy importantes para asegurar una efectiva implementación de las obligaciones”, manifestó.
Respecto al caso Ayotzinapa, expuso que el Comité no revisa casos específicos; no obstante, dijo que el país está preparado para responder cualquier cuestionamiento sobre éste o cualquier otro caso