Por ley no pudo desistirse el fiscal de los cargos contra Nestora, dice abogado

Mariana Labastida

El abogado de las viudas de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, dijo que por los candados en la ley, el fiscal general Miguel Ángel Godínez Muñoz negó desistirse de los cargos contra la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y que son sus abogados los que deben presionar para que los jueces la trasladen a Guerrero, para su defensa jurídica.
Que se debe de trabajar para que, ante la detención de cualquier luchador social, se tengan diálogos inmediatos con el ejecutivo estatal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal estatal, apegados a derecho, porque siempre se les apresa con el objetivo de desmantelar los movimiento sociales.
En declaraciones durante una visita a la Redacción de El Sur, Sánchez Sánchez explicó que en caso de que el fiscal general hubiera otorgado el desistimiento de los cargos contra Nestora Salgado, incurriría en conducta ilegal, debido a que es el representante de las víctimas del delito. Por lo que las éstas se pueden inconformar ante cualquier resolución, ampararse y fincar responsabilidades al fiscal.
Que el gobernador Rogelio Ortega actuó de manera congruente con sus principios de izquierda, pero el fiscal tiene candados por ley.
Por lo que Sánchez Sánchez sugirió a los abogados de Nestora Salgado, así como de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos y Gonzalo Molina, a enfocarse en las pruebas que tienen para demostrar su inocencia, así como que promuevan y se inconformen ante las determinaciones de los jueces.
Les recomendó que promuevan el traslado de Nestora Salgado a una cárcel de Guerrero, para una defensa menos desgastante que la implicada en llevarla hasta el penal de Tepic, Nayarit, y más adecuada.
Resaltó que la presión social de los casos debe de ir al poder judicial, por la lentitud de los jueces, quienes no emiten las promociones con rapidez.
Ejemplificó el problema de la defensa, cuando los acusados están fuera del estado, con el caso del dirigente del Frente de Organizaciones del Estado de Guerrero, Tomás de Jesús Barranco, quien fue acusado de pertenecer al EPR, condenado a 40 años de prisión por delitos de terrorismo y homicidio, y hasta hace un mes estaba recluido en un penal de Matamoros, Tamaulipas. Caso en el que indicó no se han acatado las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.