Cuestionan en la ONU la actuación del Estado mexicano en el caso de Iguala

“¿Por qué la PGR tardó 10 días en atraer la indagatoria del caso?”, inquiere el francés Emmanuel Decaux, director del Centro de Investigación sobre Derechos Humanos y Derecho Humanitario. “El eje central de esta discusión es la distancia que existe entre las palabras y los hechos”, señala Luciano Hazan miembro del Comité de Desapariciones Forzadas. La delegación mexicana llama al comité a “actuar con sentido de responsabilidad, de diálogo y cooperación con aquellos Estados que voluntariamente decidimos asumir las obligaciones derivadas de la Convención”

Redacción

Ginebra

El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas cuestionó ayer, en su primera audiencia sobre México, la tardanza con que la PGR atrajo el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
“¿Por qué la PGR tardó 10 días en atraer la indagatoria del caso?”, cuestionó uno de los miembros del Comité, el cual fue presidido en su primera jornada por el francés Emmanuel Decaux, director del Centro de Investigación sobre Derechos Humanos y Derecho Humanitario (CRDH, por sus siglas en francés).
Los miembros del Comité también pidieron cuentas sobre la efectividad del mecanismo de protección a periodistas, activistas, testigos y familiares de víctimas.
Además, los motivos por los que no se ha adoptado la Ley General sobre Desaparición Forzada y el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
También lanzaron preguntas sobre el número de elementos de la fuerza pública que han sido procesados por el delito de desaparición forzada, y la fecha prevista para retirar al Ejército de las calles del país, pues varios expertos de Naciones Unidas consideran éste un paso fundamental para reducir el número de desaparecidos.
En las dos sesiones públicas que ayer tuvieron lugar en la sala de conferencias del Palacio Winston, los cuestionamientos de los miembros del comité al desempeño del gobierno mexicano no paraban, principalmente los que provenían de los dos relatores, Rainer Huhle y Luciano Hazan.
“El eje central de esta discusión es la distancia que existe entre las palabras y los hechos”, sentenció Hazan.
La carencia de cifras y metodologías precisas sobre el número de desapariciones forzadas fue uno de los temas recurrentes, así como el laberinto legal que representa la repartición de atribuciones judiciales entre la federación y los estados.
La delegación del gobierno mexicano, compuesta por 27 personas, no dio respuesta precisa a esa y otras preguntas concretas que se les solicitaron con insistencia, como el número de funcionarios suspendidos por estar implicados en desapariciones o si había un plan del gobierno de Enrique Peña para regresar al ejército a los cuarteles.
Las explicaciones enredadas de los mexicanos sobre las competencias de los estados y la federación no ayudaron, pues los miembros del comité continuaban planteado las mismas preguntas.
Sin embargo, ante la insistencia en el caso Ayotzinapa, Decaux precisó que la sesión sobre México no fue convocada para discutir casos concretos.
“Queremos adoptar una visión sistemática de los progresos y problemas en México, en términos de legislación, medidas prácticas, organización y cómo la metodología aplicada responde a las necesidades de las víctimas”, explicó al hablar del objetivo de la audiencia de dos días, la cual concluirá hoy y publicará sus observaciones finales el 13 de febrero.

Admite Cancillería “desaparición forzada” en Iguala

Al presentar ayer un informe ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, admitió que la tragedia de Iguala representó un caso de “desaparición forzada” –es decir, crimen en que estuvieron implicados agentes del Estado mexicano–, pero urgió al comité a “ir más allá de la crítica” al poner en contexto la situación de los derechos humanos en México.
“Vale la pena recordar de dónde venimos y, sin triunfalismos, apreciar lo que la sociedad y las instituciones públicas en México hemos avanzado a lo largo de poco más de tres décadas”, declaró el embajador en Ginebra, Suiza, al urgir a “cualquier organización internacional de derechos humanos” a privilegiar el diálogo y “evitar incurrir sólo en la descalificación”.
En tono defensivo, culminó su discurso al llamar al comité a “actuar con sentido de responsabilidad, de diálogo y cooperación con aquellos Estados que voluntariamente decidimos asumir las obligaciones derivadas de la Convención (para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada)”.
La delegación mexicana fue encabezada por Juan Manuel Gómez Robledo, y conformada por un equipo de alrededor de 20 de funcionarios de diversas áreas.
El bloque cerró filas en torno al caso Iguala y afirmó que el carpetazo sólo llegará cuando los responsables sean juzgados.
“Cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad, pasar del dolor a la recomposición del tejido social”, sostuvo Robledo en el Palacio Wilson de Ginebra.
Agregó que los soldados estarán en las calles mientras México no cuente con una fuerza de seguridad capaz de cubrir el territorio nacional.
Dijo que para un país siete veces más grande que Italia son insuficientes 40 mil agentes federales y 5 mil gendarmes.

Visiones antagónicas

A través del informe que entregó ayer la representación de México en Ginebra, el gobierno de Enrique Peña Nieto respondió a cada una de las 25 preguntas que emitió el comité el 20 de octubre pasado para que el Estado precisara sus formas de luchar contra la desaparición forzada.
En contraste, organizaciones de la sociedad civil proporcionaron sus propias respuestas a algunas observaciones del comité para exponerle su visión de las medidas implementadas por el gobierno mexicano.
El “informe alternativo” subraya ciertos huecos en la lucha contra la desaparición forzada desplegada por la gestión de Peña Nieto y concluye sobre “la emergencia para que el Estado mexicano deje de minimizar la crisis de las desapariciones de personas que atraviesa México y dé muestras contundentes de voluntad política, a través de medidas para superar las deficiencias técnicas en materia de investigación y búsqueda”.
Así, cuando el gobierno dijo al comité que existen desde abril pasado varias iniciativas legislativas y el exhorto del propio Peña Nieto para la creación de una Ley General contra la Desaparición Forzada, un conjunto de 13 ONG precisó que “no se ha adoptado ninguna iniciativa” y además denunció que la sociedad civil no ha participado en la redacción de ninguna de esas propuestas.
En su intervención, el embajador Robledo recordó las diez medidas para “mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho en México” que anunció Peña Nieto a finales de noviembre.
En su informe alternativo, las ONG calificaron estas medidas de “preocupantes”, ya que “tienen que ver nuevamente con la militarización y la seguridad de todo el país mediante la creación de un mando único, más que con el tema principal de realizar la búsqueda de los miles de desaparecidos”.
Y concluyeron que el decálogo peñista deja fuera “aspectos fundamentales” en materia de derechos humanos, como un plan nacional de búsqueda en vida, el fortalecimiento de las labores periciales, la transparencia en la información o el fortalecimiento de las autoridades responsables de las investigaciones.

Falles del Renped

En algunos casos concretos, las interpretaciones del gobierno y las de las ONG son muy diferentes. Por ello, el comité considerará las distintas versiones de una misma realidad en el momento de emitir sus observaciones al gobierno mexicano para que éste cumpla con todas las disposiciones de la Convención.
En su informe, por ejemplo, el gobierno asegura que mantiene actualizado, con una “depuración permanente y activa”, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Renped), el cual puede consultarse en línea.
No obstante, las ONG plantearon que “en diversas ocasiones y después de varios intentos desde diversas computadoras, en la mayoría de las veces no fue posible acceder al Renped”, mientras que cuando lograron ingresar al portal, “más de la mitad de sus casos no se encuentran registrados”.
También aseveraron que la definición de “personas no localizadas” vigente en la ley es vaga y “excluye los casos de secuestro, a pesar de que muchos casos de personas desaparecidas son clasificados de esta manera y por lo tanto no están reflejados en las cifras de personas no localizadas”.
Asimismo, las ONG señalaron que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Extraviadas “no ha tenido los resultados esperados”, ya que según ellas únicamente localizó a 86 personas –102, según el gobierno—, y denunciaron que el gobierno recortó el presupuesto de la unidad “en al menos 63%”.
En su informe, la administración peñista planteó que desde la reforma al Código de Reforma Militar, en junio pasado, el fuero castrense ha dejado de tener competencia para investigar presuntos hechos cometidos por militares, e informó que entre 2012 y 2014 se turnaron mil 211 averiguaciones previas de la justicia militar a tribunales civiles.
Si bien las organizaciones reconocieron y saludaron la reforma, advirtieron al Comité de la ONU que la masacre de Tlatlaya y su encubrimiento por parte de la institución militar revelaron la ausencia de “controles civiles efectivos” en el seno del Ejército.

En el olvido, la “guerra sucia”

El Comité de ONU pidió en octubre al gobierno mexicano que desglosara las acciones que emprendió en búsqueda de las personas desaparecidas durante la “guerra sucia”.
La administración de Peña Nieto dijo que contaba con 252 averiguaciones previas abiertas, a raíz de las cuales realizó entrevistas a militares de alto rango, escaneos de subsuelo en distintos lugares, labores de excavación y elaboración de perfiles genéticos. Al final, admitió, sólo “se localizó a dos personas gracias a estas acciones”.
Las organizaciones lo resumieron de otra forma: “Los avances en las investigaciones siguen siendo nulos”.
Y recordaron que la administración de Peña Nieto sigue sin reconocer la competencia del comité para recibir casos de integrantes de la sociedad civil víctimas de desaparición forzada, a pesar de que este reconocimiento queda plasmado en la Convención, la cual entró en vigor en México en diciembre de 2010.

Padres exigen que la ONU presione al gobierno mexicano para que diga la verdad sobre Ayotzinapa

La presencia en la sala de sesiones de padres de dos de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa marcó el primer día de trabajo del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que se evaluó la situación de México en esa materia.
Previamente, en una reunión a puerta cerrada entre los miembros del Comité y organizaciones no gubernamentales, Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján, e Hilda Leguideño, madre de José Antonio Tizapa, solicitaron a la ONU que presione al gobierno mexicano para que no cierre el caso y prosiga con las investigaciones sobre el paradero de sus hijos.
“Les pedimos que exijan al gobierno mexicano que se hagan bien las investigaciones. La Procuraduría General de la República (PGR) dice que están muertos, pero no le creemos: una vez ya nos dijeron que nuestros hijos estaban en fosas y no era cierto. Les solicitamos que presionen al gobierno para que diga lo que realmente pasó con nuestros hijos”, comentó a Agencia Proceso Hilda Leguideño.
Los miembros del Comité “manifestaron (a los padres) la voluntad de que las recomendaciones, que harán al gobierno mexicano al término de la evaluación, aporten a la búsqueda de los desaparecidos”, señaló a esta agencia Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de I(dh)eas, una organización de litigio estratégico en derechos humanos.
México, como otros 44 Estados, ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por lo que presentó un informe de revisión en abril pasado. En enero pasado respondió a las preguntas que formularon los miembros del comité.
La comisión de los padres de los estudiantes ha denunciado que la fiscalía quiere cerrar el caso y que los han engañado.
“Nuestro gobierno nos ha engañado, nos ha ido atormentando, porque siempre lo mismo, ya no le tenemos confianza, una buena respuesta es que dijera que ya tenemos a los muchachos”, declaró ante la prensa a la salida de la audiencia matinal Bernabé Abraján, uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Se analiza la competencia de la ONU en casos individuales: SRE

Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, señaló que el Gobierno de México está evaluando la competencia de que el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas analice casos individuales en la materia, como el de los normalistas de Ayotzinapa.
Indicó que también se requiere una autorización del Senado de la República para que la ONU analice dichos casos.
“El Comité, no es un Comité de carácter judicial no es una instancia jurisdiccional como si lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en efecto existe la posibilidad, es una opción que tienen los estados parte, de aceptar que el Comité pueda recibir peticiones individuales”, comentó en entrevista para MVS Radio
“En este caso México, el Gobierno federal está evaluando la conveniencia de aceptar o de no aceptar la competencia, se trata de un proceso deliberativo que no ha concluido y que en todo caso requiere también el concurso del Senado de la República”
El embajador agregó que el Comité de la ONU está interesado en conocer los avances de México en materia de desaparición forzada y de conocer cómo están funcionando las dependencias que se crearon para atender a las víctimas de este delito.
“Hay mucho interés por la reforma constitucional, por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada que derivaría de esa reforma constitucional, mucho interés por entender como están funcionando nuevas instituciones del estado, como la de atención a víctimas, todas la preguntas están yendo de ese lado”, aseveró.

“Fue una sesión muy tensa”

La primera sesión en que México fue evaluado por la ONU en desaparición forzada se dio en medio de tensión.
“Fue una sesión muy tensa en la que fueron eludidos cuestionamientos sobre Iguala y hubo reticencias para que México fuera examinado de la A la Z en materia de desapariciones forzadas”, contó Helena Solá, de la Organización Mundial contra la Tortura.
“El Gobierno habló de las medidas que tomará, pero no pudo mostrar lo que está haciendo hoy para acabar con la crisis de impunidad y de graves violaciones a las garantías individuales”.
En la cita, de casi 6 horas, la delegación mexicana dijo que el Estado no ha escatimado en recursos para conocer el paradero de los normalistas. (Con información de Inder Bugarin / Agencia Reforma y Marco Appel y Mathieu Tourliere / Agencia Proceso).