Promete el gobernador un millón de pesos para protección a los defensores de derechos humanos

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández informó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometió a dar un millón de pesos al Consejo de Protección y Defensa de los Defensores de Derechos Humanos que aprobó el Congreso del Estado pero sin destinar recursos.
Así, sin presupuesto, el consejo se instaló el 21 de febrero pasado para defender a los defensores de derechos humanos de la entidad pues son víctimas de persecución, desaparición y asesinato, por eso la urgencia de que dicho consejo cuente con dinero para operar.
Ayer circuló un boletín del gobierno del estado que da cuenta de la reunión del consejo (integrado por Juan Alarcón como presidente, el secretario técnico Ángel Miguel Sebastián Ríos, por los Académicos José Gilberto Garza Grimaldo, María Luisa Garfias Marín, Claudio Flores Jaimes, Beatriz Silvia Castillo Salgado e Irma Matilde Colín Guevara) con el gobernador.
Del encuentro, Alarcón Hernández dijo que a Aguirre Rivero se le planteó la posibilidad de crear una policía especializada para que haya medidas cautelares de defensores de derechos humanos, la cual dependería del organismo.
En cuanto a la cantidad de recursos que necesitaría para operar, explicó “no tenemos un estudio analizado sobre el presupuesto, pero ya está trabajando y tendrá mucha actividad porque hay problemas en agravio de defensores”.
Mencionó como ejemplos el exilio forzado que vive el abogado del centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien salió del país luego de recibir amenazas de muerte por defender a las indígenas violadas por militares Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
También lo amenazaron por buscar justicia en los asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, quienes fueron baleados el 12 de diciembre en la autopista del sol mientras exigían mejoras educativas.
A su vez recordó a los dirigentes indígenas de Ayutla, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, asesinados.
Sumó a sus ejemplos los casos de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, desaparecidos el 7 de diciembre por gente armada encabezada por el policía ministerial del estado Cesáreo Espinosa Palma, El Ganso.
De acuerdo a lo aprobado por el Congreso del estado, dijo “la ley dice que el consejo tendrá una policía, debe integrarse por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Haremos la gestión para que se integre esa policía. Estamos evaluando esa circunstancia para darle una denominación diferente a policía, que se llame cuerpo de seguridad o de protección”.
Dijo que el gobernador “recibió con cordialidad al Consejo y ofreció apoyos políticos, logísticos, administrativos y económicos porque no tenemos presupuesto, de momento se comprometió a apoyar con un millón de pesos”.
Las primeras actividades que realizará el consejo, agregó, serán de difusión de la ley y el reglamento interno del consejo “necesitamos recursos para movilizarnos para dar pláticas y conferencias para reunirse con todos los organismos civiles del estado y visitarlos”.
Los recursos aportados por el Ejecutivo consideró “es un apoyo provisional, pero será el Congreso el que apruebe el presupuesto para la operación, en su momento… que no hayan destinado un presupuesto fue una omisión del Congreso”.
Explicó que el cuerpo de seguridad que quieren crear responderá de manera exclusiva al Consejo y “cuando el consejo considere dictará las medidas cautelares a los defensores de derechos humanos y nuestro cuerpo de seguridad dará la protección correspondiente al defensor con temor fundado de una amenaza”.