Piden organizaciones en Ginebra a la ONU un relator especial para los desaparecidos de Ayotzinapa

*Evalúa el Comité contra las Desapariciones Forzadas al gobierno mexicano, y éste dice que no sabe cuántos desaparecidos hay en el país. Cuestiona la tardía intervención del gobierno federal en el caso

Agencia Proceso

Ciudad de México

Al término de dos jornadas de evaluación a México, organizaciones de derechos humanos pidieron ayer en Ginebra, Suiza, que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus siglas en inglés) de la ONU designe a un relator especial para dar seguimiento al caso Ayotzinapa.
En rueda de prensa, representantes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), padres de los 43 normalistas desaparecidos por poliías en Iguala y familiares de desaparecidos en los estados de Chihuahua y Coahuila señalaron que Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano, pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad.
Cuestionaron fuertemente la tardía intervención del gobierno federal en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y las razones del cierre hace un año de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo conocido la guerra sucia, en la década de 1970.
Este lunes y martes ese Comité de la ONU evaluó por primera vez a México respecto de sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, por lo que el viernes 13 emitirá sus conclusiones al respecto.
Stephanie Brewer, integrante del Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que acompañó a una delegación de familiares de las víctimas, resaltó que las ONG han solicitado que haya “una estrategia de seguimiento por parte del comité”.
Es por ello que la designación de un relator “No tendría que ser un nombramiento muy formal”, pero sí servir para garantizar que se cumplan las recomendaciones, aclaró Brewer.
El examen de la ONU a México estuvo enmarcado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, aunque el Comité abordó el tema de las desapariciones en el país en general.
Los integrantes del CED hicieron numerosas preguntas a México sobre la manera en que aborda y sanciona el problema de las desapariciones.
Sin embargo, una de las preguntas que quedó sin respuesta fue el número de víctimas de desapariciones forzadas que hay en México.
Es más, la delegación del gobierno mexicano admitió que carece de información específica, debido a que su base de datos es un instrumento que “todavía debe ser perfeccionado” y requiere de actualización.
“En el estado actual de nuestros registros no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay”, reconoció Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
“Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente”, acotó. “Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, concedió.

La desaparición forzada es estructural en el país, acusa Vidulfo Rosales

El asesor legal de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra sostuvo desde la ciudad de México durante la rueda de prensa en la que se hizo un enlace telefónico con Ginebra, que el Estado mexicano “se niega de manera reiterada a aceptar la desaparición forzada”.
Las autoridades mexicanas, acusó, están “diluyendo su responsabilidad”. Las desapariciones forzadas, agregó, son una “situación estructural”, debido a que se mantiene el “ciclo de impunidad”.
Hilda Legideño -madre de Jorge Tipaza, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa-, quien viajó a Ginebra junto a Bernabé Abraján en representación de los padres de familia, dijo que tiene “la esperanza de que el Comité de Desapariciones Forzadas esté de observador a distancia”.
En la sesión del Comité de la ONU, el relator Luciano Hazan señaló que es necesario identificar modalidades para garantizar un futuro sin desapariciones forzadas en México y agradeció a las familias y a las ONG por la valiosa información proporcionada al CED.
El encuentro generó un interés sin precedente, destacó por su parte el relator Rainer Huhle en sus declaraciones de cierre, para luego exteriorizar su esperanza de que el interés en este “grave problema” en México persista.
En las sesiones, el gobierno de México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, pero aseguró que está trabajando en ese sentido.
Asimismo, anunció que para junio espera lograr la aprobación de una ley general de desaparición forzada con vigencia para todo el país.
En rueda de prensa al cierre de las sesiones, el embajador Gómez Robledo subrayó que “México se toma muy en serio estos ejercicios” de evaluación de la ONU, y dijo que fue “una muy buena sesión en un contexto especialmente doloroso del acontecer nacional”.
También indicó que en unas dos semanas el comité enviará a México su informe de recomendaciones, “y evidentemente habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento” a lo que emita el Comité de la ONU.

México maneja un doble discurso, acusa Amnistía Internacional

El informe que presentó el gobierno de México ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, dejó en claro la “ambivalencia y el doble discurso del Estado mexicano”, aseguró Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México.
“Por una parte, en el país se llama a que ya olvidemos, a que demos por cerrado el caso de Ayotzinapa y en el extranjero manifiesta su profunda preocupación”, mencionó.
En entrevista luego de participar en la presentación de la campaña “Ya me cansé por eso propongo”, el representante de AI consideró que las respuestas del Estado mexicano fueron “deficientes, quedan de manifiesto las negligencias que han tenido, la falta de acciones respecto al tema”.
Quedó de manifiesto, dijo, “que hay un sinnúmero de aspectos en los cuales el Estado mexicano está incumpliendo con la convención” contra Desapariciones Forzadas de la ONU.
Detalló que estos aspectos están relacionados con cuestiones legislativas, como la no tipificación adecuada del tipo penal, no tener una ley general de Desaparción forzada, así como por asuntos de políticas públicas, por ejemplo, al no tener un protocolo de búsqueda de personas con vida.
Quiroz Rendón aseguró que AI México esperaría que, luego de la deliberación del Comité de la ONU a finales de febrero, éste emita una “fuerte recomendación” que lleve como puntos principales los siguientes:
La “negligencia que ha tenido el Estado mexicano en hacerse cargo de este tema pues no lleva un par de meses o semanas, es un tema que lleva muchos años en el tintero”.
El segundo punto deben de ser recomendaciones al marco normativo, sobre todo a la modificación de políticas públicas para crear estas bases de datos en la que los números sean unánimes y realistas.
El tercer punto, agregó, debería ser la exigencia de tener protocolos de búsqueda con vida y el cuarto, “que México acepte la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas para conocer casos contenciosos”.
El representante de AI México consideró que de tener este tipo de recomendación, habría efectos políticos para el gobierno mexicano, en el sentido de que éste “ha firmado una Convención que lo vincula y lo compromete ante la comunidad internacional y ante los otros estados, pero también genera derechos frente a los ciudadanos”.
Además, los ciudadanos podrán empezar a reclamar el cumplimiento de esa Convención en tribunales locales y “que la comunidad vea que México no es ese país que hace unos meses se pensaba que era, que tenemos una seria crisis de derechos humanos y que ha habido una negligencia muy importante para hacerle frente”.
Sobre la recepción de los padres de los normalistas desaparecidos por parte del Comité de la ONU, Perseo Quiroz dijo que los familiares “ven al Comité como una de las opciones viables para que pueda haber una investigación adecuada, porque las instancias nacionales como la PGR ya han demostrado su falta de voluntad para ayudar a entender lo que sucedió esa noche en Iguala”.