Marcial Rodríguez Saldaña

Peña Nieto ante la ONU por los normalistas desaparecidos

Las horas y días siguientes a los seis asesinatos y 43 desapariciones forzadas de los estudiantes de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurridas en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, Enrique Peña Nieto declaró que era un asunto que le correspondía atender a las autoridades locales del estado de Guerrero, pero nunca imaginó la gravedad del caso y las dimensiones internacionales que tendría por tratarse de un crimen de Estado y de lesa humanidad.
1. La determinación de Peña Nieto instrumentada por Jesús Murillo Karam –procurador general de la República– en el sentido de dar por cerrado el caso de Iguala-Ayotzinapa en cuanto al destino que tuvieron los estudiantes normalistas desaparecidos, afirmando como una verdad histórica que fueron incinerados sin haber pruebas científicas ni pasar por un por los órganos jurisdiccionales, ha sido severamente cuestionada, ya que no se han agotado todas las líneas de investigación ni tampoco le corresponde a dicha dependencia administrativa –la PGR– esta decisión sino, en todo caso, a los jueces en sus distintas instancias nacionales e internacionales.
2. El asunto que para Peña Nieto era de competencia local –aldeano– ha entrado al campus de la globalización de los derechos humanos; es por ello que el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –máximo organismo internacional de protección a los derechos humanos– sesionó los días 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza, para atender y escuchar a los padres de familia de los normalistas desaparecidos, recibir un informe del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y someter a un procedimiento internacional al Estado mexicano, representado por Peña Nieto, por violaciones graves a los derechos humanos.
3. Peña Nieto había pregonado en sus constantes giras internacionales, especialmente ante la Asamblea General de la ONU, en su discurso, que en México había un sistema eficaz de protección a los derechos humanos; sin embargo, los hechos de Iguala-Ayotzinapa y de acuerdo con el informe del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, rendido ante el Comité de la ONU, en el sentido de que en México existe una crisis grave de violación a los derechos humanos, especialmente en materia de desapariciones forzadas, desenmascaran al gobierno de Peña Nieto en el concierto internacional como violador de derechos humanos en sus grados más altos como lo constituyen las desapariciones forzadas.
4. La respuesta del representante de Peña Nieto ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, ha sido discursiva aduciendo a que han hechos todos los esfuerzos a su alcance, sin embargo los hechos demuestran lo contrario, pues los órganos de información y seguridad como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal –que dependen de la Secretaría de Gobernación (Osorio Chong), y el batallón del Ejército cuyo Jefe Supremo es Peña Nieto, destacados y asentados en Iguala, nada hicieron para impedir los seis crímenes y la desaparición forzada de 43 normalistas.
5. La oferta y compromiso del gobierno de Peña Nieto ante la ONU en Ginebra ha sido la de aprobar una Ley General de Desaparición Forzada –que no existe en México–, sin embargo, este compromiso no le es propio, puesto que tiene que ser aprobada por el Congreso mexicano que, de acuerdo a la Constitución mexicana, es un poder independiente y, por otra parte, tanto el poder Ejecutivo como el propio Legislativo no se han caracterizado en general por estar a la altura de las circunstancias que reclama el pueblo de México, mucho menos en materia de garantizar el respeto a los derechos humanos.
6. La violación a los derechos humanos sigue día con día en México, así lo constata la decisión de Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Educación en manos de Emilio Chauyfet, de privar de su salario –derecho humano derivado del derecho al trabajo y a un salario digno– a miles de trabajadores de la educación en Guerrero de su segunda quincena de enero, lo cual, naturalmente y con justa razón, ha desatado una ola de protestas que abonan al ambiente de ingobernabilidad que existe en el estado. Esperamos que, en lo inmediato se corrija esta determinación y se restituya su salario devengado a los afectados.
7. El asunto de los crímenes y desapariciones forzadas de los 43 normalistas ha entrado en el ámbito los organismos internacionales protectores de los derechos humanos. Los seis crímenes y las 43 desapariciones son delitos ya cometidos, y si bien es cierto que hay autores materiales y algunos intelectuales –funcionarios menores– detenidos, no se ha actuado en contra de los altos mandos estatales y federales. La ruta internacional –que llevará su tiempo– tendrá que llegar hasta fincar responsabilidad al Estado mexicano por estos hechos cuyo responsable es Peña Nieto; en tanto, la lucha por la presentación de los normalistas desaparecidos debe continuar hasta que el gobierno los presente con vida y castigue a todos los responsables.

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