Jorge G. Castañeda

Virgilio Andrade, una designación contra la credibilidad

*Nombrar a un miembro del gabinete  presidencial para investigar al  presidente es un contrasentido, si lo que se busca es brindarle credibilidad a la investigación.

Supongo que el comité supervisor de la inminente investigación de Función Pública a las adquisiciones del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa y su secretario de Hacienda, incluirá a individuos de prestigio nacional e internacional, y de probidad e independencia incuestionables. Nombres sobran: Federico Reyes Heroles, Cuauhtémoc Cárdenas, Mario Molina, Juan Ramón de la Fuente, Jorge Ramos, Ángeles Mastretta, etcétera. Supongo asimismo, que su mandato y el de Virgilio Andrade no admiten ambigüedades, se trata de una pesquisa no sólo jurídica, sino también ética, de detectar violaciones a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, pero también a la noción de conflicto de interés, no legislada en México, pero inherente a cualquier caso de este tipo. Supongo, por último, que ni Andrade ni el comité darán por buenas las invocaciones de fe o de legalidad de las personas investigadas, sino que entrarán en los detalles del tema: qué contratos recibió Higa en el Estado de México y en la capital entre 2005 y 2014; qué papeles se firmaron y cuáles no; y qué tasas de interés se pagaron o se subsidiaron.
Supongo todo esto, pero dudo que suceda. No porque Peña Nieto no lo desee, sino porque el esquema entero se encuentra viciado de origen. El problema de la falta de credibilidad de un gobierno es recurrente, en México y en el mundo. Ante cada magnicidio, masacre, accidente mayúsculo, desastre natural mal atendido o presunto delito en las altas esferas del poder, los gobiernos disponen de pocas armas. La primera es el olvido, ya pasará. La segunda es la investigación controlada, dirigida, exculpatoria por principio. La tercera es la investigación independiente, la más peligrosa pero también la de mayor eficacia en materia de credibilidad. La jerarquía de las tres opciones es inversamente proporcional a la credibilidad de cada gobierno.
Cuando al Estado no le cree nadie, no le queda más remedio que pedir credibilidad prestada a quien la tiene: otro poder, instancias internacionales, instituciones prestigiadas, personas de renombre. Ni en Tlatlaya, ni en Ayot-zinapa ni en los escándalos inmobiliarios de Higa, Peña Nieto ha aceptado de verdad este método; lo insinúa, lo manosea y lo termina por liquidar. Nombrar a un miembro del gabinete presidencial para investigar al presidente, a la primera dama y al más poderoso de sus colegas es un contrasentido, si lo que se busca es brindarle credibilidad a la investigación. Es como si se designara al secretario de Gobernación para conducir una revisión del proceso de Iguala: nadie le creería. Pasará lo mismo con Andrade y con el comité que lo vigilará.