Humberto Musacchio

Virgilio, fiel a Octavio Augusto

El presidente Enrique Peña Nieto nombró secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade Martínez, a quien le asignó como tarea prioritaria investigar si son legales –y tendríamos que añadir legítimas– las adquisiciones de las llamadas casas blancas, la de Angélica Rivera y la de Luis Videgaray.
Se le encargó a Virgilio Andrade analizar y dictaminar si hubo conflicto de intereses en la adquisición de esos inmuebles, pues el presunto vendedor es el empresario Roberto San Román, ampliamente favorecido por contratos de obra pública en este sexenio y en el Estado de México cuando esa entidad era gobernada por el mismo Peña Nieto, quien tenía como uno de sus principales colaboradores al citado Videgaray.
El ahora secretario de Hacienda alega que cuando se hizo de su casa en Ixtapan de la Sal no era funcionario público, aunque ya alguien le recordó que en rigor sí lo era, pues la compra se efectuó en el periodo entre la declaratoria que dio como ganador de la elección presidencial a Peña Nieto y la toma de posesión, periodo en el que éste y los funcionarios que le rodean manejaron recursos públicos.
En lo que se refiere a la señora Rivera, quien dice haber adquirido de San Román una residencia de 7 millones de dólares, se arguye que no es ni era funcionaria pública. Sin embargo, la declaración de bienes de los gobernantes debe incluir el conjunto de propiedades de los parientes más inmediatos, lo que no ocurrió en el caso del actual Presidente. Por otra parte, la primera dama sí maneja recursos públicos en las instituciones que encabeza presuntamente a título honorífico, pero con facultades para decidir el destino de abundante numerario.
Si algo faltara, la Ley deResponsabilidades Adminis-trativas de los Servidores Públicos dice que “Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
Pese a lo anterior, Peña Nieto considera que no se halla en ese supuesto pues, dijo, “nunca ha sido el caso en mi responsabilidad como presidente de la República y tampoco en mis cargos públicos anteriores”. Desde luego, es muy respetable la opinión que el mandatario tiene de sí mismo, pero el problema es que no la comparten muchos mexicanos ni los observadores extranjeros que se han ocupado del asunto de las casas.
Hasta ahora se había discutido la conveniencia de constituir una comisión anticorrupción o un organismo dedicado a combatir las prácticas deshonestas o que implicaran conflicto de intereses. Peña Nieto optó por nombrar a quien debe vigilarlo y juzgar si su comportamiento se ajusta a lo dispuesto por la legislación. Virgilio Andrade es, de esta manera, juez y parte, lo que resulta inadmisible.
Un problema adicional lo representa la súbita y extraña resurrección de la Secretaría de la Función Pública, que debía ser sustituida por un “órgano constitucional autónomo”, de acuerdo con lo previsto en dos artículos transitorios aprobador por el Congreso de la Unión y aparecidos en el Diario Oficial de la federación (2/I/2013), artículos no derogados.
Por lo demás, todo indica que este Virgilio tiene el perfil para cumplir con la tarea que ahora le asigna su Octavio Augusto. No se olvide que era integrante del consejo general del IFE que no vio nada irregular en la elección presidencial de 2006, la del “haiga sido como haiga sido”. No se puede esperar gran cosa de alguien como él. La política es algo más que la Arcadia.