Carlos Toledo Manzur

Seguridad y justica con base en el poder popular

En días pasados, la comunidad de Petaquillas optó por atenerse al modelo de la Policía Comunitaria para enfrentar la grave situación de inseguridad que la población de esa región ha venido padeciendo al estar sometida a los abusos de los grupos criminales. Esta decisión fue tomada por la asamblea del pueblo ante la incapacidad de los gobiernos de los tres órdenes para garantizar la seguridad de los habitantes, quienes han sufrido las consecuencias de disputas entre grupos delictivos y diversos abusos contra la población. El comisario municipal apoyado por la asamblea solicitó el apoyo del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), por lo que cientos de integrantes de la Policía Comunitaria se desplazaron desde el Valle del Ocotito para apoyar la constitución de un órgano de ese tipo en Petaquillas, que legitimado y validado por la asamblea de la comunidad, se encargará de proteger a la población contra secuestradores, extorsionadores, asaltantes, balaceras y asesinatos que se han convertido en hechos cotidianos, a pesar de que se avisa y se pide el auxilio constantemente de cuerpos policiacos y militares.
El apoyo del FUSDEG, que es una escisión de la UPOEG, y la decisión valiente de los ciudadanos a través de su asamblea, permitió que el modelo de la Policía Comunitaria se extendiera hasta esta comunidad que se encuentra a unos minutos de la capital del estado. Estos hechos, que se producen en el contexto de la gran agitación social provocada por la tragedia de Iguala, la cual tiene como uno de sus ejes fundamentales el tema de la justicia y la seguridad, obligan a reflexionar en la viabilidad de generalizar y extender el modelo de seguridad basado en la Policía Comunitaria a todo el estado y buscar la manera de proveerlo de una sólida base legal que parta de reconocer lo que es su característica esencial: la seguridad y la justicia controlada desde abajo por el poder popular, por las asambleas legítimas y soberanas de los ciudadanos organizados.
En efecto, la respuesta de las autoridades gubernamentales a los reclamos de justicia enarbolados por el movimiento social, han dejado mucho que desear, ya que no pueden proceder contra la terrible cadena de corrupción e impunidad que caracteriza los cuerpos policiacos y el sistema de justicia, lo que se evidencia en el intento del gobierno federal por dar carpetazo al asunto Ayotzinapa declarando legalmente asesinados a los desaparecidos para renunciar a una indagatoria más profunda que realmente afecte a los núcleos de poder que mantienen esta terrible situación.
Es claro que la solución de fondo no puede provenir de arriba para abajo, por lo que el establecimiento del Mando Único como única alternativa resulta sumamente limitado. Una alternativa realmente efectiva a los problemas de inseguridad y justicia tiene que surgir de los propios ciudadanos, de abajo hacia arriba. Y por ello, el modelo de las policías comunitarias reviste una gran importancia porque puede representar realmente una solución que genere resultados reales.
Sin embargo, las posibilidades de generalización del modelo comunitario de policía y justicia serán muy limitadas sin que exista el diseño de un proyecto político y legal que recoja las mejores enseñanzas de las experiencias vividas, de tal suerte que le permita mantener sus características esenciales y mejorar sus deficiencias y debilidades. En lo político, es importante asegurar un mecanismo adecuado que garantice la legitimidad y representatividad de las asambleas populares en las que se basen la Policía Comunitaria y el sistema de justicia, para que no sean controladas por grupos minoritarios y potencialmente facciosos, sino que se asegure que sea la mayoría de los ciudadanos de un territorio determinado la que los mandate y vigile. En lo legal, más que tratar de someter los órganos policiacos comunitarios al mando de las estructuras gubernamentales, se deben buscar reformas que reconozcan la soberanía de las asambleas populares y le concedan el ejercicio de la violencia institucional, y de esa manera le posibiliten operar legalmente, usar armamento adecuado y ser apoyados con recursos públicos.
El FUSDEG le ha solicitado al gobierno del estado la permanencia y el libre tránsito de su Policía Comunitaria. Pero en realidad la necesidad va mucho más allá: es en realidad la construcción de un proyecto completo que permita la generalización y legalización de un sistema de seguridad y justicia basado directamente en el poder de los ciudadanos organizados. Este será un tema crucial sobre el que se deberán definir los candidatos a la gubernatura.

([email protected])