En Petaquillas actúa una “autodefensa” que no es de ese lugar, dice el gobierno del estado

*No puede ampararse ese grupo en la Ley 701 sobre las policías comunitarias, advierte el secretario David Cienfuegos. Además no tiene competencia para pedirle al Ejército que les dé paso libre en la carretera federal, subraya

Aurora Harrison

El secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, declaró que aún no hay una respuesta a integrantes del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) para que se permita el libre tránsito a la policía comunitaria de la comunidad de Petaquillas, porque esa organización no tiene el reconocimiento de la Ley 701 que ampara a las policías comunitarias, porque “es un grupo de autodefensa formado por personas que no son de ese lugar”.
Luego de una reunión con presidentes de colegios de abogados de Guerrero, el funcionario indicó que los “grupos de autodefensa” están regulados con otros mecanismos y por ello el trato diferencial, además de que el gobierno estatal no tiene competencia sobre la permanencia del Ejército, que estableció bases de operación para que no se viole la ley de armas de fuego.
Aceptó que tiene el oficio donde los ciudadanos del FUSDEG solicitan al gobernador Rogelio Ortega el libre tránsito de los policías de esa organización que opera en los pueblos ubicados a lo largo de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, y “estamos elaborando una respuesta para esta petición que se está haciendo por parte de algunos vecinos de la comunidad”.
Pero adelantó que el gobierno no tiene competencia para hacer algún pronunciamiento sobre la permanencia o no del Ejército en cualquier región del país, como lo solicitan los habitantes de la comunidad, pero lo que sí puede hacer es gestionar a solicitud de ellos alguna actuación de las instancias federales para resolver este caso.
Sostuvo que “el gobierno reconoce que hay una visión que trasmiten mayor seguridad, pero no puede hacer caso omiso que muchos de estos resultados se obtienen violando una serie de derechos, un policía de ninguna manera puede entrar a una casa sin contar con una orden que emita el juez después de un procedimiento para que le permita irrumpir”.
“El policía comunitario en Olinalá, Cochoapa, actúa de una forma diferente y eso hace que se violen derechos, cuando hablamos de la efectividad es que si nosotros tuviéramos una policía que violara derechos para poder entrar a domicilios, o detener a una persona porque hay señalamientos habría resultados, pero en este estado de derecho que queremos vivir tienen que respetarse los procedimientos”, puntualizó el funcionario.
Detalló que en el caso de Petaquillas es un grupo de autodefensa, por lo tanto no tiene el reconocimiento oficial en la Ley 701, como sí lo tiene la Policía Comunitaria que tiene aceptación en tratados y convenciones internacionales, porque es una forma de organización de los ciudadanos que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas.
“En cuanto hace a los grupos de autodefensa no están protegidos, ni regulados por estos mecanismos jurídicos, por eso hay un trato diferencial, en el caso de los grupos comunitarios o autodefensas se reconocen por encima, es un derecho legítimo organizarse y participar activamente para proveerse de seguridad dentro de ciertos límites”, dijo.
Agregó que en dicho caso “es un grupo de ciudadanos que no pertenecen a Petaquillas, que están dando seguridad, voy a llamarlo así entrecomillado, a una población distinta a la que pertenecen y eso genera también situaciones en las cuales las organizaciones que están para aplicar la ley de armas de fuego tengan que hacer operativos, que es lo que está pasando”.
Sostuvo que el Ejército estableció bases de operación cerca de Petaquillas porque hay grupos de ciudadanos que se encuentran armados transitando por carreteras federales, pero que no es decisión que competa a la autoridad estatal, sino es competencia exclusiva de la federación, por lo tanto “el gobierno no tiene nada que opinar”.
Sobre el caso de la promotora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado dijo que el gobierno del estado a través de una solicitud que se hizo al fiscal mostró la voluntad política de contribuir a distender un poco la presión que existe en el estado, pero también hacer el principio de presunción de inocencia.
“El posicionamiento hecho por el gobernador Rogelio Ortega es de absoluta protección de los principios constitucionales y de la defensa de quienes han reivindicado el ejercicio de derechos relacionados con pueblos y comunidades indígenas”, puntualizó.