Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Crisis, desgobierno y elecciones

Sí, lo deseable es que las elecciones del 7 de junio se realicen con normalidad en Guerrero. Pero llevado hasta ahí por sus gobernantes y por la clase política, Guerrero dejó de pertenecer al reino de la normalidad y de lo deseable. La inseguridad pública y la violencia generalizada, la crisis social y política causada por el ataque y desaparición de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la ineptitud del gobierno para resolver el caso y dar respuestas satisfactorias a los padres de los jóvenes, y la creciente inconformidad social derivada de todo ello, han convertido al estado en un territorio desgobernado.
La brutalidad de los hechos sangrientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala rompió la noción de una vida normal en Guerrero, y la ausencia del gobierno junto a los padres de las víctimas rompió el tan llevado y traído Estado de derecho, esa hipotética figura utilizada por el gobierno como coartada para reprimir la protesta social, pero inservible a la hora de atender la demanda social.
El compás de espera en el que se encuentra el estado se explica principalmente por la incapacidad de las instituciones de procuración de justicia, con la PGR a la cabeza, de dar una respuesta satisfactoria y aceptable al caso Ayotzinapa, lo cual motiva y alimenta la indignación social y el movimiento popular desatado como reacción a esa causa. Por esa razón, al contrario de lo que predica la retórica gubernamental, la crisis que amenaza la realización de los comicios no tiene su origen en las movilizaciones de los padres –que sólo buscan y demandan justicia y presionan en pos de su objetivo–, sino en la simulación desarrollada por los gobiernos federal y estatal ante las legítimas exigencias del movimiento normalista.
Pretender que los padres guarden su dolor y la sociedad la indignación, que los dolientes ingresen dóciles al templo de la resignación, como pidió el presidente Enrique Peña Nieto, es una enorme falta de respeto y una muestra suprema de insensibilidad oficial. El país habría agotado el luto por los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre del año pasado, y por lo tanto seguido su curso, si el gobierno federal hubiera respondido a tiempo y con un mínimo de diligencia a la magnitud del agravio, lo que exigía encontrar la verdad de todo e imponer los castigos correspondientes sin detenerse a medir las consecuencias ni reparar en el rango político de los responsables. Pero no lo hizo, y en cambio condujo las investigaciones hacia su encallamiento en los arrecifes de la corrupción, la simulación y la impunidad, donde el caso se halla en este momento. El descrédito originado que enfrenta la “verdad histórica” oficial –asesinato e incineración de los 43 jóvenes en el basurero de Cocula– es la medida de la simulación orquestada por el gobierno federal.
En esas condiciones, el reclamo legalista que se abstrae de la excepcionalidad del momento por el que atraviesa el estado y sataniza el boicot que el movimiento popular ha declarado a las elecciones –degradadas a simple instrumento para el reciclaje de la burocracia del poder–, aspira a poner en el centro de la preocupación pública el riesgo de que no haya elecciones, cuando la mayor preocupación y el mayor interés sigue siendo encontrar a los estudiantes, o sus restos, establecer la verdad de los hechos y castigar sin miramientos a todos los responsables.
La escandalizada condena a la presión que ejerce el movimiento normalista ante la cerrazón gubernamental deja de lado la gravedad del hecho que dio origen a la crisis. No debe olvidarse, y es vergonzoso que gobiernos extranjeros muestren más conciencia sobre esto, que hablamos de 43 jóvenes cuyas vidas fueron arrancadas en uno de los crímenes más repugnantes en la historia de la humanidad, como lo definió esta semana el gobierno de Estados Unidos. No por otra cosa recibió tanta solidaridad en el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas la denuncia de los padres que viajaron a Ginebra, y por eso mismo el Parlamento Europeo rechazó ayer la versión de la PGR, exigió al gobierno de Peña Nieto no cerrar la investigación y resolvió aportar un fondo equivalente a un millón de euros para financiar una investigación independiente. En consecuencia, ¿con qué autoridad puede alguien pedir a los padres transigir y desmovilizar sus exigencias sólo para no estorbar el procedimiento electoral y para no incomodar a los mismos políticos que causaron la desgracia? ¿No es una vergüenza para el Estado mexicano que el Parlamento Europeo financie una investigación independiente porque considera fallida la del gobierno de Peña Nieto?
Sí, sería deseable que las elecciones se realizaran, aun si el caso Ayotzinapa no estuviera resuelto para entonces. Pero no son los padres los que amenazan los comicios, sino la septicemia que pudre todo en Guerrero y produjo la atrocidad de Iguala, y de la cual son responsables gobernantes y políticos del PRD y del PRI: los mismos que ahora se disputan las candidaturas, paladean el privilegio de seguir viviendo del presupuesto público e hipócritamente se desgarran las vestiduras porque el movimiento popular se propone impedir las elecciones.

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