Jesús Mendoza Zaragoza

Armas, sólo en la emergencia

No soy partidario del uso de las armas para resolver los problemas sociales. No creo que las armas tengan que ver con soluciones de fondo a los problemas del país. Es más, me preocupa que haya tantas armas circulando por las calles, de manera legal e ilegal. Tanto las que portan los militares y policías como las que portan los criminales, las guerrillas y las autodefensas. Ver tantas armas en la calle me recuerda que no hemos sido capaces de usar la razón para encontrar caminos para la justicia y para la paz.
Una estrategia para la seguridad sustentada en las armas me parece frágil, y hasta irracional y contraproducente, como ya se ha puesto en evidencia. Siempre, el uso de las armas es la solución más fácil, que no es solución porque no corresponde a la condición humana, tan llena de recursos para vivir y para resolver contradicciones y conflictos. La razón, la palabra, el diálogo y la misma política son herramientas que no sabemos usar adecuadamente, y por ello lo más fácil es recurrir a las armas.
El conflicto que se ha desatado en el corredor de Xaltianguis a Petaquillas, donde los pueblos han tenido que recurrir a las armas para defenderse a sí mismos y donde el gobierno ha respondido confrontándose con estos pueblos. De hecho, las autodefensas, en mi opinión representan una respuesta desesperada y de emergencia que se apoya en la legítima defensa a la que todos tenemos derecho. Pero hay que entender que los pueblos han tenido que recurrir a las armas porque las autoridades no los han defendido y protegido de las bestialidades cometidas por la delincuencia organizada. Defender la vida y el patrimonio ha llegado a ser el imperativo moral que los pueblos asumen en estos casos. No obstante, sigue siendo peligrosa la abundancia de armas, aunque estén en manos de los pueblos. El uso de las armas sólo es razonable en tiempos de emergencia.
Una persona armada sufre algo así como una metamorfosis porque se siente empoderada por el arma que porta. Eso pasa a todos, a soldados, policías, sicarios y autodefensas. En este sentido, el uso de las armas tiene que ser acotado por reglas estrictas y por una educación ética. Las armas marean las conciencias y vuelven peligrosos a quienes las poseen, las portan y las utilizan. Lo ideal sería el menor uso de las armas posible. Claro, un ideal difícil.
En el caso que he mencionado, me preocupa que las autoridades se enfrenten a los pueblos que tienen ya la percepción de que están del lado de las organizaciones criminales, y que no entiendan que los pueblos han tenido que organizar su propia defensa con sus propios recursos, precisamente por su incompetencia o irresponsabilidad. Si tuvieran la necesaria seguridad no dejarían sus herramientas de trabajo para empuñar las armas. En otras palabras, éste es un problema creado por el gobierno.
Pareciera que hace falta el mismo sentido común y la lógica para buscar soluciones más adecuadas a estos conflictos. El gobierno bien sabe que no puede ni tiene la capacidad para dar seguridad ni para contener a los criminales, y no quiere darse cuenta de que necesita de la sociedad, de los pueblos, para lograrlo. Éstos tienen que ser vistos como aliados y no como adversarios. Es necesario encontrar una fórmula adecuada para lograrlo. Como la de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero que sustenta jurídicamente a la CRAC con su Policía Comunitaria, la cual tiene el respaldo de las comunidades y de los pueblos para realizar tareas de seguridad y de administración de justicia. Es una pena que el gobierno estatal haya metido las manos en la CRAC para dividirla y debilitarla.
Las autodefensas, o policías ciudadanas, necesitan un marco legal semejante al de la CRAC, que regule su relación con las autoridades y las asambleas comunitarias. El punto es que las asambleas tengan el control de estas policías para que no se conviertan en grupos paramilitares que estén al servicio del mejor postor; y por otra parte, se prevea su relación con los cuerpos de seguridad pública, que no ha de ser de subordinación, sino de colaboración. Seguridad Pública y Seguridad Comunitaria tendrían que implicarse si de verdad se quieren encontrar respuestas de fondo. Con esta fórmula, hay que llegar hasta el punto en el que las policías comunitarias no tengan necesidad de utilizar armas.
La confrontación entre autoridades y ciudadanos, entre gobierno y pueblos es demasiado riesgosa, y más si está apoyada en la lógica de las armas, es decir, en la fuerza de la irracionalidad. Todo ánimo de confrontación, venga de donde venga, del gobierno o de la sociedad, se paga muy caro. Por otra parte, se necesita creer más en el diálogo y en la razón para hacer caminos que beneficien a todos. La paz no se construye ni con armas ni con confrontaciones. Se construye con desarrollo y con democracia.