Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

* La “verdad histórica”, destruida

Hasta la media tarde de ayer, la Procuraduría General de la República no había respondido al detallado cuestionamiento que el equipo de forenses argentinos hizo a la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Es posible que el gobierno federal haya decidido no contestar para evitar una controversia de la que no habría podido salir bien librado, o porque está decidido a mantener contra viento y marea la “verdad histórica” expuesta por el procurador Jesús Murillo Karam.
Sin embargo, si no da respuesta al documento que el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó el sábado a los padres de los normalistas, habrá que sumar ese silencio a la larga serie de inconsistencias en que el gobierno federal ha incurrido en el caso Ayotzinapa.
Ese informe sustenta errores y dudas muy serias sobre el trabajo de la PGR, que mientras no sean suficientemente aclaradas dejan sin valor la versión oficial sobre el destino de los jóvenes. No son ya las dudas expresadas por los propios padres, por articulistas críticos o por una sociedad escéptica, sino cuestionamientos graves formulados por expertos que participaron en el levantamiento y análisis de los restos y otras evidencias hallados en el basurero y en el río de Cocula.
Una falla fundamental señalada por los expertos argentinos se relaciona con el hecho de que en el basurero de Cocula se hayan producido con anterioridad otros incendios, en los cuales habría sido calcinada al menos una persona cuyos restos fueron encontrados mientras eran buscados los jóvenes. Por ese motivo los forenses coadyuvantes de los padres advierten que es muy alta la posibilidad de que los restos que se suponen de los normalistas, y que hasta ahora no han podido ser identificados ni en la Universidad de Innsbruck, Austria, pertenezcan a otras personas. Ese solo hecho supone una contaminación tan seria de las evidencias y complica tanto el procedimiento de identificación de los restos, que era razón suficiente para proceder con cautela y agotar los exámenes antes de asegurar que los 43 estudiantes habían sido quemados ahí. Pero a pesar de su importancia decisiva, la PGR no se detuvo, y en sus informes públicos optó por ocultar esa información porque contradecía sus conclusiones. Pero no debía ocultar hechos, sino aplazar sus conclusiones hasta que pudiera sustentarlas con rigor científico.
Con las evidencias expuestas por el equipo forense es imposible conceder credibilidad a la versión de Murillo Karam, en la que sin embargo el gobierno de Enrique Peña Nieto basa el discurso difundido en los últimos días en el exterior, en el sentido de que la investigación oficial es de gran calidad y contundencia.
El informe sostiene que los peritos de la PGR “simplificaron enormemente la evidencia y sólo vieron una posibilidad que tiende a coincidir con la historia que presentaron. Usan la ciencia para justificar los testimonios (aportados por los sicarios del grupo Guerreros Unidos) en vez de usarlos para contrastar”, explicó un miembro del equipo de expertos. “La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que sólo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”, explica el documento (El Sur, 8 de febrero de 2015). Es decir, la PGR alteró el protocolo de investigación y los procedimientos técnicos. Dicho de otra manera, la PGR hizo trampa para forzar las conclusiones que más convenían a la versión que quería exhibir. Ahora sabemos con seguridad que las conclusiones oficiales carecen de certeza.
A partir de esa falla fundamental y de otros errores, como la extraña confusión en el papeleo adjunto a las muestras enviadas a Innsbruck, o la falta de certidumbre sobre el origen del hueso con el cual fue identificado Alexander Mora Venancio –origen que al equipo forense no le consta–, el informe concluye que hasta la fecha, y pese a la versión de la PGR, ninguna evidencia demuestra que el asesinato y la presunta incineración de los estudiantes hayan ocurrido en el basurero de Cocula. Comprensiblemente y con prudencia, advierte que eso no significa que alguno o algunos de los jóvenes no hayan sido efectivamente ultimados y calcinados en ese lugar, pero ni siquiera sobre eso puede haber seguridad.
En suma, el informe presentado por el Equipo Argentino de Antropología Forense destruye la “verdad histórica” que con histórica ligereza presentó el procurador Jesús Murillo Karam el 25 de enero, y demuestra que el caso no está cerrado ni puede cerrarse con la versión oficial de la PGR, sino que es imperioso continuar y profundizar la investigación, lo cual debe incluir en primer término la reanudación de la búsqueda de los normalistas.
Si después del informe del equipo argentino la PGR se empeña en sostener su insostenible versión de que en el basurero de Cocula fueron incinerados los 43 estudiantes, quedará de manifiesto, como se sospecha, que el gobierno de Peña Nieto hizo a un lado el orden institucional y apostó por la imposición de un carpetazo histórico, pese a las consecuencias que esa operación genere expresadas en mayor inconformidad, crisis social y descrédito del Estado. El silencio que la PGR ha mantenido desde el sábado sobre la postura crítica de los expertos forenses sugiere que así será, que la versión oficial será sostenida. Los padres y la sociedad interesada en el esclarecimiento del caso quedan así en la indefensión.

Guerrero escalofriante y sin remedio

El increíble caso de los sesenta cadáveres encontrados en el crematorio de Puerto Marqués sumó otro drama a la novela de terror que se desarrolla en México. La realidad le arrebató a la ficción esta inverosímil y fantástica historia que nuevamente hará estremecer al mundo. ¿Quién es Guillermo Estua Zardain, dueño del crematorio y aparente autor intelectual de este perturbador ultraje sin precedente en la memoria pública del país? ¿De dónde extrajo el poder y el cinismo para engañar a tantas familias y jugar con su sufrimiento? ¿Acaso está relacionado con gobernantes y políticos influyentes? ¿Dónde estaban las autoridades de Acapulco y del estado que no se percataron del fraude y de la burla? ¿Habrá justicia para las familias afectadas o estamos ante otro caso de impunidad?
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