No acepta duda alguna de que su investigación tiene validez jurídica, responde la PGR al equipo argentino

*Reconoce que no llamó a los expertos a los dictámenes que hizo en Cocula, “dado que no se encontraban acreditados peritos en materia de balística… por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes”. “Sus opiniones respecto a otras disciplinas parecerían más especulaciones que certezas”, dice la dependencia en un boletín

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Procuraduría General de la República (PGR) desacreditó las opiniones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que denunció la falta de evidencia para decir que los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, y las irregularidades en las pruebas que sirvieron para justificar la versión oficial.
En un comunicado la dependencia consideró inaceptable que “ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales”, el EAAF “pretenda sembrar la duda de que en el basurero de Cocula fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas”.
A modo de reproche convocó al EAAF a que “en el ejercicio de su deber y responsabilidad adquirida dentro de la averiguación previa, aporte sus dictámenes dentro del expediente, que es donde se deben establecer los criterios científicos, basados en metodología rigurosa”.
El sábado, el EAAF denunció que la dependencia usó la ciencia para justificar los testimonios de los sicarios detenidos, en vez de contrastar sus declaraciones, pues en el basurero tya habían ocurrido incendios anteriores y se encontraron los restos de al menos una persona que no era estudiante.
Ayer la PGR precisó en un comunicado que los integrantes del EAAF no son expertos externos, fueron habilitados como peritos en la investigación a petición de los familiares de las víctimas y sus abogados, “aún cuando sólo dominan las disciplinas de antropología, criminalística y genética… y en todo momento les entregaron los dictámenes, diligencias y evidencias de todas las actuaciones practicadas en el caso”.
Como los argentinos acusaron a la PGR de ocultar información y apresurar conclusiones para declarar muertos a los 43 normalistas, la dependencia federal respondió que “sus alcances (del EAAF) en conocimiento de otros dictámenes (distintos a su especialización) no son válidos como expertos”.
Respecto a que el EAAF no presenció la recuperación de una bolsa de cenizas con fragmentos óseos en el río San Juan, donde se obtuvo un único rastro de hueso que permitió la identificación de uno de los 43 desaparecidos, la PGR aseguró que en ese momento el Equipo decidió darle prioridad al basurero de Cocula y se dirigió allá, en lugar de ir al río, pese a que el vehículo donde se trasladaban tenía programada una primera parada en ese lugar.
Subrayó que en esa diligencia sí estuvieron un agente del Ministerio Público de la Federación, “dos testigos de asistencia” (sin precisar quienes son), un fiscal de la PGR, buzos de la Marina y más de cien personas resguardando la zona.
“Esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF”, expone.
De la falta de una cadena de custodia debidamente firmada sobre los hallazgos del río San Juan, que solicitó en reiteradamente el EAAF, la PGR explicó que la cadena de custodia fue “iniciada” por el agente del MP federal responsable de la diligencia, que tiene fe pública, y acusó que su petición “rebasa con creces su función de peritos habilitados”.
La PGR acepta que no llamó a los argentinos a los dictámenes que se levantaron el 15 de noviembre en las inmediaciones del basurero de Cocula, “dado que no se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera antropología, criminalística y genética dentro de su grupo, y el propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes”.
Indica que han realizado 487 peritajes en 26 especialidades, sin que el EAAF participara en todos porque no corresponden a sus áreas de estudio acreditadas en la investigación, “a pesar de ello los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas parecerían más especulaciones que certezas”.
No obstante solicita que el Equipo aporte sus dictámenes dentro del expediente, con base en una metodología científica rigurosa.
Otro cuestionamiento fue la falta de preservación del basurero como escena del crimen, un mes después de la desaparición forzada en Iguala. Al respecto, la PGR informó que una vez que concluyeron los peritajes en el basurero de Cocula, de común acuerdo los miembros del EAAF y los Peritos consideraron que ya no era necesario mantener resguardado.
Sin mayores indicios que aportaran a la investigación, la PGR llevó a la prensa así como a los familiares de los desaparecidos, “sin embargo, su petición de volverlo a resguardar fue atendida y los días que no se contó con seguridad en el lugar, no representan ninguna afectación al resultado de la investigación”.
Ante las dudas en la investigación, aclara que fueron los miembros del EAAF quienes llegaron primero al lugar y fueron recibidos por el procurador Jesús Murillo Karam, que puso a disposición dos helicópteros como dar la impresión de que recibieron todas las facilidades.
La PGR acepta que cometió errores “administrativos de transcripción” en 20 de 134 perfiles genéticos tomados de los familiares de los 43 desaparecidos y enviados a la Universidad de Innsbruck, para la identificación de los restos.
Añade que fue “detectado y corregido en menos de 24 horas, y no afectó el resultado de ninguna de las 17 muestras enviadas… por lo que es inaceptable la aseveración de que no hubo una explicación clara al respecto”. Una vez subsanado el problema, aseguró que las muestras serán utilizadas en nuevas comparaciones.
También dijo que la PGR no interpretó la evidencia, insistió en que los restos en el basurero de Cocula, pertenecen a un incendio que habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Consideró que el EAAF especuló al decir que “los elementos tomados como diagnóstico por la PGR -aluminio, vidrio, dientes, etc.- en su interpretación de la evidencia recogida en el basurero y mencionados en la conferencia de prensa de 27 de enero del 2015, pueden no corresponder a los incidentes del 26 de septiembre del 2014, sino a eventos anteriores”.
Afirma “tajantemente” que todos los exámenes indican que los elementos mostrados en la conferencia del 27 de enero, “fueron analizados y relacionados directamente con la temporalidad del evento criminal del 26 y 27 de septiembre de 2014”, cuando los estudiantes fueron atacados y desaparecidos por policías municipales y sicarios en Iguala.
De la posibilidad de que el fragmento de hueso que sirvió para la identificación del estudiante Alexander Mora Venancio haya sido sacado de un lugar distinto al basurero, porque el EAAF no constató su procedencia, afirma que hay sedimentos y otros indicios encontrados en la bolsa del Río San Juan, de que corresponden químicamente a lo hallado en el basurero, “por lo que cualquier opinión diferente a ese respecto resulta hipotética y lejana a la realidad”.
De las prótesis dentales halladas en el basurero de Cocula que el EAAF dijo que no corresponde a ninguno de los 43 estudiantes desaparecidos, se aclaró que aún están en estudio, porque no cuentan con el historial físico, médico o dental de los normalistas.
Recriminó que “ni los familiares ni el EAAF las han querido aportar a la investigación, razón por la cual no se puede confirmar o desestimar que dichos restos dentales pertenezcan o no a alguno de ellos”.
Dice que la PGR basó su investigación únicamente en información de los perfiles genéticos aportados por la Fiscalía del Estado y por el EAAF, sin omitir que de las declaraciones de los propios autores materiales del multihomicidio se desprende que en dicho lugar habían realizado ejecuciones previamente.
Aunque sí dan por muertos a los estudiantes, ratificó que la investigación no ha concluido dada la naturaleza de los delitos que los detenidos confesaron con detalle.
Asimismo señala que las declaraciones fueron obtenidas en los plazos que marca la ley, con base en todas las evidencias encontradas: “las 39 confesiones hasta el día de hoy recabadas, los 487 peritajes realizados, las 386 declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial y las 153 inspecciones ministeriales practicadas”.
Considera que si atienden los argumentos “poco sustentados que el EAAF”, no habrían podido ejercer acción penal contra los autores de los crímenes de Iguala, “lo que es contrario a la justicia y al interés de los familiares y de la sociedad”.
Concluye que para dar transparencia a los procesos, se permitió que los familiares y sus representantes legales y el EAAF colaboren y tengan acceso a los 85 tomos y 13 anexos de la investigación.