Garantizar el pago a los trabajadores de la educación, exhorta el Congreso a Peña Nieto

*Pide también al gobernador que instruya a sus secretarios de Educación y Finanzas a hacer las “gestiones necesarias” para que no se repita la omisión en cubrir los salarios

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó ayer exhortar al presidente Enrique Peña Nieto a que instruya al titular de la SEP para que en coordinación con el de la SHCP establezcan los mecanismos para prever la asignación de recursos para cubrir la nómina de maestros en Guerrero que no fueron considerados y no recibieron su pago en enero pasado.
El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por el diputado del PRD, Nicanor Adame Serrano, quien recibió el voto a favor del resto de diputados, para exhortar al gobernador sustituto, Rogelio Ortega Martínez, a que instruya a su secretario de Educación, Salvador Martínez della Roca, y al de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao, para que realicen las “gestiones necesarias” para que garanticen la cobertura financiera de las plazas de maestros que no fueron incluidas para su pago en el mes de enero.
Igual se exhorta a los mismos titulares de la SEG y la Sefina, para que establezcan un programa que permita contar con la información necesaria que se requiera para poder dar cumplimiento al artículo 18, en correlación con el artículo décimo transitorio, de la Ley General de Servicio Docente, cumplimentando el censo de aquellas escuelas que no fueron posible contabilizar en el año 2013.
En su exposición, el diputado perredista recordó que de acuerdo con los artículos primero y segundo transitorios de la reforma hacendaria aprobada en octubre de 2013, y que entró en vigor el primero de enero de 2014, se eliminó la transferencia de recursos de la federación a las 32 entidades para el pago del salario del magisterio; para eso, en la Ley de Coordinación Fiscal el gobierno federal eliminó el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que fue sustituido por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) a partir del 2015.
Esto es, que a partir del presente año, para que la Federación pague a los maestros directamente sus salarios, conforme a la reforma hacendaria, se dispuso que se debería crear el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el cual tiene en su poder los recursos para cubrir los gastos de la nómina de las escuelas.
Dijo que la SEP deberá llevar el registro de la nómina a través del Sistema de Administración y Gestión Educativa.
Además, que las autoridades educativas de cada entidad federativa deberán registrar ante la SEP la información de los maestros que deben recibir su pago a través de ese mismo Sistema, mediante el cual la SEP solicitará a la Tesorería de la Federación que realice
el pago correspondiente a los trabajadores de la educación de manera directa.
Pero que estas acciones debieron haberse realizado con la amplitud de tiempo necesaria para que tanto la federación, el estado y los docentes tuvieran oportunidad de analizar y requerir la conciliación de su situación laboral con respecto a la armonización de registro de plazas, debido a que como lo marca la reforma hacendaría refererida, la Secretaría de Educación Pública debió conciliar en un plazo no mayor a un año con las autoridades educativas de la federación el número de plazas.
Lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidades óptimas al momento de que la SHCP asumiera la administración del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, a partir de enero del año 2015.
Pero resulta que en el estado, en la segunda quincena de enero “un considerable número de maestros no recibieron su pago quincenal, y la única respuesta que recibieron fue que la federación no validó sus plazas, y simple y sencillamente no recibirían su pago”.
Nicanor Adame puntualizó que “esta acción es contraria a toda garantía que debe gozar el gobernado, sobre todo porque se refiere al derecho al trabajo, al derecho a recibir el pago justo por su trabajo, pero sobre todo, a que el hecho de no recibir el pago por concepto de salarios afecta no sólo al trabajador, sino a toda una familia, porque el salario es el sustento económico familiar, a lo que nadie, ni el Estado, esta facultado para arrebatarle a cualquier trabajador”.
Aunque acotó: “Debe entenderse que el no haber recibido el pago de su salario se debió por una cuestión de conciliación entre el estado y la federación, sin que se diera oportunidad a los docentes de interponer recurso alguno, por no habérseles otorgado la garantía de audiencia y, consecuentemente, se les privó de un derecho constitucional, recibir el justo pago por su trabajo, principalmente, porque se trata de un trabajo ya realizado, no se les suspendió antes, simplemente no se les cubrió su pago después de haber cubierto sus jornadas laborales”.
Precisó que “con este proceder de la SEP, violenta lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la reforma del mes de octubre de 2013, a la Ley de Coordinación Fiscal, que señala que las autoridades competentes respetarán los derechos de los trabajadores de la educación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las relaciones laborales correspondientes se mantendrán en los términos vigentes hasta la entrada en vigor del decreto”.
Añadió que “nadie, ninguna autoridad puede suspender los derechos laborales de los trabajadores de la educación en el estado de Guerrero, la cuestión de transferencia de recursos, la conciliación de plazas, es un procedimiento que atañe a las autoridades administrativas gubernamentales del estado y de la Federación, y en ello deben sobreponer los derechos laborales de los docentes.
Además de que existe una disposición en el artículo décimo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que obliga a las autoridades educativas de las entidades federativas, a que en el mes de marzo del presente año hagan pública la información sobre las plazas docentes con funciones de Asesor Técnico Pedagógico existentes, así como las responsabilidades de quienes las ocupan.
Luego se dio la votación y se aprobó por unanimidad el exhorto.
En otro asunto, los diputados también aprobaron un exhorto a los tres titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los titulares de los Órganos Autónomos, a los Organismos Públicos Descentralizados, a aplicar acciones preventivas, presentando las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que, en su caso, sea necesario actualizar para dar cumplimiento a los artículos transitorios de la Ley de Contabilidad Gubernamental, y generar una partida especial de sus presupuestos para iniciar el proceso de digitalización de sus archivos, ingresos y egresos y publicarlos en sus respectivos portales de internet.
Y a los 81 Ayuntamientos de la entidad, se les exhorta a presentar las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que, en su caso, sean necesarias actualizar para dar cumplimiento a más tardar en diciembre, y generar una partida especial de sus presupuestos para iniciar el proceso de digitalización de sus archivos, ingresos y egresos para estar en condiciones de cumplir en tiempo y forma con lo estipulado en la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Licencias a alcaldes y a regidores

Y en una segunda sesión, se dio primera lectura a los dictámenes por los cuales se les concede licencia por tiempo indefinido a los alcaldes que quieren ser diputados locales, Ignacio de Jesús Valladares de Teloloapan, Neftalí Hernández Aguilar de Metlatónoc, J. Carmen Higuera Fuentes de Ajuchitlán del Progreso, Mario Alberto Chávez Carbajal de Heliodoro Castillo, Arquímides Quintero Díaz de Cuautepec, Crescencio Reyes Torres de La Unión, Isidro Duarte Cabrera de Cutzamala de Pinzón y Victoriano Wences Real de Tlapa.
También solicitaron licencia los regidores que buscan ser alcaldes, Marcesy Morales Lucena de San Marcos, Francisco Edelio Ramírez Torralva de Coyuca de Benítez, Candy Unises Ascencio Román de Acapulco, Andrés Guzmán Salgado de Iguala, Cristóbal Aburto Pineda de Zihuatanejo y Guadalupe Castillo Alonso de Eduardo Neri.
Mientras que el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, notificó al Congreso local que regresa al cargo de alcalde, luego de su fracaso en conseguir la candidatura a gobernador por el PRI.