Amenazan a dos activistas que piden justicia para Hernández Cardona, denuncia la viuda

*Teme que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca sea liberado cuando la presión nacional e internacional de organismos de derechos humanos disminuya, porque la PGR no lo quiere incriminar por el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, dice Sofía Mendoza. Debido a la grave violación de los derechos humanos la firma del Tratado de Seguridad Alemania-México está detenida, informa la regidora

La regidora del PRD y activista social, Sofía Mendoza Martínez informó que dos integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad que preside el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, recibieron amenazas debido al caso del asesinato de Arturo Hernández Cardona por lo que activaron los mecanismos de protección mediante el botón de pánico, enlazado a instancias de seguridad pública federal.
En conferencia de prensa dijo que como parte de la misión de derechos humanos que realizaron en la Unión Europea en las ciudades de Bruselas, Alemania y Francia, el 25 de febrero el delegado del Servicio exterior de Alemania estará en México y Guerrero ante la grave crisis de violación a los derechos humanos.
Precisó que en Guerrero el visitador atenderá los casos Ayotzinapa, la ejecución del líder de Unidad Popular (UP) Arturo Hernández Cardona, las víctimas de desaparición forzada de Iguala y la criminalización a la Casa de Justicia de El Paraíso y a la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
En su oficina del Ayuntamiento Sofía Mendoza mencionó, entre los logros de la misión del 28 de enero al 9 de febrero, que les confirmaron que por la grave violación de los derechos humanos en el país la firma del Tratado de Seguridad Alemania-México está detenido, y es mediante el cual la policía alemana capacitaría a la de México, “con lo que se les darían las armas para seguir reprimiendo a luchadores sociales y defensores de derechos humanos”.
La viuda del activista Arturo Hernández Cardona, dijo que en la misión de derechos humanos fijaron la postura de que el caso Ayotzinapa la PGR no lo puede dar por cerrado, “porque aún hay un prófugo importante en el tema, que es el ex jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez”.
Reiteró que el ataque y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está ligado a la desaparición forzada y ejecución de los activistas de UP, y sostuvo que si se hubiera aplicado la ley en contra del ex alcalde José Luis Abarca y su jefe policiaco, Flores Velázquez, señalados por uno de los sobrevivientes, la masacre de los normalistas de hubiera evitado.
Agregó que temen la excarcelación de José Luis Abarca Velázquez, ya que su expediente dice que sólo está encarcelado por secuestro agravado que terminó en homicidio, pero no se le culpa de la ejecución ni del ataque y desaparición de los estudiantes que dio como resultado seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos, uno de ellos confirmado por la PGR como asesinado.
Consideró que la PGR no debe dar por cerrado el caso y a José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa se les debe de juzgar por los ataques y la desaparición de los normalistas.
Señaló que ese fue un crimen de Estado y también debe de ser juzgado el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
Dijo que el temor es que el ex alcalde sea liberado cuando la presión nacional e internacional de organismos de derechos humanos disminuyan, “porque la PGR no lo quiere incriminar por este caso”.
Denunció que la PGR niega el acceso a la justicia al haber enviado el expediente del caso al juzgado primero federal de Matamoros, Tamaulipas, presuntamente por seguridad, “la idea es cansarnos, enfadarnos y se nos sigue violentando el acceso a la justicia como deudos”.
Señaló que existe el temor entre los familiares de los sobrevivientes porque aún hay responsables señalados que están libres, como el ex secretario de Seguridad Felipe Flores.
Criticó al gobernador Rogelio Ortega Martínez por su apatía y la falta de atención a su petición de que interviniera para que el expediente sea trasladado a un juzgado en el lugar en el que fue recluido Abarca Velázquez.
Indicó que la impunidad, la complicidad y la corrupción de las autoridades permitió que Abarca siguiera al frente de la administración aun después de la desaparición forzada y ejecución de los activistas de UP, “la PGR no lo quiso juzgar por lo de Ayotzinapa y sólo se acordó que estaba pendiente lo de la Unidad Popular y por eso lo detuvieron”, criticó.
Dijo que si no hubiera pasado la tragedia de Ayotzinapa José Luis Abarca seguiría gobernando Iguala, después sería diputado federal del PRD, y su esposa sería la alcaldesa de Iguala. (Alejandro Guerrero / Iguala).