Periódico con noticias de Acapulco y Guerrero

Vidulfo Rosales Sierra

Los enemigos históricos del pueblo

Hablar del pueblo en general es una concepción abstracta y confusa porque, en efecto, en ese concepto caben todos, ricos, pobres, gobernantes y gobernados. Sin embargo, históricamente el concepto de pueblo hace referencia a las clases desposeídas y vulnerables, desde el Imperio Romano hasta nuestros días. Lo más correcto es hablar de clases sociales.
Pese al derrumbe del socialismo real, el marxismo sigue teniendo vigencia en tanto que las clases sociales no han desaparecido. Tal vez el proletariado como lo concibió Marx no está intacto, pero es una realidad que el capitalismo ha acentuado sus contradicciones generando una abismal desigualdad social y, como consecuencia, un desgarrador sufrimiento para los pobres.
A ese pueblo de las clases pobres hizo referencia el general Salvador Cienfuegos en su discurso pronunciado en el 102 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Textualmente dijo: “Hay quienes quisieran distanciarnos del pueblo. Imposible. Somos uno y lo mismo”. Esa posición refleja el temor de las fuerzas armadas al desprestigio y desprecio que las clases pobres le tienen a ese instituto armado, que cada día crece exponencialmente, particularmente con las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Iguala.
Por eso, es necesario primeramente clarificar que el pueblo conformado por las clases pobres –que es la inmensa mayoría– no tiene por aliado a las oligarquías de este país ni a las instituciones que la sostienen.
El concepto de pueblo ha sido utilizado de manera genérica por gobiernos demócratas y tiranos. Lenin y Fidel, en nombre del pueblo expropiaron las propiedades privadas para socializarlas cuando en sus respectivos países triunfó la revolución, pero también Hitler y Mussolini apelaron al pueblo para perpetrar el holocausto, la detención y desaparición de miles de judíos y otras personas que consideraban de “razas inferiores”.
Para desentrañar quiénes están con las clases pobres, tenemos que acudir al concepto de lucha de clases de Marx –que como ya expresamos, su pensamiento sigue teniendo plena vigencia–. Él refería que existen dos clases antagónicas que están en constante lucha, la de los ricos por el sometimiento y explotación de los pobres, y éstos por su emancipación; los primeros, pese a ser pocos, cuentan con el dinero, gobiernos, ejército y policías para imponer el orden y meter en cintura a los alebrestados que cuestionan las inconsistencias de ese régimen, así como los partidos políticos, prensa oficial y el sistema de educación que justifica el status quo.
Esa lucha de clases en México sigue teniendo lugar. Una oligarquía impone el neoliberalismo como política económica, para ello privatiza los recursos naturales de los pueblos campesinos e indígenas, los servicios educativos y de salud, cercena los derechos laborales de los trabajadores, apuntala una educación que forma técnicos o mano de obra barata para las grandes corporaciones en detrimento de una educación científica y crítica que resuelva los problemas sociales del país. Cuando alguien cuestiona y protesta por estas formas de gobernar y conducir el país se le encarcela, asesina y desaparece. El asesinato de tres y la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa se enmarca en este contexto, no es un hecho aislado. El encarcelamiento de decenas de luchadores sociales que hoy se encuentran injustamente en las cárceles de máxima seguridad es otra muestra de la opresión que lleva a cabo la maquinaria estatal al servicio de las élites capitalistas.
Por lo tanto, pensar ingenuamente que el Ejército mexicano o la policía están con las clases pobres es paradójico, ya que forman parte del conjunto de instituciones represivas cuya función es controlar la inconformidad social que amenaza con medrar las bases de las oligarquías y sus instituciones.
Estas luchas son imperceptibles cuando las posiciones de las clases sociales no se polarizan, pero son visibles cuando las contradicciones se acentúan. En 1968, cuando la juventud y los estudiantes decidieron salir masivamente a las calles a manifestarse por la democracia y contra el autoritarismo del PRI, las policías y el Ejército fueron mandados a matar y desaparecer para garantizar la continuidad del régimen y sus instituciones.
El 26 de septiembre de 2014, la desaparición de nuestros 43 compañeros estudiantes despertó a los oprimidos de este país de su letargo y desnudó la corrosión y putrefacción de las instituciones gubernamentales, de seguridad pública, partidos y clase política, y por ello hoy sale con la frente en alto y la dignidad a toda prueba a las calles para exigir cambios profundos. Esa exigencia e inconformidad ha sido interpretada por las oligarquías como una amenaza a sus intereses, y más cuando los padres de los 43 estudiantes desaparecidos son los que lideran procesos de unidad de la clase pobre. Por ello, el Ejército salió de sus cuarteles y está en las calles dispuesto a abrir fuego, encarcelar y desaparecer a quienes sigan gritando y exigiendo la presentación con vida de los 43, y cambios profundos en este país. Esto evidencia de qué lado está el Ejército, su lealtad es con el régimen y las instituciones que a su vez responden a los intereses de las élites económicas. Si bien es cierto, como afirman, que nacieron de las entrañas del pueblo en el contexto de la Revolución Mexicana, no menos cierto es que hoy defienden a un gobierno sometido al gran capital y se han convertido en el instrumento represor de la oligarquía financiera.
Otro ejemplo claro del triste papel del Ejército tiene lugar con los pueblos de Guerrero que han decidido formar sus policías comunitarias y ciudadanas para combatir a la delincuencia organizada que golpea la vida cotidiana de los pobres. Lejos de apoyar los esfuerzos organizativos y ciudadanos en el combate a este flagelo, descarga su furia represiva contra mujeres y hombres del campo que con valentía enfrentan al crimen organizado, tal y como ocurrió hace algunos días en la comunidad de Petaquillas. Este pueblo tiene varios años de padecer asesinatos, secuestros y extorsiones de los grupos delincuenciales de la zona. Varias solicitudes a las autoridades para que brinden seguridad han ido a parar a los archivos, cuando no al cesto de la basura de los funcionarios; del Ejército ni sus luces en el lugar, por el contrario, pareciera que permite a los grupos delincuenciales el libre movimiento. Cuando el pueblo, cansado de tanto atropello de los delincuentes, se levanta, llega el Ejército a golpear a los inconformes, se introduce en su territorio y detiene a sus dirigentes. Todos los partidos, gobiernos y clase empresarial se escandalizan por el surgimiento de “grupos ilegales” de autodefensas y policías comunitarias, mientras que solapan y se callan ante los asesinatos, secuestros y extorsiones de la delincuencia organizada.
En Chilapa, dos retenes con ametralladoras apuntan al pueblo que viaja a sus comunidades, seguramente buscan a posibles guerrilleros, maestros cetegistas y normalistas que protestan, porque no creo que monitoreen y den seguimiento a los pasos de los delincuentes, si no ¿cómo explicar que en un pueblo de ese municipio en estos días amanecieron cinco muertos y tres secuestrados?
Por todo lo anterior, es falso que el Ejército esté de lado del pueblo, por el contrario, es una institución cuya función es reprimir a los inconformes y garantizar la continuidad de instituciones que sostienen a las élites empresariales y aplican una política económica que mantiene en la pobreza a más de 60 millones de mexicanos. En Guerrero tenemos memoria histórica, desde los años 1960 hemos sido pisoteados, asesinados y desaparecidos por el Ejército mexicano. A los guerrerense nos queda claro el papel de las fuerzas armadas y de qué lado están.

468 ad