Abrirán nuevas líneas de investigación sobre Ayotzinapa, informan expertos de la CIDH

*Desde el 27 de enero no hay acercamientos entre autoridades y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, afirma Felipe de la Cruz. Su objetivo es intentar encontrar a los estudiantes, dicen los integrantes del Grupo Interdisciplinario

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que harán una investigación del ataque a normalistas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, ofrecieron abrir nuevas líneas de investigación al respecto.
Ayer se reunieron en Washington con integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para ultimar los detalles de su llegada a México, programada para el 1 de marzo.
El vocero de los padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz dijo que para ellos es urgente que lleguen a hacer este trabajo, que se acordó mediante convenio entre la CIDH y el Estado mexicano, no como una concesión a los familiares de los desaparecidos, sino por la falta de certeza en los resultados de la investigación judicial en un crimen de lesa humanidad, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Indicó que los padres se reúnen hoy con los abogados del Centro Prodh, y de los expertos expuso, “necesitamos que ya estén aquí por todo lo que ha estado pasando”, en referencia a los informes de la PGR, que dio por muertos a todos los normalistas desaparecidos, y desacreditó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que puso en tela de juicio la versión oficial.
Informó que desde la conferencia de prensa del procurador Jesús Murillo Karam el 27 de enero, cuando declaró muertos a los estudiantes con la intensión de cerrar el caso, no ha habido ningún acercamiento ni de las autoridades ni de los familiares.
Consideró que no tendría caso una reunión de seguimiento si los funcionarios se niegan a atender las pruebas que contradicen su versión, y “así no podemos confiar en ningún aspecto en la PGR, porque su intensión es cerrar el caso de cualquier forma. Nos mantiene en la duda y la desconfianza”.
En cuanto a los peritos argentinos indicó que esperan los resultados del laboratorio de genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, sobre 16 restos hallados en el basurero de Cocula para su identificación, y siguen revisando los tiempos de los incendios en la basurero.
Recordó que el EAAF resolvió responder al informe de la PGR porque de lo contrario serían cómplices de las declaraciones del procurador, porque no participaron en muchas diligencias que las autoridades querían que respaldaran como peritos de confianza de los padres de las víctimas.
Ratificó que los padres van a insistir en la presentación con vida de sus hijos con acciones pacíficas, como han sido hasta la fecha, “pero cuando la agresión venga de aquel lado (de las autoridades) nos vamos a defender, como cualquiera lo haría”.

Actuar con total autonomía e independencia, ofrecen

Abrir nuevas líneas de investigación sobre el caso Ayotzinapa y actuar con total autonomía e independencia, ofreció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH que llegará a México el 1º de marzo.
“Abriremos nuevas líneas de investigación hasta llegar a una conclusión”, declaró en rueda de prensa Ángela Buitriago, abogada colombiana quien junto a otros cuatro expertos integra al GIEI, creado a petición de los familiares de los normalistas y en acuerdo con el Estado mexicano bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A su llegada a México y con un plan inmediato de permanecer en el país unas tres semanas, el GIEI destacó que se reunirá con los familiares de las víctimas, visitará Iguala, Ayotzinapa y el lugar donde presuntamente fueron incinerados los 43 normalistas, y revisará y analizará los procesos forenses y de investigación judicial del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al considerar que el caso es un acto de “desaparición forzada”, los expertos del GIEI aclararon que no pueden hacer conclusiones de lo que podrán hacer en México, aunque su objetivo es intentar encontrar a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, rechazando con ello el argumento de la PGR sobre la “verdad histórica del caso”, de que todos los desaparecidos fueron incinerados.
Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, explicó que el mandato que tienen para la investigación es de seis meses de duración, pero con la posibilidad de prorrogarlo en caso de que lo consideran necesario.
“A finales de mayo o principios de junio presentaremos públicamente un primer informe sobre nuestro trabajo, y después al cumplirse los seis meses presentaremos un reporte final”, detalló la abogada al acotar que las dos presentaciones de sus conclusiones se realizarán en México.
“Este es un caso que ha confrontado a México con el mundo”, declaró Carlos Martín Beristáin, médico psiquiatra español y otro de los integrantes del GIEI.

Las cuatro tareas del GIEI

El acuerdo firmado en noviembre por la CIDH, el gobierno de México y los representantes de los estudiantes desaparecidos define técnicamente las siguientes tareas para el grupo de expertos, que también integran el abogado chileno Francisco Cox Vial y el también abogado colombiano Alejandro Valencia Villa:
En primer lugar, la evaluación de las acciones realizadas por el Estado y el apoyo en la elaboración de planes de búsqueda de las personas desaparecidas, incluyendo la evaluación de las medidas técnicas implementadas e investigación en los hechos a partir del 26 de septiembre.
El análisis de las acciones llevadas a cabo en la investigación, hacer recomendaciones y presentar conclusiones sobre las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.
En tercer lugar evaluar las demandas y necesidades de las víctimas, las respuestas que se han dado hasta ahora y hacer recomendaciones sobre el plan integral de atención a las familias de los desaparecidos.
Por último hacer recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todas las personas desaparecidas en México y atención a las víctimas, con el fin de contribuir a enfrentar de manera estructural el drama de los derechos humanos que se vive en México. (Apro / Washington)