Las indicaciones de la ONU deben tener impacto inmediato en el caso Ayotzinapa, señalan ONG

*Celebra el Centro Prodh que Naciones Unidas también recomendara sancionar penalmente a superiores jerárquicos en la cadena de mando, quienes comúnmente disfrutan de prácticas de tolerancia e impunidad

Agencia Reforma

Ciudad de México

Las observaciones del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas deben tener un impacto inmediato en el caso Ayotzinapa, coincidieron integrantes de organizaciones civiles.
De acuerdo con el Comité, en cualquier caso de desaparición el Estado tiene la obligación de investigar a todos los actores estatales posiblemente involucrados, así como de agotar todas las líneas de investigación.
Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, celebró que Naciones Unidas también recomendara sancionar penalmente a superiores jerárquicos en la cadena de mando, quienes comúnmente disfrutan de prácticas de tolerancia e impunidad.
Dichos señalamientos hacen eco de las peticiones que han realizado familiares y organizaciones, para que la PGR investigue el involucramiento del Ejército y amplíe distintas líneas de investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas.
“No es tarde, llegan las recomendaciones en un buen momento (…) para retomar, ampliar y llevar a buen término, en la medida posible, la investigación del caso Ayotzinapa. Ya se perdió el periodo crucial de horas y días después de los hechos, pero todavía se puede hacer mucho con la voluntad política del Estado”, opinó en entrevista.
Para Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, las observaciones evidencian las deficientes investigaciones que se hacen en materia de desaparición.
“Esto tendrían que implicar que, en un ejercicio de autocrítica, y de voluntad por resolver el tema, el Estado mexicano mejore las indagatorias, las averiguaciones previas que ha venido haciendo y que han sido sujetas a muchas críticas”, señaló en entrevista.

Urge Aureoles a legislar sobre desaparición forzada

Tras las observaciones de la ONU, el presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, urgió a sumar esfuerzos y legislar en favor de una ley que erradique y proteja los derechos de víctimas de la desaparición forzada, así como la creación de un registro nacional único, confiable y certificado de personas desaparecidas.
En un comunicado, Aureoles exhortó a que tanto el Poder Legislativo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cumplan con su responsabilidad pública en la materia, y vayan más allá de pronunciamientos “mediáticos”.
“En México, por lo menos, debemos sumarnos todas y todos al llamado de que nuestro País cumpla pronto con los compromisos internacionales y tener una ley que proteja a las víctimas de la desaparición forzada”, manifestó.
En ese sentido, se pronunció por hacer todo lo que esté al alcance del Congreso para encontrar soluciones de fondo y de largo plazo.
“A pesar de las difíciles circunstancias por las que atravesamos, el Estado mexicano y toda la sociedad mexicana en su conjunto, debemos refrendar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad en mantener espacios de convivencia y de tolerancia que nos lleven al entendimiento, la reconciliación y la construcción de acuerdos para solucionar nuestros problemas”, añadió.
“La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, advierte en sus observaciones finales sobre el informe entregado por el Gobierno mexicano, las cuales fueron presentadas ayer.