Ve el IFAI retroceso y exige al Senado no acotar el derecho ciudadano a la información

*Los siete comisionados firmaron el 12 de febrero un documento que fue remitido a la Cámara alta en el que también demandan que no se afecte el principio de máxima publicidad que deberían observar todas las dependencias públicas según la Ley General de Transparencia

Agencia Reforma

Ciudad de México

En medio de la discusión sobre la nueva Ley General de Transparencia, el pleno del IFAI exigió al Senado no acotar el derecho ciudadano al acceso a la información ni afectar el principio de máxima publicidad al que deberían estar obligadas todas las dependencias públicas.
Los siete comisionados del IFAI firmaron un documento que fue remitido a la Cámara alta el pasado 12 de febrero ante el temor a un posible retroceso en materia de transparencia en el país.
El texto contiene 10 puntos relevantes que debería contener la nueva ley con la que los senadores están reglamentando la reforma constitucional en materia de transparencia, aprobada hace más de un año.
Entre los irreductibles del IFAI, destaca la exigencia de que el legislador precise los conceptos y causales de reserva por seguridad nacional y por estabilidad financiera, económica y monetaria, ya que se trata de restricciones al ejercicio del derecho de acceso a la información.
“Corresponde al legislador establecer parámetros específicos para restringir el derecho de acceso a la información, que sean necesarios y acordes para satisfacer un objetivo legítimo en una sociedad democrática, de tal manera que no se deje al arbitrio de los sujetos obligados”, señala el documento.
También se exige al Senado que se mantengan como sujetos obligados de la ley los fideicomisos y fondos públicos sin hacer distinción alguna entre aquellos que son entidades paraestatales y los que no lo son.
En otro punto se sugiere mantener como una obligación de transparencia la publicación del nombre de las personas a quienes se les ha condonado o cancelado un crédito fiscal, así como su vinculación con el monto implicado, y no dejarlo como mero dato estadístico.
En cuanto a los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, el IFAI recomienda que se mantenga la excepción a la reserva sin condicionarla a que exista un pronunciamiento previo de una “autoridad competente”.
También se pide evitar la posibilidad de que la Consejería Jurídica pueda impugnar, por razones de seguridad nacional, las resoluciones de los órganos de transparencia de las entidades federativas, pues el Artículo 6 constitucional sólo prevé la impugnación de las resoluciones del IFAI.
Asimismo, los comisionados piden a los senadores la integración del Sistema Nacional de Transparencia sólo con miembros del IFAI y los órganos de transparencia de las entidades federativas sin incluir a funcionarios del Gobierno federal.

Arrastra rezago transparencia

Las 250 horas de trabajo que los senadores han desahogado con especialistas y representantes de tres colectivos no han rendido frutos aún y la Ley General de Transparencia no ve la luz.
De hecho, con 20 temas aún “encorchetados” los senadores arrastran ya un “incumplimiento constitucional”, pues el ordenamiento debió haber cobrado forma la semana pasada.
“La semana pasada se venció el plazo. Tenemos un incumplimiento constitucional y estamos obligados a resolverlo pronto; lo importante es cuidar que los contenidos constitucionales se respeten: de nada sirve que por razones de prisa, en el camino se pierda la esencia”, resumió el senador panista Roberto Gil, presidente de la comisión de Justicia.
De acuerdo con una tarjeta informativa fechada el de 10 febrero, al menos 20 temas permanecen “encorchetados”; entre otros, la mayoría simple del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para promover acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y ejercer la facultad de atracción.
También la no sanción a servidores públicos que den acceso de buena fe a información reservada o confidencial; prueba de daño y prueba de interés público; y eliminación de algunas causales de clasificación de información reservada que son parte de la actual Ley de Transparencia.
Optimista, la senadora panista Laura Rojas explicó que la Ley General de Transparencia atraviesa por “una fase de construcción del dictamen” que, previó, podría aprobarse la primera semana de marzo.
“Es decir: qué ley es la que va a prevalecer sobre las otras en términos de regulación de transparencia. Nosotros creemos que existe la ley general, pero el Gobierno propone que no sólo sea la ley general sino que también la ley específica”, dijo.
Con otra perspectiva, el senador perredista Zoé Robledo explicó que “si decimos que hay un avance del tres por ciento es un buen dato porque por lo menos sabemos que ya hay una reconstrucción del dictamen. Lo peor sería decir que no hay una negociación, que no hay espacio para trabajar el dictamen: puede sonar como una cifra muy menor, pero si es en el sentido correcto me parece algo positivo”.
Advirtió del riesgo de que asome una “regresión” si prospera la intentona del PRI y del Gobierno para impulsar un conjunto de 80 modificaciones.
La senadora priista Arely Gómez apuntó que “alrededor de 20 temas siguen en valoración para ser tomados en cuenta para la fase de dictaminación”.
“El pasado miércoles 11 de febrero hubo una reunión de los senadores integrantes del Grupo Redactor con el objeto de acerca posiciones. De esta reunión surgió el acuerdo de abrir a un debate público mediante audiencias públicas”.