Abelardo Martín M.

El Alzheimer de los políticos

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida total de la memoria, hasta de las funciones más mecánicas del organismo como respirar o digerir, que se pierden irremediablemente.
Pero más que una enfermedad de la vejez, parece una auténtica epidemia entre los políticos. En campaña son buenísimos para la promesa, pero más que pésimos para el cumplimiento. Todos quieren ser percibidos como guapos, serios y cumplidores, cuando en realidad la inmensa mayoría utiliza los cargos como peldaños de una escalera para seguir ascendiendo en carreras burocráticas caracterizadas por la simulación, la componenda o la abierta transa. Son políticos que desprestigian la noble actividad política.
Hay un nudo gordiano de ingobernabilidad que tiene atrapado al estado desde hace lustros, por no hablar sólo de sexenios de funcionarios incapaces y rapaces, irresponsables y egoístas que pusieron su bien por encima de sus obligaciones, que falsearon y mintieron hasta la desvergüenza y que, con todo y eso quieren ser percibidos como blancas palomas.
Muchos guerrerenses y muchos agraviados en el país se preguntan si llegará la justicia hasta Ángel Heladio Aguirre Rivero, el gobernador que solapó el crimen contra Ayotzinapa y agravó la crisis de gobernabilidad en Guerrero.
Los ciudadanos están atónitos, estupefactos ante el descaro y la superficialidad de sus gobernantes, que siguen pensando que todo está bajo control cuando a muchos ya les llegó, desde hace tiempo, el agua más arriba de los aparejos.
En la víspera de un proceso electoral que ya se vislumbra complejo y difícil, la bomba que cayó sobre los familiares, amigos y conocidos del ex gobernador con licencia, infiere que, cuando la ley quiere aplicarse, se puede, trátese de quien se trate.
Lo más reciente, luego de que el hermano mayor de Aguirre Rivero, Carlos Mateo, fuera detenido, es que autoridades federales se dan a la tarea de ubicar y cumplimentar órdenes de aprehensión contra nueve implicados más en el caso de desvío de recursos durante la administración del gobernador con licencia, mientras un juez federal decide si deja en libertad a los primeros nueve detenidos o les dicta el auto de formal prisión.
De acuerdo con las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR), nueve personas, entre amigos y familiares de Aguirre Rivero, fueron consignados por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita por más de 287 millones de pesos.
Los inculpados que se encuentran presos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, son Carlos Mateo Aguirre Rivero, Luis Ángel Aguirre Pérez, Paulo Ignacio Hughes Acosta, Mauricio Francisco Hughes Acosta, Alejandro Carlos Hughes Acosta, Jorge Eduardo Hughes Acosta, Víctor Ignacio Hughes Alcocer –subsecretario de Finanzas–, Henry Paul Hughes Alcocer y Víctor Felipe Hughes Acosta.
Carlos Mateo Aguirre es hermano del gobernador con licencia de Guerrero, y Luis Ángel es sobrino del ex funcionario que solicitó licencia a su cargo tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal, con sede en Toluca, Estado de México, se definirá su situación legal.
La semana pasada, la PGR dio a conocer la existencia de una red de ex servidores públicos del estado de Guerrero y familiares de éstos que estaban involucrados en la transferencia ilícita de recursos federales y del gobierno estatal a sus cuentas personales.
En este marco, elementos de la Policía Federal detuvieron la víspera en aquella entidad, a Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex subsecretario de Finanzas y Administración de Guerrero, acusado, al igual que los familiares del ex gobernador Ángel Aguirre, de lavado de dinero.
De acuerdo con las fuentes de la PGR, Hughes ya fue internado en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
La PGR intentará demostrar en un juicio penal que, desde su posición, en la que controlaba los recursos del gobierno estatal, Hughes Alcocer supuestamente fue una pieza clave en las transferencias de recursos públicos por 287 millones 12 mil 594 pesos a empresas que los desviaron a familiares del ex gobernador y del propio ex subsecretario de Finanzas.
Vientos frescos de aparente limpieza se sienten, refrescan y renuevan la esperanza, aunque la mula no era arisca, y ajustar cuentas con familiares o amigos del ex gobernador priista-perredista resulta esperanzador, pero a todas luces insuficiente. Ojalá la operación limpieza fuera en serio y a fondo. No nada más un viento de febrero.