Aguirre supo en abril del 2012 de los desvíos de Víctor Felipe Hughes y no hizo nada

Se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y manejaba el presupuesto a su arbitrio. El gobernador encubrió, resarció parte del recurso desfalcado y “regañó” a los policías que lo denunciaron públicamente

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El ahora gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, sabía desde abril del 2012 que Víctor Felipe Hughes Acosta, uno de los detenidos por desvíos de recursos públicos en su gobierno, malversó parte de los 300 millones de pesos obtenidos de la federación ese año para el rubro de seguridad, cuando se desempeñaba como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado. Sin embargo lo encubrió, resarció parte del recurso desfalcado y “regañó” a los policías que lo denunciaron públicamente.
Ex policías –entre ellos un ex jefe– que fueron despedidos meses después, informaron que esos recursos extraordinarios debieron aplicarse para la instalación de cámaras de vigilancia, el Centro de Evaluación y Control de Confianza, el Centro de Inteligencia Policial y la adquisición de nuevas patrullas para el municipio de Acapulco. Así como para la compra de uniformes, botas, fornituras y para el mejoramiento de las instalaciones policiacas.
Pero cuando Víctor Felipe Hughes salió del Consejo por denuncias de nepotismo en el equipo de Ángel Aguirre, los policías se enteraron que el Centro de Evaluación que los certificó y que a muchos reprobó, no estaba certificado por el Sistema Nacional de Seguridad, tampoco fue instalado el Centro de Inteligencia Policial, mientras que las patrullas fueron adquiridas sin licitación.
Asimismo, los uniformes, fornituras y botas resultaron de mala calidad y los policías se negaron a recibirlos y realizaron paros y protestas para que les entregaran equipo de calidad.
Por otra parte, en contubernio con Ernesto Aguirre Gutiérrez, entonces coordinador general de Proyectos Estratégicos del gobierno del estado, compraron a sus comercializadoras a precios muy por arriba de los del mercado, las 900 cámaras de video vigilancia para equipar el llamado edificio inteligente de Acapulco.
Víctor Felipe Hughes Acosta fue nombrado secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública al inicio del gobierno de Ángel Aguirre y durante su gestión los policías denunciaron uno de los desvíos más fuertes de recursos públicos.
Por medio de los agentes trascendió que a través de comercializadoras de su propiedad y otros socios se asignaba la compra del equipo policiaco y otros insumos, así como obras para el Instituto de Formación y Capacitación Policial (actualmente Instituto Universitario de Ciencias Policiales) y sus centros regionales de adiestramiento policial conocidos como Crapoles, el Centro Estatal de Evaluación, conocido como C3, y los C4 de Chilpancingo, Acapulco e Iguala.
Hughes Acosta duró apenas poco más de un año en el cargo, pues tuvo que renunciar debido al escándalo por los señalamientos de nepotismo en el gabinete del gobierno de Ángel Aguirre, pero durante ese tiempo fue el depositario de 330 millones de pesos de los programas federales Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamum), enviados a través del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
El entonces secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública era el encargado de la administración, también, de los rendimientos financieros que generaron esos recursos que estaban depositados en el banco, mismos que utilizaba a su arbitrio a través de la Dirección General de Programas y Políticas del Consejo Estatal de Seguridad Publica.
El ex policía Javier Zaragoza Maya, quien fue despedido a principios del 2014, recordó que a pesar de que había recursos suficientes, en el periodo de Hughes Acosta los elementos policiacos vivieron una de las peores crisis, pues el gobierno estatal les suprimió apoyos que habían obtenido en el gobierno de Zeferino Torreblanca.
Dijo que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPYPC) les canceló el pago de viáticos y cerró los comedores que había en los cuarteles regionales, les redujo la dotación de casquillos y les entregó uniformes, fornituras y botas de mala calidad, por lo que se negaron a recibirlas.
Debido a esta situación las protestas de los agentes comenzaron desde marzo del 2012.
Zaragoza recordó que el 18 de marzo, 40 elementos de la Policía Estatal Acreditable se manifestaron en el Cuartel Regional de Acapulco en contra de sus superiores, porque se encontraban inconformes por la mala calidad de los uniformes y por las obras inconclusas en ese cuartel.
“Los uniformes parecían de plástico y algunos ya hasta estaban rotos y consideramos que no servían para el trabajo que realizábamos en los operativos”, dijo.
Añadió que ese día les sorprendió que a pesar de que su protesta era en contra del entonces secretario de Seguridad Pública, Guillermo Jiménez Padilla, y del Subsecretario de Prevención y Operación Policial, Leonardo Vázquez Pérez, quien llegó primero a atenderlos fue el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Víctor Hughes, quien les pidió que suspendieran la protesta y les ofreció una mesa de trabajo para escuchar sus demandas. Fue hasta después que llegaron Jiménez Padilla y Vázquez Pérez.
Los policías denunciaron entonces que desde dos años antes no les habían entregado uniformes, botas, fornituras e insignias, y que ahora que se las daban eran de mala calidad.
Los funcionarios se comprometieron a resolverles todas sus demandas y según Javier Zaragoza, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad les pidió que dejaran de hacer las denuncias ante los medios de comunicación.
El 25 de abril, el secretario de Seguridad Pública, Jiménez Padilla, en una reunión con policías les dijo que las instrucciones del gobernador eran recoger los uniformes y regresarlos al proveedor, pues reconoció que eran de pésima calidad, y que le pidió entregar un nuevo material de buena calidad a los policías no sólo en el caso de los uniformes sino de todos los implementos que utilizan como botas, fornituras, insignias, chamarras, impermeables, armamento y patrullas.
Otro de los policías despedidos supuestamente por no haber aprobado el examen de Control y Confianza, Martín Castro, recordó que el 8 mayo de ese mismo 2012 en el Cuartel General de Acapulco, el gobernador Aguirre Rivero “regañó” a los policías que ya para entonces denunciaban el desvío de recursos del presupuesto de Seguridad Pública y responsabilizaban a Hughes Acosta.
Les dijo que tendrían de parte de su gobierno “y del gobernador todo el apoyo, el respaldo y el reconocimiento”, pero que a cambio les pidió que se comporten “bajo los conceptos de disciplina, lealtad y trabajo” porque de lo contrario se aplicaría el código disciplinario de la corporación.
También les sugirió que dejaran de hacer los señalamientos ante los medios de comunicación, “las veces que así lo deseen podrán dialogar directamente con su gobernador, ustedes me conocen muy bien y saben que soy un hombre de apertura, saben que soy un hombre sensible, justiciero, por eso, cualquier situación que quieran exponerme, a eso he venido también, a escucharlos”, según quedó asentado en la minuta de acuerdos.
Martín Castro recordó que algunos elementos no se “amilanaron” y que le dijeron al gobernador que sus mismos superiores les habían dicho que los recursos que no recibían se estaban desviando por el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Víctor Felipe Hughes Acosta.
Entonces Aguirre Rivero se comprometió con ellos de que no permitirá ningún tipo de desvío de recursos “y mucho menos los recursos que se destinan para una tarea tan noble como la de esta corporación policiaca”, pero sólo se comprometió a proceder contra la empresa donde se adquirieron los uniformes que no cumplieron con la normatividad correspondiente. Lo cual nunca supieron si ocurrió.
Pero posteriormente, el 12 de junio, 200 policías preventivos y de tránsito pararon labores en Acapulco y en Chilpancingo, porque el gobierno estatal no cumplió y tampoco les había pagado los viáticos y un bono especial que el mismo gobernador Ángel Aguirre les ofreció a todos los policías estatales el 13 de enero con motivo del Día del Policía.

El Toro, otro de los fraudes de Hughes

Un ex jefe policiaco que renunció a su cargo por la presión de sus superiores tras las protestas de los policías, contó que otro de los fraudes que se cometió durante el tiempo que estuvo Hughes Acosta al frente de la secretaría ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, fue la adquisición de la unidad conocida como El Toro.
Se trataba de un aparatoso vehículo táctico blindado adquirido por el gobierno de Aguirre con una inversión de 4.4 millones de pesos.
Durante la entrega de la unidad a la SSPYPC, el 4 de julio del 2012 en la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpan-cingo, el gobernador Aguirre informó que El Toro sería utilizado en las operaciones de la Policía Estatal Acreditable y que les facilitaría a los elementos el acceso a lugares de alto riesgo o con presencia de hombres armados, principalmente del municipio de Acapulco.
“Es una unidad muy versátil que ayuda para diversas operaciones para el sistema de seguridad, que con su escotilla que gira a 360 grados puede realizar disparos sin que los elementos pongan en peligro su vida”, explicaría después el entonces subsecretario Vázquez Pérez.
Agregó que en él podían trasladarse hasta 10 elementos de la Policía Estatal Acreditable y que los elementos estaban preparados y capacitados para enfrentar alguna agresión de parte de grupos armados.
“Esta unidad se encuentra fortaleciendo el Operativo Guerrero Seguro, sobre todo en las zonas de Acapulco y en la región de Costa Chica, sin embargo se espera paulatinamente ampliar su presencia y cobertura a otras regiones”, dijo entonces el funcionario de la SSPYPC.
Sin embargo el ex jefe policiaco, quien pidió omitir su identidad, aseguró que la “unidad moderna” que fue adquirida para el combate de la delincuencia organizada sólo fue utilizada en dos ocasiones y que sufrió desperfectos cuando a mediados de julio de ese mismo año era utilizada en un operativo en la colonia Progreso de Acapulco y que después quedó fuera de servicio.
Añadió que después resultó difícil su reparación porque según los superiores de la corporación las refacciones tenían que mandarse traer a Bélgica.
“Hasta donde me di cuenta después solamente fue utilizada en una sola ocasión y cuando yo renuncié supe que estaba arrinconada en el cuartel regional de Acapulco”, aseguró.
Informó que ese vehículo, igual que 30 patrullas que fueron entregadas a la SSPYPC en ese año con una inversión de 17.2 millones de pesos, fueron adquiridas por la secretaría ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad sin licitación y que nunca se supo a qué empresa las compró el gobierno de Aguirre Rivero a través del secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad, Víctor Felipe Hughes Acosta.