Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* El Ejército es intocable

Como si estuviéramos en 1968 y no en el siglo XXI, el presidente Enrique Peña Nieto ratificó ayer el precepto de que el Ejército es intocable, una entidad sustraída en los hechos al orden legal, inimputable. “La honorabilidad de las Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha o duda, bajo la guía de sus elevados valores e ideales”, dijo en la ceremonia realizada para celebrar el Día del Ejército.
También como si estuviéramos en 1968, lo mismo piensan los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, que publicaron ayer un desplegado en los periódicos de todo el país para ensalzar el patriotismo que el Ejército ha mostrado a lo largo de sus 102 años de existencia. Dicen los gobernadores: “Reconocemos en el Ejército Mexicano a un pilar fundamental en la defensa de la libertad, justicia, democracia y soberanía nacional, valores históricos de los mexicanos”. Y aseguran que el Ejército “históricamente ha cumplido con lealtad, profesionalismo y disciplina su compromiso con la legalidad y el desarrollo integral del país, contribuyendo en todo momento al fortalecimiento de la República”.
Esa unanimidad y veneración al Ejército solía ser habitual en lo que ahora se da por llamar el antiguo régimen del PRI, y era una de las premisas en las que se asentaba el sistema político. La otra era que el presidente en turno, hiciera lo que hiciera, también era intocable. Es por eso incomprensible que ahora, al cabo de 40 años de transición democrática y pluralismo político, se reinstale en México la quema de incienso al Ejército. Y que se reinstale ese ritual arcaico y pernicioso con un objetivo político: exhibir públicamente la comunión entre la fuerza militar y el poder político del PRI ante la fuerza moral del movimiento surgido por el caso Ayotzinapa.
Con sus palabras, Peña Nieto concede inmunidad al Ejército, precisamente cuando existe un reclamo social de que sea investigada su intervención, la que haya sido, en el ataque contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala. A través de la PGR, el gobierno ha sostenido que no existen indicios de que militares o policías federales estén involucrados en la batida contra los jóvenes, a pesar de que testimonios y documentos oficiales recogidos por la prensa ponen por lo menos en duda semejante aseveración.
Días atrás, en un documento entregado a la Cámara de Diputados en respuesta a preguntas de los legisladores, la Presidencia de la República sostuvo que la muerte y desaparición de los normalistas fue un hecho cometido por “el crimen organizado en colusión con autoridades locales”, versión que se atiene a la “verdad histórica” difundida por la PGR y que exime de responsabilidad a efectivos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal (El Sur, 18 de febrero de 2015).
La exigencia expresada por los padres de los estudiantes desaparecidos de que el Ejército sea investigado, y los testimonios sobre la posible participación activa de soldados junto a policías municipales de Iguala y Cocula, y miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos en el ataque y la desaparición masiva, suena a blasfemia para quienes consideran zona sagrada la honorabilidad de integrantes del Ejército.
El propio secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, dijo ayer en la misma ceremonia que el Ejército ha sido señalado sin agotar los cauces legales y sin pruebas serias, con el solo propósito de desprestigiarlo. Se refería no solamente al caso de Iguala, sino también a la matanza de Tlatlaya en la que están involucrados militares. “Quiero ser enfático: nos queda claro que es obligación, que es exigencia de todos, sin excepción, respetar la ley, los preceptos jurídicos y las decisiones jurisdiccionales. Por ello, siempre seremos nosotros los más interesados en que cualquier incidente que involucre la participación de personal militar sea investigado a fondo y se esclarezca plenamente”, dijo, en evidente contradicción con la negativa del gobierno federal a que la investigación del caso Ayotzinapa sea ampliada a los militares que estaban aquella noche en Iguala.
Esa contradicción se produce también respecto a la convicción del general Cienfuegos de que “deben ser las autoridades judiciales competentes las que determinen las responsabilidades que conforme a derecho correspondan”. Así es, en efecto, pero en el caso Ayotzinapa la PGR exoneró a los militares sin realizar ninguna investigación, y el gobierno federal se ha negado a esa posibilidad sin exponer argumentos aceptables para ello, todo lo cual se parece mucho a pura y simple protección, pues así sea una herejía, la honorabilidad de algunos militares no puede estar por encima de los derechos humanos de nadie.
“La porción mayor del poder presidencial procede del vacío de la ley, del olvido de la ley o de su burla desaprensiva”, escribió aquel gigante de la crítica política que fue Daniel Cosío Villegas en tiempos en que el presidencialismo resplandecía. Es lo que puede decirse de las posturas de Peña Nieto en relación con el caso Ayotzinapa y con el aparente tráfico de influencias que permitieron que su esposa se hiciera de una mansión. El Presidente olvida y se burla de la ley como lo hacían los presidentes del PRI en esa era que se creía superada.

¿Quiere Ortega otro hecho sangriento en el estado?

El choque ocurrido la noche del miércoles en el centro de Chilpancingo entre policías del estado, y maestros de la CETEG y normalistas, es una muestra de lo cerca que está de producirse en Guerrero un hecho más de violencia y sangre. Pareciera que al gobierno de Rogelio Ortega le interesase provocar otro episodio en el que las víctimas sean otra vez estudiantes y maestros. ¿Por qué iban con armas los policías? ¿De qué cabeza salió esa estrategia demencial?

[email protected]