Dio más dinero el gobierno federal a firmas acusadas de desvíos que al gobierno de Guerrero

Mientras que a constructoras entregó contratos de obra pública entre enero de 2011 y octubre de 2014, la suma de 617 millones 921 mil 795 pesos a la administración de Ángel Aguirre le hizo depósitos por 470 millones 358 mil 399 pesos, según registros

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

El gobierno federal fue más generoso con las empresas que supuestamente desviaron recursos a Ángel Aguirre Rivero y su familia, que con la propia administración del ahora gobernador con licencia de Guerrero.
De acuerdo con el proceso penal 11/2015, las empresas Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa desviaron en forma presuntamente ilícita 268 millones 764 mil 594 pesos a ex funcionarios del gobierno estatal y sus parentelas.
Ese dinero, acusan la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, constituye alrededor del 25 por ciento de los mil 99 millones 310 mil 916 pesos que recibieron dichas empresas por contratos de obra pública entre enero de 2011 y octubre de 2014.
El desglose de los depósitos revela que en ese periodo la federación entregó a dichas constructoras una suma de 617 millones 921 mil 795 pesos, mientras que la administración del propio Ángel Aguirre les hizo depósitos por 470 millones 358 mil 399 pesos.
El documento, que es parte del juicio en el Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales de Toluca contra varios de los implicados, agrega que la empresa Proespe en Obra Pública y Privada transfirió 959 mil 610 pesos a Comercializadora 2003 y que el Gobierno de Morelos pagó 10 millones 71 mil 110 pesos a Constructora Trabesa.
Según el expediente, Comercializadora 2003 es una empresa que fue constituida el 8 de marzo del 2000 por Juan Salado Cruz y Sonia Rojas Zacapala, quienes nombraron como apoderado legal a Henry Paul Alcocer, hermano de Víctor Ignacio Hughes Alcocer, quien sería subsecretario de Finanzas de Ángel Aguirre.
Esta empresa registró depósitos por 881 millones 71 mil 657 pesos durante la administración de Aguirre y, de hecho, su ingreso más importante provino de la Comisión Federal de Electricidad, que le depositó 224 millones 171 mil 248 pesos.
En el caso de Constructora Trabesa, se trata de una empresa fundada por Julián García Ortega y Arturo Serrano Camargo el 28 de noviembre de 2012 y en la que aparecían como apoderados legales Alejandro Carlos y Henry Paul Hughes Alcocer, sobrinos del ex subsecretario de Finanzas.
Desde su creación y hasta octubre de 2014, Trabesa registró depósitos por 218 millones 236 mil 258 pesos, provenientes de sus contratos con dependencias, siendo su ingreso más importante uno de 149 millones 660 mil 848 pesos, que le hizo la Secretaría de Finanzas de Guerrero.
En el expediente consignado, la PGR no acusa penalmente un delito que sea el origen del dinero malhabido –como lo exige la norma– y más bien basa la presunción del blanqueo de fondos en un esquema teórico elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica que se denomina “Lavado de dinero producto de la corrupción”.