Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Zeferino, el Abarca del PAN para Acapulco

El ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo está acusado por la Contraloría General del estado de un desfalco por mil 300 millones de pesos cometido en la Secretaría de Salud durante su sexenio, ha sido señalado ministerialmente como autor intelectual del asesinato de Armando Chavarría Barrera, y en este momento enfrenta una acción penal emprendida por la Procuraduría General de la República por agresiones y amenazas contra el periodista radiofónico Óscar Mario Beteta.
A eso debe añadirse que mientras fue gobernador defendía públicamente al narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez, ahora preso, con quien su entonces secretario de Desarrollo Rural, Armando Ríos Piter, desarrolló una cercanía confirmada por las fotografías que existen desde entonces. Además, en consonancia con lo anterior, durante el gobierno de Torreblanca Galindo se aceleró en el estado la cesión del control territorial a los cárteles de la delincuencia organizada, visible hoy por todas partes.
Todo ello es información pública, pero nada de eso le importa al PAN, cuyo dirigente estatal, Andrés Bahena Montero, confirmó el jueves pasado que Zeferino Torreblanca será postulado por su partido como candidato a la presidencia municipal de Acapulco. Se supone que el contador Torreblanca goza de simpatía entre el electorado acapulqueño, y el panismo guerrerense buscaría explotarla para incrementar la exigua votación que suele obtener, en el estado y en Acapulco. Pero el factor que parece haber decidido al PAN a postular al también ex alcalde del puerto es la designación de Jorge Camacho Peñaloza como candidato a gobernador. Debe recordarse que en la gubernatura de Zeferino Torreblanca, Camacho Peñaloza fue director de Radio y Televisión de Guerrero y existe entre ambos una identificación ideológica que los carga hacia la derecha y la ultraderecha.
Ni Jorge Camacho como candidato a gobernador ni Zeferino Torreblanca como candidato a alcalde de Acapulco podrían presumir de fuerza ni de posibilidades reales de ganar. Pero Torreblanca sí puede presumir de tener hoy dos padrinazgos de peso: el de Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y el del gobernador interino Rogelio Ortega, a quienes siempre ha tenido sin cuidado la historia negra del ex gobernador.
Cada quien se pone la coyunda que le acomoda, y al PAN le gustó uncir su suerte a la de Zeferino Torreblanca. Pero como a la sociedad sí le importa quiénes son los candidatos, conviene recordar aquí algunos hechos por los que el ex gobernador debería estar en prisión en lugar de andar haciendo campaña.
El 28 de marzo de 2014, Zeferino Torreblanca fue citado por la Contraloría General del Estado para que explicara el faltante de mil 300 millones de pesos en la Secretaría de Salud. Desde entonces nada ha sucedido, ni se ha aclarado el destino de ese dinero ni se le han fincado cargos penales al ex gobernador. El desfalco era conocido desde el principio del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, pero las autoridades no movieron un dedo para trasladar las investigaciones al terreno judicial.
Cuando fueron quemadas las oficinas y los archivos del Seguro Popular el 7 de marzo de 2011, días antes de terminar el gobierno zeferinista, fue evidente para la percepción pública que Zeferino Torreblanca dejaba un boquete financiero en la Secretaría de Salud, pues ocurrió días después de que el entonces senador Lázaro Mazón denunciara el presunto desvío de recursos. Sin embargo, aquel incendio nunca fue esclarecido, pese a los testimonios de que fue obra de un grupo de individuos armados que llevaron gasolina para prender el fuego. Es decir, que fue intencional.
El gobernador Ángel Aguirre emprendió tibias acciones administrativas contra ex colaboradores de Zeferino Torreblanca –entre ellos Gloria Sierra, la última responsable del Seguro Popular, y Magaly Salinas Serna, la última encargada de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaria de Salud–, pero administró el expediente y postergó la acusación formal contra el ex gobernador, quien tuvo tal interés en controlar el presupuesto de esa Secretaría que se lo encargó a una persona de su confianza absoluta, precisamente Magaly Salinas, quien fue una discreta, cercana y eficaz operadora suya, primero como secretaria particular y más tarde en esa posición que resultaría de importancia vital.
Se desconoce hasta ahora a dónde fueron a dar esos mil 300 millones de pesos, pero sí se sabe –porque lo hizo público el entonces contralor del gobierno aguirrista, Julio César Hernández Martínez– que Zeferino Torreblanca y varios integrantes de su grupo político compraron y poseen valiosas propiedades en Texas. Sin embargo, no hay muchas posibilidades de que las acusaciones contra Zeferino Torreblanca tengan continuidad durante el periodo interino de Rogelio Ortega, porque en un gesto que refrenda su conocida amistad con el ex gobernador, a mediados de enero nombró contralor general al zeferinista Eduardo Loria Casanova, quien a lo largo de todo el gobierno de Torreblanca Galindo se desempeñó como subcontralor. Es ingenuo creer que la entrega que Rogelio Ortega hizo de la Contraloría al grupo de Zeferino Torreblanca no tenga como objetivo limpiar los expedientes o dar largas a los procedimientos legales contra el ex gobernador.
Más burda es la protección que el ex gobernador recibió de Angel Aguirre cuando en agosto del año pasado El Sur reveló que en su declaración ministerial uno de los participantes en el asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera dijo que el crimen fue ordenado por Zeferino Torreblanca, señalamiento formulado en 2011 y que durante tres años no produjo ninguna consecuencia jurídica. A raíz de esa información, a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) no le quedó de otra que hacer lo que debió haber hecho tres años antes, citar a declarar al ex gobernador, lo que hizo el 2 de septiembre durante unas diez horas. Pero la PGJE lo citó como “testigo”, cuando correspondía darle trato de indiciado por la acusación que consta en la averiguación previa. Aún así, nada sucedió después, quizás porque Aguirre Rivero había dicho que existía una campaña mediática contra su antecesor y que a él no le gustaría que le hicieran lo mismo.
A esas acusaciones debe añadirse la responsabilidad que adjudica a Zeferino Torreblanca la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR por la agresión del ex gobernador contra el periodista Óscar Mario Beteta, ocurrida el 10 de noviembre del 2013 en un restaurante del Distrito Federal. Según informó la PGR el 18 de febrero, la agresión y las amenazas de Torreblanca contra el periodista quedaron comprobadas, por lo que decidió solicitar a un juez una orden de presentación para que el ahora panista responda por sus actos.
Los expedientes y cargos que arrastra Zeferino Torreblanca no son pocos y son muy serios, y el PAN no puede alegar que los desconoce porque son del conocimiento público. Si sólo fuera lo que aquí recordamos, sería suficiente para que en una demostración de sensatez le sea revocada la intención de nombrarlo candidato a la alcaldía de Acapulco. Pero eso no es todo. Existen fuertes indicios de que durante su gobierno, Torreblanca Galindo creó un grupo paramilitar en el que estuvieron involucrados el general Ramón Arreola y Erit Montúfar, el primero como subsecretario de Seguridad Pública y el segundo como director de la Policía Ministerial, para realizar tareas subterráneas de represión, contención y asesinato de dirigentes sociales. Es posible que haya sido ese el grupo que consumó la ejecución de Chavarría Barrera y, posiblemente, otros hechos criminales.
¿Acaso no recuerda todo eso lo que hizo José Luis Abarca en Iguala?

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