Tlachinollan

Dolor sin límites

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

“Lo que en verdad duele no es lo que sufre nuestro cuerpo, sino el suplicio al que están sometidos nuestros hijos. Como padres nos sentimos impotentes porque no hemos podido rescatarlos, porque para encontrarlos tenemos que pelear contra quienes los tienen. Sólo nos falta dar la vida con tal de saber dónde están. El sufrimiento de ellos son las verdaderas puñaladas que atraviesan nuestros corazones y esas sí nos desangran”.
A casi cinco meses de los hechos abominables de Iguala Guerrero, don Mario y su esposa Hilda nos sorprenden por su fortaleza y por su forma de explicar lo que para ellos significa la desaparición de su hijo César Manuel. “Ese vacío está lleno de dolor, por eso nada tiene sentido. No hay color, no hay sabor, tampoco sonidos, y el tiempo nos es ajeno, poco nos importa si es de día o de noche. Todo se congela y sólo se queda fija la imagen de nuestro hijo. Reaccionamos, cuando vencidos por el sueño sentimos que a nuestro hijo lo están golpeando y que desesperadamente nos pide auxilio”.
Sus palabras florecen de esperanza, a pesar de tantas noticias nefastas plagadas de mentira. Su exigencia de dar con el paradero de sus hijos ha encontrado eco en los mismos gobiernos del primer mundo, que han dejado de tener como única fuente de información, las versiones de las autoridades mexicanas. La muestra más elocuente fueron las recomendaciones del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas que emplazó al gobierno de México a dar respuestas concretas en un plazo no mayor de un año. La reacción fue furibunda, porque la respuesta de los comisionados no se circunscribió al contenido vacuo del informe gubernamental. Para las autoridades lo que más importa es el mero formulismo discursivo y no las realidades que increpan su inacción e ineficacia. La estrategia del gobierno mexicano de encubrir la trágica realidad mexicana con información fútil ha perdido credibilidad y objetividad. Los más de 23 mil desaparecidos y los nulos resultados en las investigaciones y sanciones a los responsables por este tipo de delitos tiran por la borda cualquier intento de las autoridades de recomponer su imagen maltrecha.
La exigencia de los padres y madres de familia sigue en pie: entrar a los cuarteles militares para verificar si en alguna de las instalaciones castrenses se encuentran sus hijos. En las mismas investigaciones de la PGR hay indicios de que las autoridades militares tuvieron conocimiento de las actuaciones delincuenciales en que incurrieron las autoridades municipales y su vinculo con el crimen organizado, por lo mismo, los padres y madres de familia con plena razón han demandado a la PGR que abra una línea de investigación que se aboque a indagar el involucramiento del Ejército con grupos de la delincuencia organizada y acerca de su responsabilidad en la consumación de los hechos trágicos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde fueron asesinados tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; tres personas más que se trasladaban a la ciudad de Chilpancingo y 43 normalistas desaparecidospor policías municipales de Iguala y de Cocula.
Ante el escrutinio internacional que está siendo sometido el gobierno de México por parte de los padres y madres de familia, la postura de los empresarios apátridas fue cerrar filas en torno al Ejército, asumiéndose como la clase pudiente que con su poder omnímodo sale en defensa del instituto castrense. Para los empresarios, la lucha de los familiares de los estudiantes desaparecidos es una amenaza a las instituciones y un peligro para la estabilidad política y económica del país. Por lo mismo, el Ejército es el único que les garantiza la paz y no puede estar sujeto a investigaciones que pongan en duda su honorabilidad.
El mismo presidente de la República Enrique Peña Nieto salió en defensa de los militares al remarcar que el Ejército está por encima de cualquier duda o sospecha. “La grandeza y el prestigio del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea son firmes y permanentes. Todos hemos sido testigos del compromiso social, la vocación de servicio y el profundo amor a México de nuestros soldados y marinos”. El Secretario de la Defensa aprovechó la oportunidad para defenderse junto al jefe supremo de las fuerzas armadas “en ocasiones se nos ha señalado sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias para tratar de desprestigiarnos y con ello daña la confianza en nosotros depositada”.
Ante el descrédito de la figura presidencial y la debacle de la administración peñanietista, el viejo régimen priista se endurece, y como siempre, se alía con los de arriba para mantener su poder infranqueable ante quienes lo increpan y exigen cambios de fondo para desmantelar la estructura delincuencial que se ha enquistado en los tres niveles de gobierno y que ha permitido que las mafias impongan su ley y sus candidatos.
Las autoridades federales se han empecinado en descalificar a todos los organismos que han cuestionado los resultados de sus investigaciones. Han vilipendiado la lucha incansable de los padres y madres de familia y han denigrado su dignidad, tratándolos como entes manipulables e incapaces de tomar decisiones propias. Catalogan como ingenuos e ignorantes a los eurodiputados por atender los planteamientos de quienes sufren esta tragedia; descalifican al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) por mantener una postura independiente y por no compartir los resultados de las investigaciones. Con enojo reclaman al Comité de la ONU el contenido de sus recomendaciones y se parapetan para dar la pelea contra las organizaciones sociales, magisteriales y estudiantiles que han creado un frente común con los padres y madres de familia para exigir la presentación de los 43 normalistas desaparecidos,
Con la llegada en los primeros días de marzo de los expertos de la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH), el gobierno federal intensifica su trabajo de golpeteo contra las organizaciones civiles que hemos acompañado este viacrucis de los familiares de los 43 desaparecidos. Propalan información falaz con plumas pagadas para retratar el perfil oculto de quienes tienen una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Con datos equívocos se elaboran versiones que desacreditan el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos de la Montaña. En lugar de reconocer y respetar el compromiso que se asume públicamente en defensa de las personas que son víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, se nos trata como instigadores, como los conspiradores contra el régimen.
En un contexto de violencia extrema, donde el respeto a la ley es una excepción y donde está probado que existe una colusión entre autoridades y bandas del crimen organizado, la defensa de los derechos humanos se torna en una actividad altamente riesgosa, no sólo para quienes defienden estos derechos, sino para los familiares de las víctimas, quienes no cuentan con el respaldo de las autoridades ni tienen las garantías mínimas de seguir luchando por sus derechos en condiciones de mayor seguridad.
No sólo hay un ambiente adverso para quienes alzan la voz en defensa de las víctimas de la violencia y la inseguridad, sino que no hay voluntad de las autoridades para desmantelar las bandas del crimen organizado y depurar las corporaciones policíacas. Es inconcebible corroborar que en varias regiones del estado se mantenga intacta la estructura delincuencial que trabaja acompasadamente con las corporaciones policiacas, la Marina, el Ejército y autoridades locales. El modelo de gobierno que funcionaba en Iguala se mantiene incólume en varias regiones del estado. Para calamidad de las y los guerrerenses, la presencia de más elementos policíacos y militares en el estado no ha redundado en mayor seguridad ni ha abatido los índices de criminalidad. Los delitos de alto impacto siguen incrementándose y los grupos del crimen organizado continúan en la disputa de territorios, tejiendo sus alianzas con los grupos políticos para entrarle a la rebatinga electoral.
En este ambiente de descomposición social, las elites políticas y empresariales le apuestan a la mano dura, al uso de la fuerza, al golpeteo permanente para diezmar la fuerza de quienes se organizan para lograr cambios dentro de este sistema obsoleto y delincuencial. El gobierno federal prefiere sostenerse con el uso de la fuerza y no con el respaldo y la autoridad moral que poseen los padres y madres de familia que han alcanzado un reconocimiento internacional por su lucha ejemplar y porque en su búsqueda de sus hijos, lograron cambiar nuestro país. Ellos y ellas nos han enseñado a mirar la realidad lacerante con los ojos, los sentimientos y la perspectiva de la gente pobre, quienes sin aspavientos nos han abierto el camino y nos han dado la clave para transformar desde abajo y desde la periferia este país que se desangra por la violencia impuesta por el mismo gobierno, y por el saqueo y el despojo de los depredadores del poder. Este dolor sin límites de los padres no será en vano, ellos y ellas saben que sus hijos son las semillas del cambio y son la esperanza para que la justicia florezca entre los pobres de la patria.