En riesgo la rendición de cuentas en el país, por “intenciones regresivas”, advierte ONG

Las dos cámaras legislativas tenían hasta el 7 de febrero para aprobar la iniciativa de la Ley General de Transparencia, la cual resultó de una colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y senadores y ampliaba la protección del derecho de acceso a la información.
Sin embargo, la Red de Rendición de Cuentas (RRC) expresó ayer su preocupación ante el hecho de que esta iniciativa –cuya redacción terminó el 2 de diciembre— aún no sale del Senado y está sujeta a las “intenciones regresivas de las negociaciones parlamentarias”.
La RRC insistió en que las negociaciones amenazan ocho puntos clave de la iniciativa original y “merman los alcances de la reforma constitucional de transparencia”.
El martes 17, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ya denunciaba el intento del PRI de instaurar “opacidad, ilegalidad, corrupción y un incentivo para usos ilegítimos de las funciones del Estado” a través de las reservas a la iniciativa de ley emitidas desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y en las bancadas parlamentarias de PRI y PVEM.
Si bien la RCC no señaló de forma directa al partido del presidente Enrique Peña Nieto, sí denunció la agregación del artículo 208 al texto de diciembre, el cual prevé sanciones en contra de funcionarios u organizaciones “cuando revelan información que pudiera generar daños a los sujetos obligados”, sin precisar lo que implica “generar daños” en términos legales.
Para impedir a las dependencias transparentar datos con el argumento de que “no existe”, la iniciativa de ley redactada en diciembre obligaba a todas las administraciones a “generar la información y a documentar todos los actos”.
Sin embargo, los legisladores intentan suprimir esta obligación, denunció RRC, lo que implicará que “los sujetos obligados simplemente podrán responder que no se documentó cualquier solicitud”. (Agencia Proceso / Ciudad de México).