Denuncias por el caso del crematorio y contra MPs en la primera audiencia pública en la Fiscalía

*Durante el acto, que encabezó el fiscal general Miguel Ángel Godínez Muñoz, personas que exigen la identificación de los cadáveres hallados en las instalaciones de Cremaciones del Pacífico se quejaron de que ha habido irregularidades y contradicciones en el proceso. Los citaron a pruebas de ADN y luego les cancelaron, reclaman

Carlos Moreno A.

Entre denuncias de corrupción, delincuencia organizada por parte de agentes de Ministerio Públicos e irregularidades en la investigación sobre los 60 cadáveres encontrados en el crematorio inactivo Cremaciones del Pacífico, se llevó a cabo la primera audiencia pública en la Fiscalía Regional de Acapulco.
El fiscal general Miguel Ángel Godínez Muñoz encabezó la primera audiencia pública acompañado de los titulares de los ministerios públicos y comandantes de la Policía Ministerial, así como del coordinador de la PIM, Pablo Jasso Barrera; los vice fiscales de Prevención y Seguimiento, Cristian Bernabé Martínez y el de Investigación, Gregorio Apreza Herrera, y los fiscales regionales de Acapulco y Costa Chica, Fernando Fernández y Plácido Cruz.
A la audiencia asistieron unas 150 personas y entre ellas estaban personas que acudieron a identificar los cuerpos hallados en el crematorio el pasado 5 de febrero.
En la sesión de denuncias, José Manuel Guadarrama Martínez acusó que la agente del Ministerio Público de Recuperación de Vehículos, Mari Carmen González Gaytán, está relacionada con la delincuencia organizada.
Le dijo al fiscal que él fue levantado 4 de octubre del año pasado y estuvo privado de su libertad cinco horas, y que encabezó el “operativo” fue González Gaytán, quien ya lo había amenazado por teléfono a pesar de que denunció en el Ministerio Público de Renacimiento, pero que el proceso “va lento”.
Indicó que hace ocho días fue baleada su casa, no precisó la ubicación, por personas comandadas por el esposo de González Gaytán, a quien Guadarrama Martínez señaló como integrante de “la maña”.
Asimismo, Teodora Rubano se quejó de la corrupción en la Fiscalía Regional de la Costa Chica y en la Agencia del MP de San Luis Acatlán, luego que sus padres sufrieran un accidente en Cuautepec el 20 de diciembre.
“Mis papás sufrieron un accidente en Cuautepec y presentaron una denuncia en San Luis Acatlán, pero al llegar allá nos recibió Gabriela Álvarez Torres, una trabajadora del Ministerio Público que nos dijo que nos atendería si le dábamos 5 mil pesos, según ella, para su jefe”, contó.
Relató que sus padres le indicaron a dicha trabajadora que tratarían de conseguir el dinero, pero que Álvarez Torres les respondió que si “los conseguíamos nos presentáramos y que si no lleváramos un anticipo. Al siguiente día nos presentamos pero nos dijo que ya tenía instrucciones y que no nos recibiría”.
Teodora Rubano explicó que la denuncia la interpusieron en San Luis Acatlán porque la persona que los agredió en el accidente, Onorio Hernández Chona, es compadre del síndico procurador de Cuautepec, José Luis Gallegos Pánfilo, quien también es “compadre del fiscal regional de la Costa Chica, Plácido Cruz, pero no nos recibieron ni las pruebas como el reporte de tránsito y fotografías del accidente donde hubo tres lesionados”.
El fiscal le aseguró a la afectada que “aquí no es por ningún parentesco o algún favoritismo”, por lo que Godínez Muñoz pasó la investigación al contralor y dijo que “todos los fiscales regionales tomen nota, por eso estamos haciendo estas audiencias públicas para que se acaben los favoritismos” .
En su turno, Karina García Jancito, que busca identificar a su padre entre los 60 cadáveres hallados en el crematorio, expresó: “estoy aquí luchando para sea claro todo, ya no queremos contradicciones, yo no cuento con dinero para contratar un abogado”.
Le señaló al fiscal que traía información que ella misma obtuvo ante la omisión de la fiscalía, e indicó que su padre Heriberto García fue cremado el 9 de septiembre en Cremaciones del Pacífico; “nosotros acudimos a la funeraria Cipres, donde nos atendió el supervisor Juan Chacón y hasta ahorita me entero de que el dueño de la funeraria, Aristeo, fue médico forense que laboró en la fiscalía y no ha dado la cara”.
Después le dio nombres de dos funcionarios de la Dirección de Fomento Sanitario, Fabiola Vega Galeana y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Francisco Benítez, que aprobaron y “dieron el visto bueno, así como los permisos de regulación”,
“En 2013 cobraron 663 pesos, en 2014, siendo que ya estaba clausurado este lugar, cobraron 701 pesos”, señaló.
“Ya basta, esto es un fraude, a mí me han dicho confía, ten fe, pero yo digo que confío pero no en las autoridades, pero ante esto hay algo atrás, por favor tomen cartas en el asunto”, suplicó García Jacinto.
La hermana de Karina García, Patricia, se quejó de que durante las declaraciones emitidas en el MP no estuvieron a gusto porque la agente que las atendió, Maribel, comisionada al caso de los 60 cadáveres, no quiso proporcionarles una copia de la declaración.
Agregó que habían sido citados a la aplicación de las pruebas de ADN, pero que esta actividad se canceló.
El director de Servicios Periciales, José Manuel Martínez, explicó: “Es cierto, se les había citado a las 9 de la mañana porque en la semana pasada solicitamos al proveedor el material que se requiere para tomar la muestra, pero no contamos ahorita con suficiente material para casi las 300 muestras que se tienen que tomar a los familiares, el proveedor quedó de entregar el sábado pero tuvo un problema en la aduana porque viene de Estados Unidos”.
Sin embargo, dijo que casualmente “el personal está recibiendo ya el material en Chilpancingo, me acaban de confirmar que me enviaron 30 equipos y mañana se citará a las primeras 30 personas para tomar las muestras”.
Viridiana García Martínez, familiar de José Antonio Perulero, pidió que Julia Alonso, representante de Ciencias Forenses Ciudadanas, participe en las pruebas de ADN. “A mí nunca me informaron que harían citas para las muestras de sangre y así identificar a mi papá, ni que había audiencia pública, cómo es posible que Derechos Humanos me haya hablado y la fiscalía no, que es la que se supone que es a la que le importa, mentira”, señaló.
Agregó que “para mí es importante, no se me murió un animal, se me murió mi padre y se me hace inhumano lo que están haciendo, ¿quién va a responder, el estado, quién va a hacer la reparación del daño?”.
La representante de Ciencias Forenses Ciudadanas, Julia Alonso, indicó que “soy una persona que está trabajando para encontrar la verdad y lo que ahorita estoy escuchando me llena de horror, es un panorama terrorífico. Estoy hasta la madre de escuchar siempre lo mismo y de ver las caras de los parásitos que no se ponen a trabajar, y aquí veo a muchos”.
Le reclamó al director de Servicios Periciales, que “Ciencias Forenses Ciudadanas tiene 500 paquetes para muestras de ADN, que se empezarán a tomar en Iguala y no nos van a alcanzar porque apenas cubriremos 150 familias, entonces ustedes tienen 30, les digo que sólo cubrirán para 15 familias, pero como la mayoría de los fallecidas son adultos serán para 10 familias administrándolas bien”.

Bruno Plácido solicita una audiencia pública en Costa Chica

Por su parte, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, dijo que acudió a la audiencia pública para escuchar las denuncias de las personas ante la falta de atención y solicitar una acción similar en la Costa Chica “donde hay un vacío, hay funcionarios que sí apoyan y hay quienes no”.
En declaraciones a reporteros sobre la confrontación entre los integrantes de la UPOEG y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) en Juan R. Escudero, (Tierra Colorada) el domingo, Plácido Valerio señaló que “un pueblo tiene que estar informado y no quedarse con una sola versión”.
“Lo que pasó es que cuando llegamos afectamos muchos intereses y hoy estamos en etapa electoral y cada quien hace grupos para definir qué hacer ante las elecciones, y hay que entender que hay gente o líderes que entre cuatro o cinco quieren decidir y hablar a nombre del pueblo, pero tienen que tener un respaldo de asamblea”, reiteró.
Responsabilizó a “un grupo, minorías que se deslindaron de nosotros, que ni tendrán actas de la asamblea de policías”.
Sobre las quejas de que hay personas involucradas en la delincuencia organizada , respondió: “Vamos a pedirle al fiscal que entre todos denunciemos a la gente que tenga vínculos con la delincuencia, es momento de hacer un frente y hacer una limpia en la casa y fuera”.