Investiga la Fiscalía por daños, lesiones y robo a los que apoyan a Ayotzinapa

Investiga la Fiscalía a manifestantes que apoyan a Ayotzinapa por delitos de daños, lesiones y robo

*Aún busca el móvil del asesinato del panista Guillermo Cisneros Chegüe, informa el fiscal Miguel Ángel Godínez

Carlos Moreno A.

El fiscal General del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz informó que en la investigación del asesinato del ex regidor del PAN, Guillermo Cisneros Chegüe, “estamos realizando en tiempo real, haciendo investigaciones para determinar el móvil  y los culpables del caso”.
Un reportero le preguntó cuántas averiguaciones previas hay en contra de normalistas o maestros cetegistas sobre los actos vandálicos en Acapulco y Chilpancingo y si se aplicaría la ley, pero Godínez Muñoz sólo dijo que “no puedo decir, sí hay averiguaciones, no te puedo decir contra quién, pero sí hay”.
Afirmó que las denuncias en su contra son por robo de vehículos, daños, lesiones, allanamiento de morada, robo, dijo el fiscal, “hay que clasificar los delitos, no es lo mismo un asesino a una persona que se está manifestando de una manera que no es, tenemos que poner orden, pero no cuento con personal suficiente”.
Por otra parte dijo que fue detenido el autor intelectual del homicidio del juez civil de Coyuca de Catalán, Jesús Sales Vargas, ocurrido el 14 de enero, y tres de sus cómplices.
En conferencia de prensa luego de la primera audiencia pública en la Fiscalía Regional, Godínez Muñoz dijo que el detenido es Antonio Gómez Frayat, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Sales Vargas el 14 de enero, cuando la víctima llegaba a su casa en Coyuca de Catalán.
Gómez Frayat fue detenido con base en la averiguación previa MIN/SC/02/020/2015, en su declaración ministerial reconoció haber pagado 34 mil pesos por la ejecución del juez civil, según el fiscal.
Aceptó su responsabilidad en los homicidios tras señalar que planeó el asesinato al sentirse engañado por el juez, porque lo obligó a firmar documentos para despojarlo de unos predios heredados de sus padres.
Godínez Muñoz informó de la detención de uno de los cómplices de Gómez Frayat, Serafín Estrada Bernal de 18 años, quien se encargó de trasladar en una moto al homicida para la ejecución.
El otro cómplice, Isaís Bello Villa de 45 años contrató al homicida y ayudó en la planeación del asesinato. Asimismo fue detenida Julieta Bello Alfaro de 45 años, concubina de Gómez Frayat, ella compró la motoneta Italika en la que se trasladó el asesino, dijo el funcionario.
El fiscal señaló que al autor material todavía está prófugo y es Huber Ramírez Benítez o Huber Ramírez Hernández de 37 años, quien es buscado en Coyuca de Catalán y poblaciones aledañas. Indicó que tiene antecedentes penales y está relacionado con una orden de aprehensión por el delito de homicidio contra Moisés Cabrera Anastasio el 29 de diciembre del 2009, oficio 123-II.
También indicó que van 280 personas que se han presentado a presentar  su declaración y la documentación para identificar los cadáveres y cerciorarse si eran sus parientes o no de los 60 cuerpos hallados en el crematorio el cinco de febrero en Llano Largo.
Un reportero le preguntó sobre si ha implementado un mecanismo institucional de garantizar que se aplique la ley, el fiscal dijo “hay que tener voluntad y estamos por dar a conocer un grupo ciudadano formado por ciudadanos que sea interlocutor”.

No pueden los empresarios tolerar acciones de los normalistas, responde la Coparmex

*La organización patronal tenía programada una reunión con Rogelio Ortega, pero no fueron recibidos, afirma Jaime Nava

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Nava Romero, dijo que el corporativo trasnacional Femsa Coca Cola aún no define cuándo volverá a distribuir su refresco desde Chilpancingo.
Vía telefónica agregó que los empresarios no están en condicones de tolerar las manifestaciones de maestros, estudiantes y organizaciones sociales que exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por policías, porque se pierden empleos.
En cuanto a Coca Cola que informó que cerraba la planta de distribución en esta ciudad luego de que profesores se llevaron a dos trabajadores y los intercambiaron por la liberación de tres estudiantes normalistas, debido a que estaban detenidos por denuncias de esa empresa, expuso que le hicieron llegar unas “líneas” del corporativo que indican que continúan valorando la viabilidad de sus operaciones.
“Pero primero dicen que antepondrán la seguridad de sus 350 trabajadores, primero están valorando la seguridad de ellos antes de tomar otras decisiones”, agregó.
Dijo que a pesar de parar labores en su bodega de distribución, la compañía de origen estadounidense opera en otras comunidades, pero han aumentado su protocolos y medidas de seguridad, aunque no le especificaron cuáles ni cómo se desempeñan.
Dijo que desde que iniciaron las movilizaciones por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado por policías, a la empresa le han robado productos de 150 automóviles, algunos camiones y otras camionetas, pero aseguró que lo que más le preocupa es que se utilice a los trabajadores como “moneda de cambio”.
Dijo que la Coparmex facilita las condiciones para que la empresa pueda dar a conocer al “exterior” sus necesidades y preocupaciones, pero que ha habido muy poca comunicación con las autoridades gubernamentales, a pesar de que la Coparmex se ha mantenido en contacto para facilitar este tipo de comunicación.
“Nos manda una señal al sector empresarial, que si una empresa del tamaño de Femsa Coca-Cola con altos índices de protocolos fue vulnerada, cualquier otra micro o pequeña empresa también corre un riesgo enorme”, se alarmó.
Dijo que la organización patronal solicitó una audiencia con el gobernador Rogelio Ortega Martínez y se la programaron para este lunes a las 10 de la mañana, pero los empresarios no fueron recibidos.
“Debido a las declaraciones del gobernador, de que las empresas sean tolerantes, queremos manifestarle que no estamos en condiciones de seguir tolerando, porque tolerar significa hacerse cómplices y mantener cerradas las empresas, significa perder empleos”, agregó.
Hasta las 8 de la noche los empresarios que solicitaron la reunión para plantear el problema de Coca Cola y de las movilizaciones  de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), no habían sido recibidos por el gobernador Rogelio Ortega.

Denuncias por el caso del crematorio y contra MPs en la primera audiencia pública en la Fiscalía

*Durante el acto, que encabezó el fiscal general Miguel Ángel Godínez Muñoz, personas que exigen la identificación de los cadáveres hallados en las instalaciones de Cremaciones del Pacífico se quejaron de que ha habido irregularidades y contradicciones en el proceso. Los citaron a pruebas de ADN y luego les cancelaron, reclaman

Carlos Moreno A.

Entre denuncias de corrupción, delincuencia organizada por parte de agentes de Ministerio Públicos e irregularidades en la investigación sobre los 60 cadáveres encontrados en el crematorio inactivo Cremaciones del Pacífico, se llevó a cabo la primera audiencia pública en la Fiscalía Regional de Acapulco.
El fiscal general Miguel Ángel Godínez Muñoz encabezó la primera audiencia pública acompañado de los titulares de los ministerios públicos y comandantes de la Policía Ministerial, así como del coordinador de la PIM, Pablo Jasso Barrera; los vice fiscales de Prevención y Seguimiento, Cristian Bernabé Martínez y el de Investigación, Gregorio Apreza Herrera, y los fiscales regionales de Acapulco y Costa Chica, Fernando Fernández y Plácido Cruz.
A la audiencia asistieron unas 150 personas y entre ellas estaban personas que acudieron a identificar los cuerpos hallados en el crematorio el pasado 5 de febrero.
En la sesión de denuncias, José Manuel Guadarrama Martínez acusó que la agente del Ministerio Público de Recuperación de Vehículos, Mari Carmen González Gaytán, está relacionada con la delincuencia organizada.
Le dijo al fiscal que él fue levantado 4 de octubre del año pasado y estuvo privado de su libertad cinco horas, y que encabezó el “operativo” fue González Gaytán, quien ya lo había amenazado por teléfono a pesar de que denunció en el Ministerio Público de Renacimiento, pero que el proceso “va lento”.
Indicó que hace ocho días fue baleada su casa, no precisó la ubicación, por personas comandadas por el esposo de González Gaytán, a quien Guadarrama Martínez señaló como integrante de “la maña”.
Asimismo, Teodora Rubano se quejó de la corrupción en la Fiscalía Regional de la Costa Chica y en la Agencia del MP de San Luis Acatlán, luego que sus padres sufrieran un accidente en Cuautepec el 20 de diciembre.
“Mis papás sufrieron un accidente en Cuautepec y presentaron una denuncia en San Luis Acatlán, pero al llegar allá nos recibió Gabriela Álvarez Torres, una trabajadora del Ministerio Público que nos dijo que nos atendería si le dábamos 5 mil pesos, según ella, para su jefe”, contó.
Relató que sus padres le indicaron a dicha trabajadora que tratarían de conseguir el dinero, pero que Álvarez Torres les respondió que si “los conseguíamos nos presentáramos  y que si no lleváramos un anticipo. Al siguiente día nos presentamos pero nos dijo que ya tenía instrucciones y que no nos recibiría”.
Teodora Rubano explicó que la denuncia la interpusieron en San Luis Acatlán porque la persona que los agredió en el accidente, Onorio Hernández Chona, es compadre del síndico procurador de Cuautepec, José Luis Gallegos Pánfilo, quien también es “compadre del fiscal regional de la Costa Chica, Plácido Cruz, pero no nos recibieron ni las pruebas como el reporte de tránsito y fotografías del accidente donde hubo tres lesionados”.
El fiscal le aseguró a la afectada que “aquí no es por ningún parentesco o algún favoritismo”, por lo que Godínez Muñoz pasó la investigación al contralor y dijo que “todos los fiscales regionales tomen nota, por eso estamos haciendo estas audiencias públicas para que se acaben los favoritismos” .
En su turno, Karina García Jancito, que busca identificar a su padre entre los 60 cadáveres hallados en el crematorio, expresó: “estoy aquí luchando para sea claro todo, ya no queremos contradicciones, yo no cuento con dinero para contratar un abogado”.
Le señaló al fiscal que traía información que ella misma obtuvo ante la omisión de la fiscalía, e indicó que su padre Heriberto García fue cremado el 9 de septiembre en Cremaciones del Pacífico; “nosotros acudimos a la funeraria Cipres, donde nos atendió el supervisor Juan Chacón y hasta ahorita me entero de que el dueño de la funeraria, Aristeo, fue médico forense que laboró en la fiscalía y no ha dado la cara”.
Después le dio nombres de dos funcionarios de la Dirección de Fomento Sanitario, Fabiola Vega Galeana y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Francisco Benítez, que aprobaron y “dieron el visto bueno, así como los permisos de regulación”,
“En 2013 cobraron 663 pesos, en 2014, siendo que ya estaba clausurado este lugar, cobraron 701 pesos”, señaló.
“Ya basta, esto es un fraude, a mí me han dicho confía, ten fe, pero yo digo que confío pero no en las autoridades, pero ante esto hay algo atrás, por favor tomen cartas en el asunto”, suplicó García Jacinto.
La hermana de Karina García, Patricia, se quejó de que durante las declaraciones emitidas en el MP no estuvieron a gusto porque la agente que las atendió, Maribel, comisionada al caso de los 60 cadáveres, no quiso proporcionarles una copia de la declaración.
Agregó que habían sido citados a la aplicación de las pruebas de ADN, pero que esta actividad se canceló.
El director de Servicios Periciales, José Manuel Martínez, explicó: “Es cierto, se les había citado a las 9 de la mañana porque en la semana pasada solicitamos al proveedor el material que se requiere para tomar la muestra, pero no contamos ahorita con suficiente material para casi las 300 muestras que se tienen que tomar a los familiares, el proveedor quedó de entregar el sábado pero tuvo un problema en la aduana porque viene de Estados Unidos”.
Sin embargo, dijo que casualmente “el personal está recibiendo ya el material en Chilpancingo, me acaban de confirmar que me enviaron 30 equipos y mañana se citará a las primeras 30 personas para tomar las muestras”.
Viridiana García Martínez, familiar de José Antonio Perulero, pidió que Julia Alonso, representante de Ciencias Forenses Ciudadanas, participe en las pruebas de ADN. “A mí nunca me informaron que harían citas para las muestras de sangre y así identificar a mi papá, ni que había audiencia pública, cómo es posible que Derechos Humanos me haya hablado y la fiscalía no, que es la que se supone que es a la que le importa, mentira”, señaló.
Agregó que “para mí es importante, no se me murió un animal, se me murió mi padre y se me hace inhumano lo que están haciendo, ¿quién va a responder, el estado, quién va a hacer la reparación del daño?”.
La representante de Ciencias Forenses Ciudadanas, Julia Alonso, indicó que “soy una persona que está trabajando para encontrar la verdad y lo que ahorita estoy escuchando me llena de horror, es un panorama terrorífico. Estoy hasta la madre de escuchar siempre lo mismo y de ver las caras de los parásitos que no se ponen a trabajar, y aquí veo a muchos”.
Le reclamó al director de Servicios Periciales, que “Ciencias Forenses Ciudadanas tiene 500 paquetes para muestras de ADN, que se empezarán a tomar en Iguala y no nos van a alcanzar porque apenas cubriremos 150 familias, entonces ustedes tienen 30, les digo que sólo cubrirán para 15 familias, pero como la mayoría de los fallecidas son adultos serán para 10 familias administrándolas bien”.

Bruno Plácido solicita una audiencia pública en Costa Chica

Por su parte, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, dijo que acudió a la audiencia pública para escuchar las denuncias de las personas ante la falta de atención y solicitar una acción similar en la Costa Chica “donde hay un vacío, hay funcionarios que sí apoyan y hay quienes no”.
En declaraciones a reporteros sobre la confrontación entre los integrantes de la UPOEG y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) en Juan R. Escudero, (Tierra Colorada) el domingo, Plácido Valerio señaló que “un pueblo tiene que estar informado y no quedarse con una sola versión”.
“Lo que pasó es que cuando llegamos afectamos muchos intereses y hoy estamos en etapa electoral y cada quien hace grupos para definir qué hacer ante las elecciones, y hay que entender que hay gente o líderes que entre cuatro o cinco quieren decidir y hablar a nombre del pueblo, pero tienen que tener un respaldo de asamblea”, reiteró.
Responsabilizó a “un grupo, minorías que se deslindaron de nosotros, que ni tendrán actas de la asamblea de policías”.
Sobre las quejas de que hay personas involucradas en la delincuencia organizada , respondió: “Vamos a pedirle al fiscal que entre todos denunciemos a la gente que tenga vínculos con la delincuencia, es momento de hacer un frente y hacer una limpia en la casa y fuera”.