Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Se cumplió la amenaza de la represión

La violencia ejercida por la Policía Federal contra los manifestantes el martes pasado en Acapulco no tuvo nada de espontánea. Su origen y su explicación se encuentran en la bien planeada campaña desplegada desde hace tres meses por el gobierno federal y el gobierno del estado para aclimatar en la percepción pública la idea de que ya no se justifican las protestas por la presentación de los 43 normalistas desaparecidos y por lo tanto ya no serían toleradas. El hecho en el que incurrieron los profesores, de arrojar un autobús contra los antimotines, ofreció a las autoridades federales el pretexto que esperaban para desencadenar la represión que, además, había sido anunciada explícitamente por el gobernador Rogelio Ortega. Pero de no haber sucedido esa imprudencia, cualquier otra cosa habría sido utilizada con el mismo fin de provocar un enfrentamiento y, quizás, de dejar el registro de que al gobierno no le importa si en esa operación caen más muertos, como sucedió ahora con el maestro Claudio Castillo Peña. Lo que sucedió el martes en Acapulco pudo haberse presentado la noche del miércoles 18 en Chilpancingo, cuando chocaron policías del estado y maestros de la CETEG, con la agravante de que en esa fecha los antimotines iban armados.
La mecánica de la violencia oficial en la vía al aeropuerto de Acapulco es una confirmación de que después de intentar desacreditar al movimiento normalista, el objetivo del gobierno ahora es amedrentarlo, desmovilizarlo o aplastarlo para borrar la pesadilla que le significa. Es por eso que los policías federales no solamente desalojaron a los maestros, sino que en un evidente exceso, una vez que éstos emprendieron la desbandada para alejarse de los toletazos, fueron perseguidos y golpeados con verdadera furia, y en ese trance también todos aquellos que aparecieron en el camino de los antimotines, fueran maestros, periodistas o simples transeúntes, hombres o mujeres.
El 1 de enero arrancó Rogelio Ortega la campaña que antecedió al desalojo del martes en el Bulevar de las Naciones. Ese día lanzó la siguiente advertencia: “Creen que a peor, mejor, y se radicalizan desde el lado del movimiento generando acciones para ir al choque, a la confrontación, a donde tope, porque tienen la idea de que si hay más muertos se va a intensificar el conflicto y que va a caer el nuevo gobierno de Guerrero, que en todo caso sería lo de menos, y que puede caer el presidente de la República y que no va a haber orden para decirles que los van a parar y que les van a disparar, creen que no. Son ingenuos, porque por supuesto que hay quienes sí están decididos a dar esa orden”. Fue transparente entonces, y lo es ahora, que ese mensaje del gobernador era una amenaza, y que por su boca en realidad hablaba el gobierno federal, lo que fue refrendado una vez ocurrido el desalojo, cuando tanto el gobierno del estado como el federal hicieron saber la estrecha coordinación que mantuvieron a lo largo del martes hasta la consumación de la refriega.
Antes de la franca amenaza del gobernador Rogelio Ortega, quien prácticamente anunció la inminencia del uso de la fuerza pública, se produjeron también amenazas del secretario de la Defensa y del secretario de Marina, quienes sin llegar a la grotesca precisión del mandatario interino de Guerrero sí dejaron en claro la molestia de las Fuerzas Armadas por las protestas de los padres. Recuérdese que también se sumaron a esa campaña, en los últimos días del año pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño Mayer, quienes desacreditaron las protestas de los padres y maestros y las describieron como simples actos de violencia para quebrantar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
A la campaña contra el movimiento normalista se integró también el sector empresarial. Roberto Servitje, dueño de la empresa Bimbo, dijo hace un mes que al asesinato y la desaparición de los estudiantes “se le ha dado una dimensión que no tiene”, expresión que secundó aquella de Peña Nieto proferida dos meses atrás, en la que con genuina frivolidad demandó “superar” el trauma de Iguala.
La estrategia gubernamental empleó como materia prima y justificación la violencia desatada en Guerrero por los maestros de la CETEG, violencia que es imposible aplaudir pero que aun así sigue siendo una manifestación del coraje y de la impotencia por la falta de respuestas del gobierno ante la angustia y el dolor producido por el sacrificio de los estudiantes. Esa campaña federal fue apoyada por organismos empresariales, por Televisa, por medios impresos de tendencia oficialista y por columnas políticas. La propaganda desinformadora incluyó diagnósticos atribuidos a los organismos de seguridad como el Cisen, según los cuales en el Movimiento Popular Guerrerense están incrustados integrantes de grupos guerrilleros como el ERPI y el EPR que se proponen desestabilizar al país para hacer caer a Peña Nieto.
Dijimos aquí en enero que escandalizar con la acusación de que los movimientos sociales están infiltrados por guerrilleros es un recurso ya demasiado desgastado por el gobierno federal para intentar quitarle legitimidad a exigencias bien fundadas y absolutamente legítimas, y que era peligroso que en el siglo XXI el gobierno se embarque en una estrategia que parece calcada de la guerra sucia de los años setenta para combatir la inconformidad social originada por la matanza y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pues se trataría de una argucia y una canallada demasiado obvia que no sería respaldada en el mundo. Pero eso es lo que hizo el gobierno federal, reprimir la lucha normalista como hacían los gobiernos priistas del siglo pasado, lo que inevitablemente agudizará la crisis y avivará el incendio social que consume al estado de Guerrero.
Ese es el contexto en el que ocurrió el desalojo en el Bulevar de las Naciones, y por esos motivos resultó completamente inverosímil la explicación que el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García dio de la muerte del profesor Claudio Castillo. Es ostensible que atribuir su deceso a un “evento” distinto del desalojo y de la golpiza de la Policía Federal, por “aplastamiento” del tórax y no por “traumatismo craneoencefálico”, es un intento grotesco de rehuir la responsabilidad de las autoridades en su muerte.
El punto en la coyuntura de estos nuevos acontecimientos no es la radicalización de la CETEG, como dijo el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, para ocultar la responsabilidad oficial en los hechos, sino la radicalización del gobierno frente a un conflicto social. La cerrazón del gobierno federal a ampliar las investigaciones y esclarecer la desaparición de los estudiantes, intentar a toda costa cerrar el caso y detener las protestas encabezadas por los padres es la prioridad del gobierno de Peña Nieto por encima de la búsqueda de la verdad y de la justicia. Pero lanzar toda la fuerza del Estado, la fuerza política y la fuerza física, contra padres agraviados y dolidos, o contra los maestros que los apoyan, es la peor iniciativa que pudo haber tomado el gobierno de Peña Nieto. Ha fracasado hasta ahora y fracasará si se empeña en aplicar esa vía. Lo prueba la marcha que los padres encabezaron ayer en la ciudad de México, y la incesante solidaridad y preocupación que el caso Ayotzinapa despierta en todo el mundo.

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