El gobierno de Ortega, “terriblemente malo”, afirma María Elena Morera

Las demandas y marchas por los normalistas son legítimas, pero sin afectar a terceros, dice la presidenta de la asociación Causa Común. El ex gobernador Angel Aguirre violó la ley al proteger a los policías que reprobaron los exámenes de confianza, asegura

Jacob Morales / Karla Galarce

La presidenta de la asociación Causa Común, María Elena Morera Mitre, manifestó que el sector empresarial debe comprometerse a vigilar que no lleguen políticos involucrados con la delincuencia a las boletas electorales.
Además deben ayudar a buscar una reconciliación social en el estado.
Ayer luego de su participación en la reunión a puerta cerrada del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Desarrollo Económico del Estado, que preside el notario Jorge Ochoa, realizada en Acapulco, en declaraciones señaló que los empresarios tienen culpa de haber callado por años actos de políticos corruptos y ahora deben ser vigilantes de que las cosas no sucedan así.

Vigilar que no lleguen delincuentes a la política

Morera consideró que lo más seguro es salir a votar, pues no hacerlo provocaría una “crisis mayor” de la que se vive en el estado por la ausencia de la autoridad.
El voto debe ser con conciencia y teniendo un antecedente claro de los personajes que pretenden ocupar cargos políticos.
“No salir a votar a quien le beneficia… que nos pongan a delincuentes en las boletas electorales”, dijo.
Además llamó a comprometer a los partidos para que investiguen a sus candidatos “y que no nos van a volver a poner delincuentes en las boletas”.
Abundó que “si los empresarios están muy preocupados por la situación que está viviendo el estado, tienen que ver, vigilar a los gobernantes y ahora mirando a los candidatos que van a llegar… no basta con comprometerlos, sino que después hay que darles seguimiento y hay que correr a los malos”.
Dijo que dentro de la reunión llamó a los integrantes del consejo a realizar un plan de trabajo donde los candidatos se comprometan a informar sobre su declaración patrimonial pública, una declaración fiscal, “han pagado impuestos o han vivido de la ilegalidad”, y que hagan una carta de conflicto de intereses.
María Elena Morera manifestó que las organizaciones civiles y los empresarios se deben sentar y ayudar a un proceso de reconciliación, “yo sí creo que la sociedad civil organizada puede, junto con las iglesias y universidad, hacer una mesa de diálogo para dar solución” a los problemas sociales.

Aguirre protegió a policías que reprobaron exámenes de control

El jueves en la tarde, la presidenta de la asociación, que participó en una conferencia de prensa convocada por la Coparmex en Acapulco, dijo que el gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero protegió a los policías que no pasaron los exámenes de control y confianza al no sacarlos de la corporación desde octubre del año pasado.
“Aguirre violó la ley y desde ese momento no hay consecuencias; mientras en el estado de Guerrero siga sin haber consecuencias para las autoridades que se porten mal, pues seguirá siendo un estado de quinta”, advirtió.
Advirtió que habrá enfrentamientos entre la sociedad si las autoridades no ponen un límite, “y le corresponde al gobernador, no al gobierno federal, que se ha convertido en apagafuegos, pero si el gobernador no pone orden va a haber un problema grave y aquí una exigencia fuerte al señor Ortega a que actúe con su función, porque está para gobernar a todos, hasta los grupos que están enojados, porque si no actúa buscaremos confianza con los grupos más radicales (…) a quienes se afecta es a los ciudadanos, es a las personas de mayor poder adquisitivo”.
En el caso de Iguala, continuó, se protegió a los grupos de intereses opuestos a los ciudadanos y por ello hoy creemos que la demanda de las organizaciones sociales que apoyan a los padres de los 43 muchachos desaparecidos es legítima.
“Es legítimo su enojo, es legítima su demanda, son legítimas sus manifestaciones, lo que no deberíamos permitir son los métodos que están utilizando (…) podemos salir a hacer marchas, eso es legítimo, lo que no podemos es pasar por encima de los derechos de terceros y que la autoridad lo permita, queman coches, rompen vidrios, lastiman a la gente, bloquean la vía pública; sin embargo la autoridad lo permite. Aquí hay un problema de autoridad en el estado y lo que tenemos que buscar es una reconciliación social que sirva de duelo para las familias, pero que nos impulse a que haya una esperanza de futuro”, pidió Morera Mitre.
Recordó que los policías se manifiestan en Acapulco “porque no les han pagado, pero ya se están sumando y eso es peligroso, los que no pasaron los exámenes de control y confianza”.
Señaló que la sociedad guerrerense ha sido muy pasiva. “En este mundo, el que tiene más dinero y más poder son los que tienen más responsabilidades; y los de mayor responsabilidad de lo que está pasando en el estado son primero las autoridades, después los empresarios y por supuesto sus ciudadanos de Guerrero y los que venimos a Guerrero”, dijo.
Expresó que el de Guerrero es un gobierno “terriblemente malo”. Y cuestionó: “cómo es posible, después de lo que pasó con los maestros el martes pasado, el gobernador emita un comunicado diciendo que se deslindaba de lo que sucedió, ¿es un gobernador el señor Ortega o está allí como un muñeco de papel?”
Se dijo partidaria de la realización de elecciones en la entidad para que los guerrerenses decidan quién los gobernará, aunque con la realización de una serie de exámenes de aptitud y capacidad de quienes busquen cargos de elección popular.
“Quienes no acreditaron el control de confianza no deben trabajar. No hay mejores para elegir que quienes viven en Guerrero. El mejor país se debe construir entre los ciudadanos. Nos toca exigir, criticar y proponer (…) todos tenemos derecho a manifestarnos, es un derecho legítimo, lo que no podemos hacer cuando nos manifestamos es lastimar a terceros”, dijo.
La ex presidenta de México Unido contra la Delincuencia señaló: “parecía que estarían mejor en Guerrero con el cambio de gobierno, pero empeoró, este gobernador, el señor Ortega parece de papel”.
Criticó que el gobierno debió dar de baja a los 688 policías en octubre del año pasado para que aquellos “que tienen vínculos con el crimen organizado no se vayan a la calle, sino a la cárcel”.
Mencionó que el año pasado, un medio de comunicación del cual no proporcionó el nombre, informó que el 40 por ciento del gabinete de Ángel Aguirre Rivero reprobó exámenes de control y confianza y siguió en funciones.
Sobre el desalojo violento del 24 de febrero pasado en el bulevar de Las Naciones, consideró: “no creo que ningún manifestante aviente un camión a los policías, hay un problema de legitimidad de las fuerzas del orden y entonces usan a los policías de macetas, no importa si les pegas o las rompes, son policías, pero cuando nos pasa algo sí queremos que ellos estén allí y viene el problema”.
Descartó que haya infiltrados del estado para desestabilizar el movimiento magisterial y opinó: “no sé si del estado, lo que sí me atrevería a decir, por algunas fuentes de información que tenemos es que sí están infiltrados grupos con intereses específicos que no necesariamente son los intereses de los manifestantes”.
En relación a que el gabinete de Ángel Aguirre reprobó los exámenes de confianza comentó que  los resultados fueron enviados a los gobernantes, los resultados de los estudios y la presión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“Nosotros varias veces le dijimos al gobierno del estado que nos dijera porqué los policías que habían reprobado seguían trabajando, qué harían con ellos y quiénes no habían pasado. Aguirre nunca permitió que se nos proporcionara la información y no se nos ocurrió pedirla por transparencia. Si se hubiera hecho público sí se hubiera tenido la información. Todo el tiempo hicimos públicos los problemas que había al interior de la Procuraduría cuando estaba Alberto López Rosas. Pero a este procurador no lo quitaron sino hasta que hubo un problema político que fue también con los normalistas. Hay un grave problema con los políticos en esta entidad. Pensábamos que después de Aguirre las cosas estarían mejor y están peor”, destacó.
Consideró que una alternativa para la situación en Guerrero es que los grupos radicales y el gobierno lleguen a acuerdos “mínimos”.
Criticó que cada vez que hay “una tragedia en Guerrero todos aplauden” porque se entregan subsidios, pero si no hay seguimiento, el dinero “se lo roban”.
Advirtió que Guerrero no cambiará en los próximos tres años, y como guerrerenses “deben puntualizar qué quieren cambiar”.
Respecto a las Policías Comunitarias opinó que se entiende su existencia como grupos que tienen una forma política de seguridad, distinta a la del resto del país y que es encabezada por grupos indígenas principalmente.
En relación a los movimiento de autodefensas, dijo que empiezan como una fuerza legítima porque la gente está harta de que los Ministerios Públicos y las policías no funcionen, pero carecen de un marco jurídico, por lo que “se vuelven grupos delincuenciales, es un tema delicado, pero se vuelven igual de delincuentes cuando no hay un marco jurídico que te sostenga”.