Tlachinollan

La llegada del Grupo de Expertos de la CIDH

Centro de Derechos Humanos De la Montaña Tlachinollan

*A la memoria del maestro Claudio Castillo, cuya muerte no debe quedar impune.

“Cuando se construye impunidad para alguien en particular, se construye impunidad para todo. Es una acción consciente de debilitamiento del sistema de justicia”. Así respondió en una entrevista reciente Claudia Paz y Paz, ex Fiscal General de Guatemala, cuando se le preguntó sobre los efectos de la impunidad en la sociedad. La abogada sabía de lo que hablaba: en la década de los 90 fue una de las asesoras jurídicas que contribuyeron a la elaboración del Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico para los Acuerdos de Paz; y ya como Fiscal General, presentó la acusación penal por genocidio en el contra de Efraín Ríos Montt, quien fue dictador de aquél país hermano, en lo que se conoció en Guatemala como “el juicio del siglo”.
Podemos imaginar palabras similares, de dureza e intolerancia frente a los pactos de impunidad, en la boca de Ángela María Buitrago, la Fiscal de Hierro colombiana que acusó formalmente a tres generales retirados del ejército colombiano por la “desaparición forzada” de un magistrado durante la toma del Palacio de Justicia de aquella nación.
De igual manera, sabemos que el médico vasco Carlos Martín Beristáin, experto en acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones graves a derechos humanos; Alejandro Valencia, experto colombiano en derecho internacional humanitario; y Francisco Cox, reputado abogado constitucionalista chileno, comparten el mismo compromiso vital con la justicia, pues sus trayectorias son fiel reflejo del combate constante a la impunidad y a la injusticia.
Justamente, por el probado compromiso con los derechos humanos de sus integrantes y por su demostrada autonomía, es de suma relevancia la llegada a México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que realizará una verificación técnica sobre la respuesta del Estado mexicano frente a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. La trayectoria de las y los expertos es la mejor garantía de que realizarán un trabajo serio e independiente, cobijado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sólida conformación del Grupo, sumada a la incansable exigencia de verdad y justicia de los familiares de los jóvenes, conforman hoy por hoy la única garantía de que los hechos de Iguala sean esclarecidos a cabalidad.
En un entorno caracterizado por la falta de credibilidad que con merecimiento arrastran las instituciones del Estado mexicano, el Grupo de Expertos revisará los planes de búsqueda en vida desplegados por el Estado a partir de los hechos; la integración de las investigaciones, incluyendo tanto el encuadre jurídico de los delitos como el agotamiento de todas las líneas de investigación y, finalmente, las medidas de asistencia victimal brindadas por el Estado. Todo esto para efectuar recomendaciones respecto de la investigación del caso Ayotzinapa, pero también –de una manera más amplia– respecto de la estructural impunidad que enfrentan los familiares de las y los desaparecidos en México.
Las y los expertos, designados por la CIDH dentro de un procedimiento formal de medidas cautelares, no son peritos de parte ni especialistas designados por el gobierno. Se trata de expertos independientes de probadas capacidades que verificarán las acciones tomadas por el Estado, incluyendo tanto a la federación como al gobierno del estado de Guerrero. Sus conclusiones estarán guiadas por lo que constaten en la revisión de documentos, inspección de lugares, entrevistas de testigos y, desde luego, en los interrogatorios que realicen a las personas que han sido detenidas por su presunta vinculación con los hechos.
Pero si bien las y los especialistas del Grupo son independientes, confirmarán con un gesto invaluable la prioridad de su mandato. Como primera acción, acudirán ante las madres y padres de los jóvenes desaparecidos a presentarse y a palpar de primera mano sus demandas. La visita es una señal relevante: de esta manera, las y los expertos independientes dan un claro mensaje de compromiso con las familias, anteponiendo ante todo un reconocimiento profundo a la legitimidad de la exigencia de justicia y verdad de éstas, exigencia que hoy los círculos afines a los poderosos quisieran ver disminuida y olvidada.
Esta manera de proceder, tan distinta a la indiferencia y la venalidad de nuestra clase política, que jamás se acerca al dolor de las víctimas y que sólo usa el dolor cuando es redituable en tiempos electorales, comienza a dar luces de los aportes que podría dar esta Comisión. Sin duda, fiscales de hierro como Claudia Paz y Paz y Ángela María Buitrago, darán profundas lecciones a las y los operadores del putrefacto sistema de justicia de nuestro país y nuestra entidad; a esos que se mofaron los primeros días del dolor de los familiares de los jóvenes desaparecidos, que no supieron encuadrar los hechos como desaparición forzada, que temblaron ante la posibilidad de indagar las responsabilidades por la corrupción que se gestó en Iguala en los más altos estratos de los gobiernos estatal y federal, e incluso de la esfera militar. Sin duda, Carlos Martín Beristaín tendrá mucho que decir de la manera en que los órganos del Estado mexicano revictimizan constante y dolorosamente a las familias que buscan justicia.
Otro aporte que, podemos anticipar, arrojará el trabajo de las y los expertos, tiene que ver con la manera de investigar y sancionar a estructuras criminales como las que, fortalecidas por el contubernio de la delincuencia organizada y los aparatos estatales, operan en nuestra lacerada entidad. Esta perspectiva es hoy indispensable, pues se impone como una realidad insoslayable de que Ayotzinapa no ha significado el fin del predominio de los narcoayuntamientos y las desapariciones a manos de cuerpos policiales en nuestra entidad; basta con constatar las recientes notas sobre la violencia que sigue lastimando familias en Iguala y Cocula para confirmar que ni siquiera en la zona precisa donde se perpetró la desaparición forzada de los estudiantes, se han adoptado medidas para restablecer el tejido social.
Finalmente, en un ambiente político marcado por el oportunismo y las disputas electoreras, la llegada del Grupo de Expertos es una nueva señal de la madurez del movimiento de familiares y normalistas, que apuestan a un mecanismo independiente de justicia trasnacional.
Frente a un gobierno federal que aumenta su cerrazón al escrutinio internacional, y frente a un gobierno estatal incapaz de dar señales mínimas para la distensión del polarizado ambiente que vive la entidad –como lo serían el traslado y la posterior liberación de Marco Antonio Suástegui, Nestora Salgado y los demás presos políticos guerrerenses?, el inicio de las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es una iniciativa positiva que debemos saludar quienes buscamos que cambie el estado de cosas actual, donde la impunidad de los poderosos se ha convertido, como advertía la Fiscal Paz y Paz, en la impunidad de todo.