Encuentra la ASF irregularidades financieras en la Secretaría de Salud por más de 68 millones de pesos

*El todavía subsecretario de Administración y Finanzas de la dependencia, Arturo Sánchez Torres, fue impuesto en esa dependencia estatal por el hermano del gobernador Ángel Aguirre, Carlos Mateo Aguirre

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontó irregularidades financieras por más de 68 millones de pesos, desorden administrativo y omisión de responsabilidades en la Secretaría de Salud, durante el ejercicio fiscal de 2013.
Asimismo, datos de la misma ASF reportan un faltante de 23 millones de pesos que fueron depositados por la Secretaría de Finanzas y Administración a esa dependencia, sin embargo, se desconoce su destino, pues no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente.
Aunque la ASF no responsabiliza a funcionario alguno, hubo denuncias públicas de que los recursos en la Secretaría de Salud sólo eran recibidos y administrados a su arbitrio por el todavía subsecretario de Administración y Finanzas de la dependencia, Arturo Sánchez Torres.
Sánchez Torres fue impuesto en esa dependencia por el hermano del gobernador Ángel Aguirre, Carlos Mateo Aguirre, quien actualmente se encuentra preso en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, estado de México, por el desvío de más de 287 millones de pesos del presupuesto federal y estatal. Junto con Carlos Matero hay otros ocho cercanos colaboradores del gobernador con licencia Aguirre Rivero.
En su informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2013, presentado el 18 de febrero pasado, la ASF reporta observaciones financieras por 68 millones 874 mil 517 pesos a la Secretaría de Salud de Guerrero, así como diversas irregularidades administrativas e incumplimiento a sus funciones sustantivas.
En primer término, la autoridad fiscalizadora presume un probable “daño o perjuicio” a la hacienda pública federal por un monto de 10 millones 926 mil 654 pesos, “más los intereses generados, desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo”, debido a que en los estados de la cuenta bancaria donde se administran los recursos del Fondo de Aportación para los Servicios de Salud (Fassa) se detectaron ocho movimientos de cargo bancario, de los cuales los Servicios Estatales de Salud de Guerrero (SESG) “no presentaron evidencia de su registro contable y presupuestal, ni de la documentación comprobatoria y justificativa con la que se acredite las operaciones realizadas”.
La ASF también observó 32 millones 744 mil 936 pesos, debido a que los SESG “no presentaron evidencia de la documentación comprobatoria y justificativa de las operaciones realizadas, que fueron registradas contable y presupuestalmente mediante seis pólizas de egresos y una de diario que amparan la salida de recursos del FASSA 2013”. La ASF reveló que la dependencia estatal tampoco registró información financiera de las operaciones de estos recursos.
También realizó observaciones por 3 millones 179 mil pesos, por concepto de rendimientos financieros que no registraron contablemente.
Una observación más es por 2 millones 147 mil 662 pesos, porque de una muestra de 50 expedientes del personal, “se verificó que cinco servidores públicos carecen de la documentación que acredite la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron, durante el ejercicio fiscal 2013”. Esos recursos fueron destinados del Fassa “para el pago en exceso al personal que carece de la documentación que acredite la preparación académica requerida, para el puesto bajo el cual cobró durante el ejercicio fiscal 2013”.
Entre las observaciones se destaca que de la Secretaría de Finanzas y Administración “se transfirió un importe de 23 millones 575 mil pesos a la cuenta bancaria de la Secretaría de Salud de Guerrero, de los cuales se desconoce su destino, debido a que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente”.
Asimismo, los otros 17 millones 98 mil 29 pesos de los recursos del Fassa 2013, fueron utilizados por SESG, presuntamente para el pago de compensación del Impuesto Sobre la Renta de prestaciones laborales, como prima vacacional, día de reyes, estímulo de antigüedad, estímulo al personal, Día del Trabajador y Día de las Madres, “concepto no convenido en las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud, ni autorizado a financiarse con recursos del Fondo”, aclara la ASF.
La ASF también observó un millón 817 mil 448 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, “por haber destinado recursos del Fassa 2013 para pagar remuneraciones a 72 empleados, en forma posterior a la fecha en que causaron baja y para pagar remuneraciones por un monto mayor al convenido en el contrato de prestación de servicio eventual”.
Otros 4 millones 139 mil 788, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria del fondo, fueron observados “por haber destinado recursos del Fassa para el pago de intereses de las cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)-Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Cesantía y Vejez y actualizaciones e intereses del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, con el pago no se cumplió con la Ley de Coordinación Fiscal.
Otras observaciones menores son por no presentar evidencia de haber realizado el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido, por 76 mil 613 pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por las remuneraciones pagadas con recursos del Fassa 2013, de los meses de julio y octubre de 2013.
Asimismo, los SESG no presentaron evidencia documental de haber realizado los pagos de las Cuotas al Seguro de Retiro y Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y Vivienda, correspondiente al tercero, cuarto y quinto bimestres de 2013 por un monto de 33 mil 254 pesos.
En la revisión, la ASF encontró, por otra parte, incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos en adquisiciones, porque la dependencia estatal no implementó medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos, “ya que en tres remesas las transfirió con atraso de 18 y hasta 54 días, lo que generó intereses por 65 mil 9 pesos”.
Además, la ASF encontró en los expedientes de las adjudicaciones directas, de las obras que no se justificaron los criterios con los que se sustenta la excepción a la licitación, debido a que no se justificaron los acontecimientos fortuitos o de fuerza mayor para realizar la adquisición de urgencia.
“Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos en adquisiciones y transparencia en el ejercicio de los recursos del Fondo”.
En cuanto al funcionamiento de la dependencia, la ASF recibió información a través de la figura del aval ciudadano, en el sentido de que en las unidades médicas faltan medicamentos, hay un tiempo excesivo de espera para la consulta y servicio de farmacia, las instalaciones están en mal estado y que hay maltrato del personal médico, por lo que fueron catalogadas con un funcionamiento bueno el 20 por ciento, regular un 53.3 por ciento y malo un 26.7 por ciento.
Además, se asienta en los resultados de la auditoría que los SESG no cuentan con un código de ética, no cuentan con un comité de ética, ni han establecido procedimientos para la investigación o denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional; no informan periódicamente al titular de los SESG sobre el funcionamiento general del sistema de control interno, no identifican los programas de capacitación con contenidos específicos en la materia dirigidos a los servidores públicos, con responsabilidad en el establecimiento y actualización de los controles internos y la evaluación de riesgos.
Los resultados de la auditoría corresponden al ejercicio fiscal de 2013, a partir de cuando se hizo cargo de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Arturo Sánchez Torres, quien según la denuncia que se hizo pública en su momento fue impuesto por el hermano del gobernador Ángel Aguirre, Carlos Mateo Aguirre Rivero.
El hermano del gobernador también impuso en la Subsecretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado a Víctor Ignacio Hughes Alcocer, con quien actualmente se encuentra preso, por desvío de recursos por 287 millones de pesos.
Igual están presos Henry Paul Hughes Alcocer, Víctor Felipe Hughes Acosta, el sobrino del gobernador con licencia Luis Ángel Aguirre, Paulo Hughes Acosta, Mauricio Francisco Hughes Acosta, Alejandro Carlos Hughes Acosta y Jorge Eduardo Hughes Acosta.
El todavía subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Sánchez Torres, fue llevado a la dependencia por Carlos Mateo, cuando venía de ser acusado junto con otros funcionarios del INE del gobierno federal por un desfalco al otorgarse salarios hasta 10 veces superiores a su sueldo habitual y de pagarse una compensación de 200 mil pesos.
Sánchez Torres era director de Administración y Asuntos Jurídicos del INE, y en agosto de 2012, después de la acusación, apareció en imágenes en el interior de una embarcación particular de lujo.
A su llegada a la Secretaría de Salud, a finales de 2012, los trabajadores realizaron protestas y denuncias públicas. Acusaron al recién nombrado funcionario de haberse auto asignado “sueldos estratosféricos”, junto con el subdirector de Recursos Humanos, Marco Chávez Narváez. Ambos se asignaron un sueldo de 77 mil pesos al mes, más compensaciones, bonos y gastos de representación.
“Es prácticamente lo que gana un trabajador administrativo o una enfermera en un año. Se me hace algo vergonzoso que esto esté ocurriendo”, denunció uno de los trabajadores en una de las protestas.
A principios de 2013 Sánchez Torres se vio vuelto en otro escándalo. Cuando se realizaba una fiesta en la casa de Pablo Zapién Cortés, festejando el cumpleaños precisamente de Arturo Sánchez, un comando armado irrumpió en el festejo y sometió a golpes a las personas que se encontraban en el lugar.
Después, los funcionarios denunciaron amenazas en su contra y el gobernador Aguirre ordenó vigilancia de la Policía Ministerial para ellos. Los agentes entraban armados a las oficinas de la Secretaría de Salud, hasta que los trabajadores se inconformaron y los funcionarios salieron a trabajar en oficinas alternas.
Hoy, el gobernador Rogelio Ortega mantiene en su cargo a Sánchez Torres y cuando menos tres proveedores de la ciudad de México han denunciado que la Secretaría de Salud les cobra 20 por ciento de comisión por adelantado para que puedan surtir medicinas.