Recogió la PGJE sólo 20 casquillos donde atacaron a ráfagas a normalistas, aparece en el expediente

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) –ahora Fiscalía General del Estado (FGE)– recogió sólo 20 casquillos percutidos tras el ataque a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y al equipo de fútbol Los Avispones la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, en tres inspecciones de campo, pese a que los sobrevivientes declararon que les dispararon ráfagas de balas y que fueron perseguidos por policías.
La FGE determinó que dos de esas 20 balas fueron accionadas por armas a cargo de policías municipales que la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala puso a disposición para la investigación.
El resto del análisis de los peritos de balística del gobierno del estado hace alusión sólo a la condición del armamento, que estaba en buenas condiciones de uso.
La causa penal 172/2014-I se ocupa del homicidio de los normalistas Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, muertos a balazos el 26 y 27 de septiembre, así como del asesinato del adolescente del equipo de Los Avispones David Josué García Evangelista, el chofer de la unidad que los traslada Víctor Manuel Lugo Ortiz, y el de una ama de casa, Blanca Montiel Sánchez. Todos ocurridos esa noche en Iguala.
Según el expediente, los sobrevivientes identificaron a algunas personas que les dispararon esa noche. Así fueron aprehendidos los 22 policías que inicialmente llegaron a prisión.
Entre las armas de cargo de esos 22 detenidos como presuntos responsables de los homicidios, se detectaron seis fusiles Heckler & Koch (HK), que permitió confirmar el uso de armas alemanas de alto poder contra los normalistas en Iguala.
Este dato motivó la visita de funcionarios del gobierno Alemán a los padres de los desaparecidos, quienes ofrecieron una disculpa a los padres de familia. También se comprometieron a pugnar en el país y a nivel internacional por el esclarecimiento hasta el último detalle de los ataques de Iguala.
El expediente no menciona a los 43 normalistas detenidos por los policías municipales, en casi dos semanas que las autoridades locales manejaron el caso antes de que la Procuraduría General de la República (PGR) asumiera la responsabilidad de la investigación.
El caso del normalista Julio César Mondragón, que hallaron la mañana del 27 con el rostro desollado, se integró después a la causa penal, porque el Ministerio Público integró una averiguación previa diferente, como si se tratara de hechos aislados.
Según especialistas, con un caso tan endeble la PGJE pretendía acreditar los homicidios mediante dictámenes forenses, y la responsabilidad penal de los policías municipales mediante la identificación que hicieron siete estudiantes, víctimas de la agresión.
Aunque la PGR tendría que subsanar lo pertinente, hay actividades como las inspecciones de campo de las escenas del crimen que no se pueden reemplazar.