Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

Ayotzinapa: la ONU, el Ejército y la Corte

“La desaparición de 43 estudiantes en Iguala está lejos de ser un caso aislado, pero desafía a las autoridades a que tomen acciones decisivas para acabar con la impunidad y evitar estos crímenes en el futuro”, dijo ayer Zeid Raad Al Hussein, comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien presentó en Ginebra un informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. En el capítulo dedicado a América Latina se detuvo en la situación de América Central, Venezuela y México, y de nuestro país dijo que es “un cruel ejemplo de cómo la violencia criminal puede amenazar ganancias democráticas logradas con esfuerzo”, en referencia a la infiltración y los nexos desarrollados por el crimen organizado con las fuerzas de seguridad y los gobiernos “locales y centrales”.
Caerá en terreno estéril este nuevo llamado de la ONU a resolver el caso de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa teniendo como objetivo acabar con la impunidad, pues lo que hace el gobierno federal es precisamente lo contrario. La iniciativa más reciente del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para conseguir ese objetivo es la propuesta de que Eduardo Medina Mora sea ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El columnista Raymundo Riva Palacio expuso en estas páginas el 4 de marzo la hipótesis de que la incorporación de Medina Mora en la terna que analiza el Senado para designar al ministro que le falta a la Corte obedece a la pretensión de Peña Nieto de implantar en el pleno del Poder Judicial un perfil “amigo” del Ejército. Riva Palacio, un periodista de amplio reconocimiento profesional y con acceso a información gubernamental de primera mano, plantea la casi inevitabilidad de que la actuación de los militares en el caso Iguala termine por dirimirse en la Corte debido a las presuntas violaciones de derechos humanos en las que habrían incurrido.
“El énfasis será en lo que hizo el Batallón 27 de Infantería, con sede en Iguala, la noche del 26 de septiembre pasado, cuando mientras policías y criminales desaparecían y mataban a decenas de normalistas de Ayotzinapa, los soldados sellaban la ciudad. Pese a los actos delincuenciales en flagrancia, que les permitía intervenir espontáneamente, no actuaron para salvar a los jóvenes. Esa inacción los ha convertido en responsables del crimen”, escribió el periodista en su columna Estrictamente personal, y concluyó que “el Ejército necesita de amigos en los más altos tribunales, porque los políticos en el gobierno, como históricamente ha pasado, los empujaron al abismo. Hipotéticamente, esa es la razón de la apuesta por Medina Mora” y el propósito de Peña Nieto.
Tiene sentido esa interpretación, pues cada día salen al conocimiento público más evidencias sobre el papel que el Ejército jugó en los acontecimientos de aquella noche en Iguala. Como antes lo hizo la revista Proceso, el diario Milenio publicó en días recientes un reportaje en el que afirma lo siguiente: “Los documentos confirman que los militares estaban al tanto de todo lo que acontecía en Iguala aquella noche, pero que no intervinieron mientras ocurrían las agresiones contra quienes resultaron muertos, heridos o levantados por policías de Iguala, Cocula y miembros de la banda Guerreros Unidos”. Los documentos a que hace referencia el periódico son partes militares y mensajes que el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala envió a la comandancia de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, desde temprana hora de la noche del 26 de septiembre y a lo largo de las varias horas que duró la jornada sangrienta (“Partes militares, novedades, mensajes urgentes y bitácoras”, Milenio, 25 de febrero de 2015)
La información que poco a poco trasciende desde los expedientes del caso Ayotzinapa sugiere que aun cuando los militares no hayan tenido una participación activa en el ataque contra los normalistas junto a los policías municipales de Iguala y Cocula y los sicarios del grupo Guerreros Unidos, como ha llegado a sospecharse, sí tuvieron claramente en sus manos la posibilidad de impedir el crimen más repugnante registrado en la historia del país, y sin embargo no hicieron nada para impedirlo. Si no otra cosa, eso incrimina al 27 Batallón de Infantería en la presunción de delitos vinculados a la matanza y desaparición de los estudiantes.
La posibilidad de que el Ejército también resulte acusado en el caso Ayotzinapa como lo está de la matanza de Tlatlaya, crece por la investigación que realiza por su cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esta semana empezó a trabajar en la revisión del caso. A las conclusiones de estas dos instancias es a las que les teme Peña Nieto, y no parece que alguna de ellas pueda o se proponga validar la “verdad histórica” que presentó la Procuraduría General de la República.
Pero en lugar de disponerse a realizar las acciones decisivas que demanda la ONU para evitar que prevalezca la impunidad, el gobierno de Peña Nieto se prepara para frenar en su momento cualquier conclusión o recomendación que implique responsabilidades para el gobierno federal o el Ejército, y es en ese contexto que se explica el interés de llevar a la Corte a un burócrata del sistema político como Medina Mora, ex director del Cisen, ex procurador, ex secretario de Seguridad Pública, ex embajador en Gran Bretaña y actualmente embajador en Washington, además de amigo de los dueños y directivos de Televisa.
Que un representante del poder sea convertido en ministro significaría la dislocación total de la naturaleza imparcial e independiente de la Suprema Corte de Justicia, como lo denunció con admirable valor civil el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, uno de los otros dos integrantes de la terna en la que figura Medina Mora. “El poder Judicial está herido y no sé cuánto tarde en sanar su herida por esta situación que está ocurriendo, porque una vez más el poder Judicial de la federación se vuelve refugio de políticos a modo del presidente de la República, lo cual merma mucho la figura y credibilidad de la institución”, dijo Hernández Orozco. Más aún, advirtió que designar a Medina Mora tendría un “costo político” demasiado alto para la Corte y generaría desconfianza en sus resoluciones (El Universal, 5 de marzo de 2015).
Tan evidente y grosera es la maniobra emprendida por el presidente Peña Nieto para imponer a Medina Mora, y tan evidente la ruptura del equilibrio institucional que ello provocaría en la Corte, que un grupo de académicos, investigadores, cineastas y activistas entregó ayer al Senado un documento respaldado por 20 mil firmas de ciudadanos en rechazo a la designación del ex procurador. “El comportamiento como servidor público (de Medina Mora) lo incapacita como impartidor de justicia. Carece de autoridad moral para la defensa y promoción de los derechos humanos”, manifiesta el documento.
Como ni Peña Nieto ni las fuerzas políticas que controlan el Senado –el PRI y el PAN– se distinguen por su sensibilidad ante los reclamos de la sociedad, es difícil esperar que en esta ocasión le hagan caso a las voces que les reclaman sensatez y un compromiso con los derechos humanos. Por todo eso es que el llamado de la ONU cae en tierra estéril.

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